Atutxa y Arzalluz

La imagen de Juan Mar¨ªa Atutxa, presidente del Parlamento vasco, interrogado por la fiscal del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco sobre un supuesto delito de desobediencia es "poco edificante", como dijo ayer un dirigente socialista; tan poco edificante como ver a ese mismo presidente desafiando reiteradamente las ¨®rdenes del Tribunal Supremo. Y no s¨®lo poco edificante, sino pat¨¦tica, resulta la imagen de Xabier Arzalluz, presidente desde hace m¨¢s de veinte a?os de un partido que lleva 23 gobernando en Euskadi, entonando a la puerta del tribunal una canci¨®n de guerra cuya primera estrofa proclama que "somos soldados vascos", y declarando que el eventual procesamiento y condena de Atutxa ser¨ªa "una gloria", porque permitir¨ªa a los vascos "seguir luchando contra la opresi¨®n".

El Tribunal Supremo aclar¨® en un auto que la disoluci¨®n de Batasuna implicaba la de su grupo parlamentario, y que lo ¨²nico que ten¨ªa que hacer el Parlamento vasco era comunic¨¢rselo a los parlamentarios de ese grupo y encuadrarlos en el Grupo Mixto. Atutxa insisti¨® ayer, sin embargo, en su argumento de que el Parlamento no puede disolver un grupo porque su reglamento no contempla esa posibilidad. Algunos juristas han venido apoyando esa posici¨®n, aunque los propios servicios de la C¨¢mara vasca, que la compart¨ªan, aconsejaron acatar en todo caso la resoluci¨®n. El Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco tendr¨¢ que pronunciarse al respecto.

El contexto pol¨ªtico en que lo har¨¢ no puede ser m¨¢s inquietante. Por una parte, con un PP dispuesto a forzar los procedimientos parlamentarios para aprobar reformas ad hoc del C¨®digo Penal como la votada ayer en el Senado -contra la opini¨®n de todos los dem¨¢s grupos-, que permitir¨ªan encarcelar al lehendakari si convocase el refer¨¦ndum que figura en su plan; por otra, con un nacionalismo vasco embarcado en un pulso contra el poder judicial que le lleva a movilizarse en la calle para presionar a los tribunales.

Si Atutxa fuera procesado, estar¨ªamos ante un grav¨ªsimo problema pol¨ªtico. ?Pero qu¨¦ margen le queda a la justicia tras haber agotado todas las v¨ªas de convencimiento, incluyendo las advertencias de los efectos legales de la desobediencia? No puede ignorar la existencia de un precepto legal que expresamente considera delito la "negativa abierta" por parte de autoridades p¨²blicas a dar "cumplimiento a resoluciones judiciales". La estrategia del nacionalismo se basa en la hip¨®tesis de que el temor a las graves consecuencias pol¨ªticas de una intervenci¨®n penal contra los desaf¨ªos de sus cargos p¨²blicos har¨¢ desistir al Estado de derecho de aplicar ese precepto. Con el a?adido de que, si no se produce ese desistimiento, el resultado servir¨¢ de todas formas para alimentar el enfrentamiento en un momento en que una de las reclamaciones esenciales del plan Ibarretxe es la de un Poder Judicial propio. Arzalluz se hizo ayer portavoz de ese doble desaf¨ªo a costa de Atutxa.