El principal acusado por las facturas falsas de Ja¨¦n alega que recibi¨® presiones

El empresario jiennense Luis V. G., el principal acusado en el llamado caso de las facturas falsas, declar¨® ayer, durante el interrogatorio al que le someti¨® el Ministerio Fiscal, que en su d¨ªa inculp¨® en este asunto a otros 11 empresarios jiennenses por las "presiones" y "amenazas" que recibi¨® de los agentes de la Guardia Civil y la Polic¨ªa.

La abogac¨ªa del Estado, que ejerce como acusaci¨®n particular, acusa a Luis V. G. de certificar "obras fantasma" que no llegaron a realizarse a otras 11 empresas de la provincia, aunque el acusado, que incurri¨® en varias contradicciones durante su declaraci¨®n, s¨®lo admiti¨® haber cometido el presunto fraude fiscal con siete firmas y responsabiliz¨® de los hechos a un anterior socio de su empresa.

Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del empresario, vinculado al sector de la construcci¨®n, mantienen que ¨¦ste padece retraso mental, epilepsia y cuadros depresivos que le impiden, al menos parcialmente, conocer el alcance de sus actos. Adem¨¢s, durante su declaraci¨®n de ayer, ante el juez de lo Penal 3 de Ja¨¦n, manifest¨® que en el interrogatorio al que fue sometido por los agentes policiales estaba bajo los efectos del consumo de drogas. Se da la circunstancia de que fue el propio empresario el que se person¨® en 1996 ante la Agencia Tributaria para admitir que hab¨ªa confeccionado facturas falsas.

Dos suspensiones

El juicio, en el que est¨¢ previsto que declaren unas 40 personas, se inici¨® ayer en la sala de vistas de la Audiencia Provincial -tuvo que desplazarse a este lugar por la falta de espacio del Juzgado de lo Penal para acoger a todos los inculpados y letrados- despu¨¦s de que fuera suspendido en dos ocasiones anteriores, primero hace dos a?os por la ausencia de un testigo clave para las defensas y m¨¢s tarde al prosperar distintas alegaciones presentadas por las defensas de los imputados.

Seg¨²n el Ministerio Fiscal, Luis V. G y otros 11 empresarios de Ja¨¦n habr¨ªan incurrido en los delitos de falsedad de documento mercantil y contra la Hacienda P¨²blica cometidos entre 1994 y 1996.

El supuesto fraude se eleva a 538.000 euros, de los que m¨¢s de la mitad corresponden al impago del IRPF y el impuesto de sociedades. Todos ellos se enfrentan a penas que oscilan entre uno y cuatro a?os de prisi¨®n y multas de entre 1.200 y 67.000 euros.

Tanto el fiscal -que reclama otros 164.000 euros en concepto de responsabilidad civil- como la abogac¨ªa del Estado creen que las empresas a las que Luis V. G. emit¨ªa facturas falsas aumentaban sus gastos y disminu¨ªan el pago de impuestos y cuotas tributarias. Los empresarios juzgados pertenecen a distintos sectores laborales, desde la construcci¨®n a la agricultura pasando por la publicidad.