El Gobierno reforma el C¨®digo Penal para encarcelar a Ibarretxe si convoca el refer¨¦ndum

El lehendakari, Juan Jos¨¦ Ibarretxe, podr¨¢ ser condenado a penas de tres a cinco a?os de c¨¢rcel y entre seis y diez a?os de inhabilitaci¨®n absoluta si finalmente decide convocar el refer¨¦ndum sobre su plan soberanista, medida que anunci¨® el pasado octubre. A su vez, el presidente del Parlamento vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, tambi¨¦n del PNV, podr¨ªa ser condenado con penas de tres a cinco a?os de prisi¨®n por subvencionar con fondos p¨²blicos al grupo parlamentario de la disuelta Batasuna. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde, a propuesta de Justicia, a una acelerada reforma del C¨®digo Penal que se tramitar¨¢ a trav¨¦s de una enmienda del Grupo Popular del Senado a la Ley Org¨¢nica de Arbitraje y que entrar¨¢ en el Bolet¨ªn Oficial del Estado antes de fin de a?o.

El ministro de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila, present¨® ayer ante el Consejo de Ministros un informe con tres nuevas iniciativas legales, dos de ellas dirigidas contra las instituciones vascas, gobernadas por el PNV, EA e IU, y una tercera de apoyo a las v¨ªctimas del terrorismo. El Gobierno aprovechar¨¢ la actual tramitaci¨®n en el Senado de algunas leyes referidas a temas judiciales para introducir con car¨¢cter inmediato estas reformas, que considera urgentes. Entrar¨¢n en vigor antes de la disoluci¨®n de las C¨¢maras que Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar materializar¨¢ a primeros de enero.

El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, que acompa?¨® a Michavila en la presentaci¨®n del informe, afirm¨® que los objetivos pol¨ªticos de estas medidas, anunciadas por sorpresa y sin previo consenso con el primer partido de la oposici¨®n, son la "respuesta serena y contundente al camino emprendido por el PNV: del consenso a la confrontaci¨®n total".

Las medidas impulsadas por Justicia y aprobadas por el Consejo de Ministros se sit¨²an en tres ejes muy precisos y responden a retos muy concretos: La penalizaci¨®n de la convocatoria del refer¨¦ndum anunciado por Ibarretxe; la penalizaci¨®n de la autoridad que subvencione a partidos pol¨ªticos disueltos y la creaci¨®n de la Oficina de V¨ªctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.

- Penalizaci¨®n de la convocatoria de refer¨¦ndum. A la advertencia realizada por el lehendakari el 28 de octubre, de que piensa convocar un refer¨¦ndum consultivo sobre su plan dentro de a?o y medio, el Gobierno contraataca con una reforma parcial del C¨®digo Penal que penaliza al autor de la convocatoria de un refer¨¦ndum ilegal, como ser¨ªa el de Ibarretxe en caso de que lo materializara.

La reforma se materializa en un nuevo art¨ªculo del C¨®digo Penal, el 506 bis, que penaliza con prisi¨®n de tres a cinco a?os e inhabilitaci¨®n absoluta entre seis a diez a?os a la autoridad que, careciendo de competencias, conovocase o autorizase elecciones generales, auton¨®micas, locales o consultas populares por v¨ªa de refer¨¦ndum. Este art¨ªculo se aplicar¨ªa a Ibarretxe en el caso de que convocase el refer¨¦ndum que ha anunciado ya que, seg¨²n la Constituci¨®n, el lehendakari no tiene competencias para ello, seg¨²n afirm¨® ayer el ministro de Justicia.

El art¨ªculo 506 bis del C¨®digo Penal tambi¨¦n castigar¨¢ con penas de uno a tres a?os de prisi¨®n a la autoridad o funcionario que promoviera o asegurase el proceso electoral o el refer¨¦ndum ilegal.

Otro nuevo art¨ªculo del C¨®digo Penal, el 521 bis, castigar¨¢ con penas de seis meses a un a?o de prisi¨®n o multa de 12 a 24 meses a los interventores o a quienes faciliten, promuevan o aseguren el proceso electoral o refer¨¦ndum ilegal.

- Penalizaci¨®n a la financiaci¨®n de un partido disuelto. Ante la decisi¨®n del presidente del Parlamento vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa, y de la Mesa de la C¨¢mara de Vitoria de mantener la subvenci¨®n p¨²blica al grupo parlamentario Socialista Abertzalek -continuidad de la ilegalizada Batasuna-, en desobediencia con lo que resolvi¨® el Tribunal Supremo, el Gobierno central cre¨® ayer una nueva figura legal para tratar de impedirlo.

El nuevo art¨ªculo 576 bis del C¨®digo Penal sancionar¨¢ con penas de entre tres y cinco a?os a la autoridad que subvencione con ayudas p¨²blicas a partidos disueltos. El mismo art¨ªculo precisa que se impondr¨¢ una pena superior en grado a la anterior a la autoridad y funcionario que mantuviese su posici¨®n, una vez requerido judicial o administrativamente.

- Oficina de Atenci¨®n a las V¨ªctimas del Terrorismo. En el mismo paquete de reformas del C¨®digo Penal, el Consejo de Ministros aprob¨® el desarrollo de una previsi¨®n recogida en la ley de cumplimiento ¨ªntegro de las condenas por terrorismo: la creaci¨®n de la Oficina de Atenci¨®n a las V¨ªctimas del Terrorismo, que se establecer¨¢ en la Audiencia Nacional. Se materializar¨¢ a trav¨¦s de una reforma en la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que aprobar¨¢ el Congreso el 11 de diciembre.

De este modo, los familiares de las v¨ªctimas podr¨¢n efectuar un seguimiento inmediato de los casos que les afectan directamente. Los condenados por terrorismo, una vez cumplida la condena y antes de salir de prisi¨®n, tienen que indemnizar a sus v¨ªctimas, seg¨²n record¨® Michavila.

La misma reforma refuerza la Audiencia Nacional, que dotar¨¢ a cada una de sus secciones penales de un nuevo magistrado, ampliar¨¢ en un 25% el n¨²mero de fiscales y aumentar¨¢ sus recursos materiales y tecnol¨®gicos.

El ministro de Justicia anunci¨® que el Gobierno pretende lograr un acuerdo con los partidos en la tramitaci¨®n de esta ley en el Senado. Ayer mismo, el portavoz del PP en la C¨¢mara Alta, Antol¨ªn Sanz, se puso en contacto con los grupos parlamentarios para pedirles una negociaci¨®n de la propuesta, que calific¨® de "reforzamiento del Estado de Derecho".