Lo crudo y lo cocido

Cuando en septiembre de 2002 el lehendakari Ibarretxe hizo p¨²blico su plan de reforma radical del Estatuto de Autonom¨ªa, afirm¨¦, y he insistido en ello a lo largo de estos meses, que dicho plan, con independencia del juicio pol¨ªtico que mereciera, no pod¨ªa ser tachado de inconstitucional por tres razones fundamentales. Una, porque se trataba de una propuesta de reforma estatutaria de acuerdo con las cl¨¢usulas de revisi¨®n previstas en el propio Estatuto (art¨ªculo 46). Dos, porque la casi totalidad de las propuestas cab¨ªan perfectamente en el marco constitucional y afectaban m¨¢s bien a leyes de desarrollo constitucional. Tres, porque, incluso si la propuesta supon¨ªa reforma de la Constituci¨®n, el Parlamento vasco, al que el lehendakari presentaba su propuesta, est¨¢ formalmente legitimado por la Constituci¨®n para instar su reforma, seg¨²n prev¨¦n expresamente los art¨ªculos 166 y 87.2 de la Constituci¨®n. A estos razonamientos jur¨ªdicos en pro de la constitucionalidad del plan a?ad¨ªa yo una motivaci¨®n pol¨ªtica para su toma en consideraci¨®n: se trata de un proyecto de propuesta de un Gobierno sin mayor¨ªa absoluta en la C¨¢mara vasca. Deb¨¢tase como tal propuesta y procuremos consensuar un resultado final, satisfactorio para todos. ?No elogiamos tanto el consenso constituyente al celebrar su 25? aniversario?

Han trascurrido 14 meses desde entonces. Catorce meses invertidos en rechazar cualquier discusi¨®n sobre la propuesta con argumentos que solamente el humorista M¨¢ximo -a mi entender, el m¨¢s agudo de los analistas pol¨ªticos- ha podido sintetizar: la propuesta de Ibarretxe no es pol¨ªticamente discutible por razones jur¨ªdicas, ni jur¨ªdicamente discutible por razones pol¨ªticas. As¨ª, no hay que detenerse en explicar ni unas ni otras. El resultado ha sido que el lehendakari tan s¨®lo ha discutido su plan con fuerzas nacionalistas m¨¢s radicales que las que su propio partido representa. No es, pues, de extra?ar que la versi¨®n articulada del plan Ibarretxe sea mucho m¨¢s dif¨ªcil de encajar en el marco constitucional que las l¨ªneas generales hechas p¨²blicas hace algo m¨¢s de un a?o, tanto en el fondo como en la forma de lo que se propone. El aislamiento ha generado radicalizaci¨®n, como la negociaci¨®n genera moderaci¨®n. Pero contribuir a radicalizar a unas fuerzas pol¨ªticas con las que, gusten o no, hay que contar indiscutiblemente en el Pa¨ªs Vasco, dado su arraigo social y apoyo electoral, es, a todas luces, una insensatez.

Es claro que, si el objetivo de quienes dicen -y es de suponer que quieran- defender el orden constitucional y la integridad espa?ola es provocar una crisis (de la que dudo cu¨¢l de los dos objetivos a defender resultar¨ªa m¨¢s da?ado), la estrategia seguida es la m¨¢s adecuada. Lo que es una propuesta se trata como un hecho consumado. Cualquier aclaraci¨®n de intenciones se rechaza como infiable. El di¨¢logo se sustituye por la descalificaci¨®n unilateral. Y la negociaci¨®n sobre el plan se condiciona a la retirada del plan. ?Alguien recuerda una negociaci¨®n exitosa que se haya sometido a la previa condici¨®n de la plena abdicaci¨®n de uno de los negociadores? Ahora bien, la consecuencia es que el Parlamento vasco o, dentro de unos meses, el electorado vasco se encuentren con la sola opci¨®n del plan Ibarretxe, ni negociado ni enmendado, y nadie que haya atendido al resultado de las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas, locales y forales debiera dudar de cu¨¢l va a ser el veredicto democr¨¢tico del enfrentamiento en tales condiciones. ?Puede alguien creer que eso es lo que conviene a la mejor integraci¨®n espa?ola? ?Cabe considerar que las siempre recordadas desde Madrid medidas de fuerza (art¨ªculo 155 CE) son las m¨¢s adecuadas para compensar el veredicto de las urnas sin afectar seriamente el orden constitucional? La experiencia muestra hasta la saciedad que una de las v¨ªas m¨¢s eficaces para herir de muerte una Constituci¨®n es tratar de "salvarla" quebrant¨¢ndola, esto es, suspendiendo aquellas de sus prescripciones cuyo funcionamiento no se sabe controlar de otra manera. Los entusiastas de la crisis, s¨¦panlo o no -y yo apostar¨ªa que muchos no, pero algunos s¨ª- repiten las argumentaciones y las categor¨ªas de aquel genial y nefasto enterrador de la democracia de Weimar que fue Carl Schmitt.

