La impugnaci¨®n
Si el Tribunal Constitucional admite a tr¨¢mite la impugnaci¨®n presentada ayer por el Gobierno, quedar¨¢ autom¨¢ticamente suspendida la tramitaci¨®n del llamado plan Ibarretxe en el Parlamento vasco. Y no parece que el tribunal pueda decidir otra cosa, puesto que para los casos de impugnaci¨®n no est¨¢ previsto un procedimiento espec¨ªfico de admisi¨®n. Por tanto, es pr¨¢cticamente seguro que el debate parlamentario quede en suspenso hasta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo en un plazo m¨¢ximo de cinco meses.
El texto de la impugnaci¨®n no resuelve las m¨²ltiples dudas sobre su procedencia jur¨ªdica en este momento. El Gobierno admite la dificultad de recurrir un proyecto legislativo, dado que puede experimentar variaciones en su tramitaci¨®n. Pero sostiene que su responsabilidad en defensa del orden constitucional le obliga a utilizar la posibilidad abierta por el art¨ªculo 161.2 de la Constituci¨®n de impugnar "disposiciones y resoluciones" de las comunidades aut¨®nomas que supongan quebrar "el orden de competencias". El argumento de fondo es que el Gobierno vasco ha asumido una responsabilidad que no le corresponde al presentar bajo apariencia de una reforma del Estatuto, para la que s¨ª tendr¨ªa competencia, una revisi¨®n radical de la Constituci¨®n.
El problema es que no est¨¢ claro que el env¨ªo de una propuesta o proyecto al Parlamento y su toma en consideraci¨®n por la Mesa sean "disposiciones o resoluciones" y no parte de un proceso que s¨®lo se convierte en resolutivo cuando culmina. Que la propuesta de Ibarretxe no tiene encaje constitucional es algo que admiten incluso los juristas mejor predispuestos hacia ella. Pero la Constituci¨®n admite ser reformada desde la legalidad, luego la cuesti¨®n no est¨¢ tanto en los contenidos concretos de la reforma como en el respeto a los procedimientos. El Parlamento vasco podr¨ªa instar la reforma con arreglo a un procedimiento previsto, pero el plan Ibarretxe se lo salta, y es eso lo que resulta recurrible, aunque no est¨¦ claro en qu¨¦ momento puede hacerse.
Con independencia de los fundamentos de derecho de la impugnaci¨®n, e incluso de su oportunidad pol¨ªtica, el plan Iberretxe est¨¢ abocado al conflicto. M¨¢s que camuflar una reforma de la Constituci¨®n, la da por suspendida en el Pa¨ªs Vasco, atribuy¨¦ndose un poder constituyente. Ning¨²n Parlamento del mundo admitir¨ªa algo semejante. Ni siquiera es posible entrar a discutir su articulado, como ya han adelantado socialistas y populares vascos. ?Estar¨ªa dispuesto Ibarretxe a sacar adelante un proyecto en cuya discusi¨®n no hubieran siquiera participado partidos que representan a casi la mitad de la poblaci¨®n y que tienen mayor¨ªa en uno de los tres territorios que, seg¨²n el plan, deber¨ªan ratificar su propuesta?
Pero si el desenlace es conocido, ?no deber¨ªa salir de las filas del nacionalismo vasco la decisi¨®n de aprovechar esta paralizaci¨®n temporal para adaptar su propuesta a los procedimientos legales y a los condicionantes objetivos de la realidad? As¨ª acabaron haci¨¦ndolo los nacionalistas de la generaci¨®n de la Rep¨²blica tras ver rechazado el proyecto de Estatuto de Estella, considerado inconstitucional por las Cortes Constituyentes.
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