Resistencias de la 'sociedad perfecta'

En las memorias del cardenal Taranc¨®n, tituladas agustinianamente Confesiones -sus enemigos maliciaron que imit¨® m¨¢s el estilo de Las confesiones, de Rousseau-, hay un relato sobre la negociaci¨®n de la Conferencia Episcopal con la dictadura franquista para ajustar el Concordato de 1953 a los mandatos del Concilio Vaticano II. "Seamos claros", dijo Luis Carrero Blanco, segundo del dictador, al cardenal. "Nosotros estamos dispuestos a darles todo lo que quieran econ¨®micamente, en cuanto a la ense?anza, etc¨¦tera, y a¨²n m¨¢s de lo que pidan. Tan s¨®lo exigimos una cosa: que la Iglesia sea el apoyo m¨¢s firme del r¨¦gimen". Escribe Taranc¨®n: "Yo me alegr¨¦ de que se planteara la cuesti¨®n tan descaradamente. Ya no cabr¨ªan dudas en los obispos afectos al r¨¦gimen ni en alg¨²n sector de la Santa Sede".

"ART?CULO 16, 2. Ninguna religi¨®n tendr¨¢ car¨¢cter estatal. Los poderes p¨²blicos tendr¨¢n en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espa?ola y mantendr¨¢n las consiguientes relaciones de cooperaci¨®n con la Iglesia Cat¨®lica y las dem¨¢s religiones"

La religi¨®n cat¨®lica se crey¨® durante siglos "la ¨²nica de la naci¨®n espa?ola", pero nunca lleg¨® a tanto como con el Concordato de 1953, ganado a pulso tras el golpe de Estado de 1936 contra la II Rep¨²blica, que muchos jerarcas eclesi¨¢sticos apoyaron con sanguinario entusiasmo. Pero en 1973 aquella sangrienta dictadura ten¨ªa abierta -y llena- en Zamora una c¨¢rcel para curas y se negaba a renunciar al nombramiento de obispos por su llamado caudillo (lo har¨ªa el Rey meses despu¨¦s de sucederlo).

La tesis de Franco fue que el Papa era s¨®lo el jefe de un Estado extranjero, no de la Iglesia espa?ola. De ¨¦sta, el jefe lo era el general Franco, que para eso la salv¨® con una larga cruzada y la aliment¨® generosamente hasta sumar 300.000 millones de pesetas de las de entonces (la cifra se la ech¨® en cara Carrero a Taranc¨®n con gran enfado de ¨¦ste, que sospech¨® que, en el recuento, Carrero inclu¨ªa la construcci¨®n del Valle de los Ca¨ªdos). Por eso la Roma posconciliar quer¨ªa acabar pronto con aquel texto extravagante, que el Bolet¨ªn Oficial del Estado de 19 de octubre de 1953 public¨® con este encabezamiento: "En el nombre de la Sant¨ªsima Trinidad". Su art¨ªculo primero dec¨ªa: "El Estado espa?ol reconoce a la Iglesia cat¨®lica el car¨¢cter de sociedad perfecta".

Si hacemos caso a las memorias del cardenal que lider¨® la trabajosa transici¨®n de la Iglesia cat¨®lica hacia la democracia parecer¨ªa que los obispos estuvieron siempre con la Constituci¨®n de 1978. Nada m¨¢s lejos de la verdad. La mayor¨ªa recel¨® siempre, y muchos prelados, liderados por el cardenal Marcelo Gonz¨¢lez (primado de Toledo) y por Jos¨¦ Guerra Campos (obispo de Cuenca), pidieron el voto en contra en el refer¨¦ndum, despu¨¦s de presionar unos y otros durante el debate constitucional de forma tan descarada que una persona tan condescendiente con los eclesi¨¢sticos como Felipe Gonz¨¢lez compar¨® aquellas tozudas intromisiones con "lo que supondr¨ªa el intento del PSOE de participar en el s¨ªnodo episcopal".

Lo cierto es que los prelados lograron buena parte de sus empe?os con aquella estrategia de tensi¨®n y presi¨®n: que la Constituci¨®n citara expresamente a la Iglesia cat¨®lica en el art¨ªculo 16, y que las relaciones del Estado con esa religi¨®n fueran proclamadas como especiales.

Veinticinco a?os m¨¢s tarde, la Iglesia cat¨®lica sigue siendo la religi¨®n privilegiada del Estado espa?ol, s¨®lo te¨®ricamente aconfesional y laico por esa causa. As¨ª, es la ¨²nica que tiene una asignaci¨®n fija anual de los Presupuestos del Estado para pagar a obispos y clero, y una exclusiva casilla a su nombre en el folleto de la declaraci¨®n de la renta de las personas f¨ªsicas (recibe este a?o por esa v¨ªa 138,7 millones de euros); la ¨²nica subvencionada por el Estado por variadas actividades (7.000 millones m¨¢s); la ¨²nica que no paga ni un solo impuesto; la que cobra para que decenas de miles de docentes ense?en esa religi¨®n en la escuela, escogidos por los prelados, pero contratados y pagados por los gobiernos auton¨®micos (600 millones en total), y la ¨²nica que tiene derecho a capellanes hospitalarios, castrenses o penitenciarios a cuenta del Ejecutivo de turno, mientras las dem¨¢s religiones (protestantismo, juda¨ªsmo, islamismo, budismo, etc¨¦tera) no reciben una sola peseta del erario p¨²blico y se quejan amarga y p¨²blicamente -tambi¨¦n ante la justicia y el Defensor del Pueblo- porque Espa?a sea todav¨ªa un Estado confesional nada encubierto.

A la vista de ese ventajismo preconstitucional, esta conclusi¨®n de las otras religiones no deber¨ªa sorprender: "Espa?a no respeta su propia legislaci¨®n sobre libertad religiosa", proclaman con no poca raz¨®n 25 a?os despu¨¦s del (s¨®lo aparente) derrumbe del concordato nacionalcat¨®lico.