De Segaria al derecho administrativo

Miro la monta?a Segaria y sus alrededores desde una atalaya privilegiada en Ondara, donde he pasado buena parte de mis descansos estivales desde 1991, cuando conoc¨ª a la que hoy es mi mujer. Pienso en la suerte que todav¨ªa le sonr¨ªe y en la que no tiene su hermano mayor de D¨¦nia y X¨¤bia, el Montg¨®. La mayor proximidad al mar le ha convertido en objeto de deseo y de ambiciones urban¨ªsticas desde hace mucho tiempo. Extiendo mi pensamiento triste hacia toda la costa de nuestro pa¨ªs, atestada de nuevas e imparables construcciones; y le doy vueltas al asunto bajo una higuera centenaria desde la que escucho el rumor intenso y fresco de las aguas del r¨ªo mientras escribo estas letras para EL PA?S. Recorro con mi vista la falda de Segaria inundada de huertos de naranjos y giro la cabeza para adivinar el mar; tengo la impresi¨®n entonces de estar "a las bardas del mundo", como describi¨® Pascual Pla el paisaje de Rocafort que pod¨ªa contemplarse en 1937 desde la casa de Machado, protegido all¨ª por el Gobierno de la Rep¨²blica de las bombas de Madrid.

La poes¨ªa c¨¢lida de este lugar de nuestra tierra, que podemos querer con pasi¨®n sin necesidad de ser nacionalistas ni ret¨®ricamente ecologistas, me lleva a la necesidad del fr¨ªo Derecho, el ¨²nico instrumento, junto a la Pol¨ªtica, para responder con eficacia a los retos de un urbanismo galopante e inhumano que no tiene otra explicaci¨®n que el enriquecimiento econ¨®mico de algunos, quiz¨¢ de bastantes. El Derecho penal, pero sobre todo y antes, el Derecho administrativo, olvidado por los gobiernos del PP, nacionales y auton¨®micos, necesita reaparecer con fuerza. Es la primera garant¨ªa de control en estas materias, adem¨¢s de uno de los instrumentos b¨¢sicos para las pol¨ªticas sociales, por ejemplo, sobre vivienda, como nos indica tambi¨¦n el Derecho europeo y la Constituci¨®n de 1978. El PP, sin embargo, aqu¨ª y en Madrid, emprendi¨® desde el principio una huida del Derecho administrativo hacia el vac¨ªo quiz¨¢ tambi¨¦n para hacer, una vez m¨¢s, lo contrario de lo que hicieron los socialistas, dejando de la mano de Dios, perd¨®n, de los especuladores, la protecci¨®n de nuestro litoral y nuestras ciudades. Tampoco el PP ha impulsado, en contra de su propia doctrina, el Derecho penal en cuestiones de urbanismo, al menos no con la misma intensidad que lo hace para otras materias, particularmente si tienen que ver con libertades b¨¢sicas. Aqu¨ª s¨ª necesitamos un Derecho anticipatorio, y no con car¨¢cter general, como les gusta al Ministro Michavila o a nuestro Cotino, clones de una pol¨ªtica, la de Bush, que debe llevarles a creerse Tom Cruise en Minority Report. Se abusa de la demagogia, se "construye" falsa y artificiosamente la opini¨®n p¨²blica, para despu¨¦s vulnerar uno de los principios b¨¢sicos del Estado de Derecho, el de intervenci¨®n m¨ªnima y como ¨²ltima ratio, del Derecho penal. Todo esto, a la vez que no se controla ni se castiga los comportamientos abusivos de los especuladores de la vivienda.

?Y qu¨¦ se puede hacer, o empezar a hacer, pues, desde el Derecho administrativo para combatir la especulaci¨®n urban¨ªstica y la explotaci¨®n del medio, de nuestras playas y de nuestras monta?as, que tambi¨¦n est¨¢n detr¨¢s de muchas de las conductas transfuguistas? Sin ser un especialista, creo que pueden comprenderse con facilidad las siguientes propuestas, discutidas con prestigiosos administrativistas, que en todo caso sugiero sin ¨¢nimo de exhaustividad y con car¨¢cter general:

1.- Trasladar la competencia sobre la totalidad de la planificaci¨®n del suelo urbanizable desde los municipios a la Comunidad Aut¨®noma, dejando ¨²nicamente a aqu¨¦llos la competencia sobre la planificaci¨®n de lo que ya existe, de manera que el eventual crecimiento del municipio dependa exclusivamente de la Comunidad. Con esto, el efecto malet¨ªn, la tentaci¨®n de la corrupci¨®n y el transfuguismo se limitar¨ªan considerablemente, como decimos en Derecho, "por falta de causa".

2.- Incrementar la visibilidad, la transparencia y los controles sobre esta competencia planificadora de los municipios, por ejemplo, impulsando un control suspensivo de obras (para las obras presuntamente ilegales) que lleve a cabo la Comunidad. As¨ª, se evitar¨ªa el efecto en algunos alcaldes de "hacerse el sueco", por los motivos que sean, frente a lo que se est¨¢ construyendo de manera irregular. La responsabilidad ser¨ªa en ¨²ltima instancia s¨®lo del conseller de Obras p¨²blicas, sometido adem¨¢s al control directo de las Corts y de la opini¨®n p¨²blica.

3.- Un nuevo r¨¦gimen de financiaci¨®n local que lleve a aumentar los recursos de la hacienda municipal, que seg¨²n datos oficiales, s¨®lo disfruta hoy del 13% del pastel presupuestario, del gasto p¨²blico (aunque, eso s¨ª, invierten m¨¢s que ninguna otra administraci¨®n), cuando en 1978 era del 12,7%; no ha aumentado por tanto, en 25 a?os, apenas nada. Haciendo esto, que responde adem¨¢s a una exigencia b¨¢sica de justicia, evitamos tambi¨¦n la tentaci¨®n de algunos ayuntamientos de sacar el dinero que necesitan de otros lados, no siempre los m¨¢s id¨®neos. Por ejemplo, no creo que sea descabellado (someto en todo caso esta consideraci¨®n a opiniones mejor fundadas), que los ayuntamientos puedan participar de determinados impuestos, los que ya existen (sin necesidad por tanto de crear otros nuevos), incluido el IRPF.

Dejo de escribir; abandono el fr¨ªo pero imprescindible Derecho para volver la mirada sobre Segaria y su manto de naranjos; oteo despu¨¦s la confluencia del cielo y el mar, en la direcci¨®n de la playa de las Marinas; seguramente, mientras mi mirada se pierde y mi mente se aleja hacia los recuerdos de amor en aquella playa, alg¨²n constructor estar¨¢ maquinando un nuevo edificio, no ya en primera l¨ªnea, que ya no es posible, sino en segunda o en tercera... Otro, directamente, estar¨¢ levantando ladrillos...

Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Uribes es profesor titular de Filosof¨ªa del Derecho y Filosof¨ªa Pol¨ªtica de la Universitat de Val¨¨ncia.