Decenas de penalistas acusan al Gobierno de reintroducir el "delito pol¨ªtico" en el C¨®digo

M¨¢s de 60 penalistas reunidos ayer en Madrid, en representaci¨®n de los m¨¢s de 140 del Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, calificaron de "reintroducci¨®n del delito pol¨ªtico" la iniciativa del ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, de reformar el C¨®digo Penal para castigar la convocatoria ilegal de un refer¨¦ndum o la financiaci¨®n de partidos disueltos. El documento aprobado por unanimidad acusa al Ejecutivo del PP de "criminalizaci¨®n del debate pol¨ªtico" y manifiesta que "un Gobierno que recurre al Derecho Penal para solventar conflictos pol¨ªticos es un Gobierno con vocaci¨®n totalitaria".

La reuni¨®n del Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, celebrada ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, interrumpi¨® el debate sobre el asunto que le hab¨ªa convocado -la reforma del sistema de penas y las alternativas a la prisi¨®n- para pronunciarse sobre la iniciativa gubernamental, anunciada por Michavila, que produjo alarma en los juristas.

Los m¨¢s de 60 penalistas debatieron sobre la propuesta de reforma del C¨®digo Penal y sobre el procedimiento anunciado por Michavila, consistente en la aprobaci¨®n en diciembre de enmiendas del PP en el Senado y despu¨¦s en el Congreso de los Diputados, a prop¨®sito de la tramitaci¨®n de proyectos de ley ajenos al C¨®digo Penal.

Sobre la reforma planteada por Michavila, el Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal considera en concreto que castigar como delito la convocatoria ilegal de un refer¨¦ndum o la financiaci¨®n de un partido disuelto "supone la reintroducci¨®n en nuestra legislaci¨®n del delito pol¨ªtico, al tipificar conductas de esa naturaleza, as¨ª como la criminalizaci¨®n del debate pol¨ªtico".

El documento a?ade que, "so pretexto de una defensa de la Constituci¨®n, se realiza una lectura unilateral de la misma, que socava los cimientos del pluralismo pol¨ªtico". Los mencionados penalistas llegan a esta conclusi¨®n: "Un Gobierno que recurre al Derecho Penal para solventar conflictos pol¨ªticos, es un Gobierno con vocaci¨®n totalitaria".

Procedimiento "inadmisible"

Por lo que se refiere al procedimiento legislativo utilizado, el grupo de penalistas se?ala que "no resulta admisible la utilizaci¨®n de un mecanismo parlamentario a trav¨¦s de enmiendas en el Senado a leyes que nada tienen que ver con la materia, eludiendo el procedimiento constitucionalmente establecido para la elaboraci¨®n de las leyes penales".

Entre los catedr¨¢ticos de Derecho Penal que aprobaron el documento figuran Emilio Octavio de Toledo, Juan Carlos Carbonell, Jos¨¦ Luis D¨ªez Ripoll¨¦s, Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n, Susana Huerta, Patricia Lourenzo, Gerardo Landrove, Borja Mapelli, Elena Larrauri, Adela Asua y Roc¨ªo Cantarero. Tambi¨¦n aprobaron el texto los profesores de Derecho Penal Norberto de la Mata y Octavio Garc¨ªa.

Entre los magistrados que participaron en el acuerdo figuran Ram¨®n S¨¢ez, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial; Ignacio Gonz¨¢lez de la Vega, Luis Carlos Nieto y Mario Pestana. Entre los fiscales particip¨® en la elaboraci¨®n y aprobaci¨®n del documento el portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Antonio Camacho.

Por otra parte, el catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Alcal¨¢ (Madrid), Carlos Garc¨ªa Vald¨¦s, ex director general de Instituciones Penitenciarias, expres¨® a este peri¨®dico su asombro por la propuesta anunciada por Michavila.

Garc¨ªa Vald¨¦s se expres¨® as¨ª: "Aparte de otros expurgos realizados en el C¨®digo Penal de 1995, ajenos a dicha comisi¨®n -la creaci¨®n de un juez central de vigilancia penitenciaria, el cumplimiento ¨ªntegro de las penas y la reforma de la prisi¨®n provisional-, ahora se acomete un nuevo expurgo, que ser¨¢ responsabilidad estricta del Gobierno, porque no se plante¨® durante los dos a?os de trabajo de la comisi¨®n".

El "emotivismo pol¨ªtico"

Garc¨ªa Vald¨¦s calific¨® de "mala t¨¦cnica" la que se propone aplicar y la atribuy¨® "al emotivismo pol¨ªtico, en lugar de a conclusiones jur¨ªdicas". Este penalista dud¨® de la eficacia de las leyes antiterroristas o de reformas como ¨¦stas, "contrarias a la misi¨®n de permanencia del Derecho Penal y a la necesidad de que proporcione seguridad jur¨ªdica".

Garc¨ªa Vald¨¦s critic¨® esta forma de legislar "coyuntural" y lo compar¨® con "si el asunto de los tr¨¢nsfugas de la Comunidad de Madrid se hubiera pretendido solucionar, en lugar de con nuevas elecciones, con un nuevo delito en el C¨®digo Penal".