La falacia de la liberalizaci¨®n

El problema de la inflaci¨®n persistente en los alimentos sin elaborar es una cuesti¨®n que ha sido denunciada de forma reiterada, pero que nunca ha sido abordada en profundidad por los responsables de la pol¨ªtica econ¨®mica. En realidad, el Gobierno s¨®lo ha reconocido problemas puntuales de tensiones de precios en alg¨²n sector cuando este comportamiento ha sido se?alado de forma generalizada y ha tenido un reflejo en los medios de comunicaci¨®n (distribuci¨®n de gasolinas, turismo, vivienda). Pero en esos casos, como ahora, el Gobierno nada ha hecho al respecto.

El planteamiento del Ejecutivo ha consistido en considerar que el descontrol de la inflaci¨®n se corregir¨ªa por s¨ª solo, por lo que lo ¨²nico que cab¨ªa hacer era esperar. Pero la inflaci¨®n tiene causas y responsables, y la no actuaci¨®n s¨®lo ha llevado al enquistamiento de los comportamientos inflacionistas.

Mayor concurrencia exige m¨¢s y mejor regulaci¨®n y m¨¢s control p¨²blico

El Gobierno viene amparando su pasividad en la supuesta imposibilidad de intervenir en los sistemas de formaci¨®n de precios, puesto que estamos en una econom¨ªa de mercado. Argumento que constituye una falacia: el Ejecutivo no puede efectivamente fijar los precios privados, pero s¨ª intervenir de muchas maneras como lo hace en los mercados de muchos bienes (productos de primera necesidad, vivienda, telefon¨ªa, energ¨ªa, educaci¨®n, etc.).

Bajo esta restricci¨®n interesada, el discurso general del Gobierno se ha apuntado siempre a la tesis de la liberalizaci¨®n como arma esencial, si no ¨²nica, para lograr una estabilidad de precios comparable a la de los principales pa¨ªses de la zona euro. Aparte de que no se hayan adoptado tampoco en el terreno de la liberalizaci¨®n medidas concretas que incidan en los mecanismos de formaci¨®n de precios de los cap¨ªtulos sistem¨¢ticamente m¨¢s inflacionistas del ¨ªndice de precios al consumo (IPC), es preciso aclarar que la tesis de la milagrosa liberalizaci¨®n es un gran sofisma, al presentarla como el b¨¢lsamo que todo lo cura. Sin embargo, hay evidencia suficiente que demuestra que liberalizaci¨®n no es igual a mayor competencia.

Al contrario, en muchos sectores y actividades la liberalizaci¨®n produce concentraci¨®n de la oferta y menor competencia; en otros, p¨¦rdida de capacidad de actuaci¨®n p¨²blica, y en algunos, simplemente, no tiene efecto sobre los niveles de competencia. En el funcionamiento de la econom¨ªa actual, la realidad es que en una mayor¨ªa de actividades productivas la concurrencia es imperfecta, escasa o inexistente.

Hay muchos ejemplos de esto. Uno de ellos, lo que ocurre con los alimentos frescos. La liberalizaci¨®n tiende a concentrar canales de distribuci¨®n y actividades de comercializaci¨®n en pocas manos, con escasas ganas de competir y de reducir consecuentemente sus m¨¢rgenes.

Los hipermercados, la gran apuesta de los m¨¢s liberalizadores, son claro exponente de esta pol¨ªtica, ya que disponen de capacidad para imponer mayores m¨¢rgenes y niveles de precios, y una interesada transmisi¨®n de las alzas y bajas de precios (amplificando las primeras y retrasando estas ¨²ltimas), como han demostrado los estudios realizados recientemente.

Las razones b¨¢sicas de este comportamiento se encuentran en la propia naturaleza de este tipo de comercio: por un lado, su propiedad se concentra ya en apenas media docena de empresas, que han dado pasos (autorizados, por cierto) incluso hacia una mayor concentraci¨®n, de tal forma que una sola de las mismas posee la mitad de los establecimientos; por otro, su gran dimensi¨®n y necesidades de localizaci¨®n geogr¨¢fica hacen muy dif¨ªcil establecer niveles reales de concurrencia entre ellos, incluso aunque se autorizara la apertura de cuantos la solicitaran.

Para lograr mayores grados de competencia, lo que se requiere es, en lugar de mayor liberalizaci¨®n, mayor intervenci¨®n, regulaci¨®n y control de los poderes p¨²blicos sobre el funcionamiento de los canales de distribuci¨®n y comercializaci¨®n. Mayor concurrencia exige m¨¢s y mejor regulaci¨®n y no menos, y m¨¢s control p¨²blico y no menos.

Y esto no s¨®lo sucede con los alimentos frescos: m¨¢s de la mitad de las r¨²bricas del IPC no referidas a la alimentaci¨®n registran aumentos superiores al 3%, y un tercio de las mismas crecen por encima del 4%. En definitiva, el IPC lleva m¨¢s de tres a?os registrando tasas por encima de lo razonable, y muchos de sus componentes son tradicionalmente inflacionistas. Algunas medidas propuestas desde algunos sectores, como el doble etiquetado de los productos (con el precio en origen y el final), son positivas en la medida que aumentan la transparencia del mercado, pero no suficientes, porque no atacan la ra¨ªz del problema y trasladan ¨ªntegramente la vigilancia y control de las conductas abusivas al comprador, lo que, con los h¨¢bitos de consumo actuales (y m¨¢xime en grandes superficies, donde prima el ahorro de tiempo) puede resultar poco eficaz.

La soluci¨®n pasa, primero, por un cambio completo de actitud del Gobierno, abandonando la inhibici¨®n actual y abordando con la mayor celeridad un an¨¢lisis completo y en profundidad de todas aquellas actividades que mantienen conductas inflacionistas. Segundo, por adoptar medidas que, m¨¢s all¨¢ de simplistas recetas liberalizadoras, aseguren el funcionamiento de la competencia donde eso sea posible. Y tercero, por abordar la regulaci¨®n o limitaci¨®n de m¨¢rgenes y precios all¨ª donde la competencia no sea materialmente viable o eficaz.

Es preciso hacer algo, y algo serio, porque pasividad y complacencia son las peores respuestas. Y porque es de todo punto inaceptable que contin¨²e el trasvase de rentas de los asalariados y de las capas socialmente m¨¢s d¨¦biles hacia aquellos grupos empresariales con capacidad para imponer continuas subidas de precios, con la aquiescencia del Gobierno.

Antonio Gonz¨¢lez y Alberto del Pozo pertenecen al Gabinete T¨¦cnico Confederal de UGT.