No es menos claro que todav¨ªa es posible otra opci¨®n. La que probablemente contar¨ªa con el apoyo mayoritario de los vascos con independencia de sus simpat¨ªas partidistas: la v¨ªa de la negociaci¨®n para adecuar el plan a lo que la Constituci¨®n hace posible, partiendo de la integridad del Estado que el plan reiteradamente proclama: una identificaci¨®n de Euskadi m¨¢s satisfactoria mediante el h¨¢bil manejo de los s¨ªmbolos; un desarrollo m¨¢s generoso de la propia Constituci¨®n; unas transferencias m¨¢s amplias (sobre la base del art¨ªculo 150.2); unas garant¨ªas rec¨ªprocas m¨¢s estables. La opci¨®n que deber¨ªa haberse tomado nada m¨¢s lanzarse el plan Ibarretxe, pero que a¨²n es tiempo de emprender, utilizando para ello unos tr¨¢mites parlamentarios cuanto m¨¢s dilatados y flexibles, mejor, como los que el propio lehendakari ha propuesto. Si, en una negociaci¨®n leal y constructiva, fuera el nacionalismo vasco el que se mostrase cerrado a cualquier entendimiento que no pasase por sus inamovibles posiciones, ser¨ªa el plan Ibarretxe el que quedar¨ªa descalificado ante la opini¨®n p¨²blica vasca. Por el contrario, su rechazo frontal no legitima a sus adversarios.

Se ha dicho que ello equivaldr¨ªa a cocer a fuego lento los proyectos nacionalistas; pero, si as¨ª fuera, nadie dudar¨¢ que la diferencia entre lo crudo y lo cocido es la que media entre la mera confrontaci¨®n de fuerzas que a nadie, ni a espa?olistas ni a nacionalistas ni a Euskadi ni a Espa?a, conviene, y eso que llamamos cultura, a la que pertenece la obra de arte consistente en la negociaci¨®n pol¨ªtica y la instrumentaci¨®n jur¨ªdica. ?Quienes invocan todos los d¨ªas el Estado de derecho no deber¨ªan preferir, a las crudezas del radicalismo, esta civilizada cocci¨®n?

Pero, en vez de marchar por ese camino, apoyar, a trav¨¦s de una larga, apretada y constructiva negociaci¨®n parlamentaria, los aspectos m¨¢s moderados del plan y corregir sus aristas, se trata de yugular su propio debate residenciando la iniciativa ante el Tribunal Constitucional. No me toca prever la decisi¨®n de tan alto ¨®rgano del Estado. Si decidiese, como parece l¨®gico, que una iniciativa no es un acto controlable como, en su caso, podr¨ªa serlo la decisi¨®n del Parlamento, se habr¨ªa quemado in¨²tilmente una baza sin otra consecuencia que erosionar al Tribunal y agriar a¨²n m¨¢s las relaciones institucionales con el Gobierno leg¨ªtimo de Euskadi. Si, por el contrario, la decisi¨®n del Tribunal atendiese las pretensiones del Gobierno recurrente, me temo que la erosi¨®n y la acritud resultar¨ªan a¨²n mayores, pero las consecuencias m¨¢s graves ser¨ªan las siguientes:

- Por una parte, el plan Ibarretxe, sin duda radicalizado, constituir¨ªa la piedra angular del programa nacionalista en las pr¨®ximas elecciones auton¨®micas. ?Qu¨¦ hacer si obtiene un apoyo mayoritario de los electores? ?Se puede negar el veredicto democr¨¢tico en Euskadi y mantener la normalidad democr¨¢tica en el resto de Espa?a?

- Por otro lado, se estar¨ªan poniendo las bases jur¨ªdicas para yugular cualquier iniciativa de la oposici¨®n (de cualquier oposici¨®n) que se prefiriera no debatir, recurri¨¦ndola, apenas formulada, ante un Tribunal hipot¨¦ticamente afecto a la mayor¨ªa gobernante (de cualquier mayor¨ªa).

Una siniestra receta para cocernos a todos o, mejor, para comernos a todos crudos.

Miguel Herrero de Mi?¨®n es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Pol¨ªticas.