Formas necesarias y juegos prohibidos

Cuando el Gobierno vasco presenta la propuesta del Plan Ibarretxe est¨¢ en su derecho. Es un disparate la legitimidad pol¨ªtica en la que lo basa, la de un pueblo definido desde los albores de la historia; es, adem¨¢s, nefasto el objetivo que pretende alcanzar, pues se trata de un grav¨ªsimo atentado contra la convivencia ciudadana en Espa?a y en Euskadi. Pero cualquiera, y desde luego cualquier gobierno o parlamento auton¨®micos, puede plantear las propuestas pol¨ªticas que quiera.

Pero si hay libertad de propuesta, no la hay de procedimiento. Hay una sola v¨ªa abierta: la que establece la Constituci¨®n, tambi¨¦n para tramitar la propuesta del Plan; la v¨ªa diferente que la propuesta pretende para que ¨¦sta se apruebe est¨¢ fuera del sistema jur¨ªdico actual. Tambi¨¦n para saltarse las normas de procedimiento, y para establecer otras, basadas en ¨²ltima instancia en lo que decida de modo unilateral la comunidad aut¨®noma, y no la comunidad espa?ola, de la que todos los vascos somos parte, habr¨ªa que modificar previamente el procedimiento vigente, que es el marcado por la Constituci¨®n y el Estatuto.

No creo que pueda ser objeto de debate razonable algo tan claro como que el Plan Ibarretxe coloca al Pa¨ªs Vasco fuera de la Constituci¨®n. ?sta quedar¨ªa derogada en Euskadi, aunque siguiera vigente, bien que mutilada, en el resto de Espa?a. Pero ninguna modificaci¨®n -transformadora, derogatoria o territorialmente segregadora- de la Constituci¨®n est¨¢ excluida de la v¨ªa constitucional: todo puede ser propuesto dentro de las posibilidades que la Constituci¨®n abre. Aunque, para pasar de la Constituci¨®n a su modificaci¨®n y, m¨¢s a¨²n, a su derogaci¨®n total o parcial, las v¨ªas s¨®lo son las constitucionales. O las de la rebeli¨®n.

Pero la necesidad de guardar las formas no es s¨®lo algo que habr¨¢ que exigir al que presenta el Plan, sino tambi¨¦n al que se opone. No se trata de que haya que buscar una equidistancia (t¨¦rmino puesto de moda ahora), sino de que el Derecho debe garantizar la imparcialidad. Para m¨ª es claro que, como dice el Gobierno central, la v¨ªa que ha puesto en marcha el Plan es un burdo fraude de ley; pero, tambi¨¦n para denunciar este fraude, debemos ser jur¨ªdicamente correctos. Porque tambi¨¦n es un fraude de ley crear tipos delictivos dirigidos contra las m¨¢ximas autoridades de una comunidad aut¨®noma, despreciando el procedimiento constitucional previsto para la creaci¨®n de leyes. E, incluso, apelar al Tribunal Constitucional para oponerse a que se plantee el debate parlamentario sobre el Plan Ibarretxe. La imparcialidad exige que nos opongamos por igual a la utilizaci¨®n de procedimientos jur¨ªdicos incorrectos por los que defienden el Plan Ibarretxe y por los que se oponen al mismo.

Pero, adem¨¢s del argumento formal, contra la oposici¨®n planteada por el Gobierno central existe otro, el de la eficacia pol¨ªtica. Hay una exigencia pr¨¢ctica para todo el que, desde un poder cualquiera, pretende tomar una iniciativa: debe calcular la respuesta previsible del contrario y, a partir de ah¨ª, la posibilidad de mantener su propia decisi¨®n. Tiene algo que ver con un manejo elemental del juego del ajedrez: hay que calcular, simplemente, cu¨¢l es el movimiento previsible del contrario en respuesta del nuestro. Si el Gobierno central pretende imponer cinco a?os de c¨¢rcel a los miembros del Gobierno vasco si siguieran adelante con su fraudulento refer¨¦ndum, ?c¨®mo se lleva a cabo esto? y ?qu¨¦ efectos perniciosos se puede esperar razonablemente que se produzcan?

Hasta ahora he mantenido que el procedimiento jur¨ªdico debe ser imparcial y que, tanto para afirmar el Plan Ibarretxe como para oponerse al mismo, se debe aplicar ese procedimiento, denunciando cualquier fraude de ley; que, en todo caso, la utilizaci¨®n de una v¨ªa jur¨ªdica debe prever siempre las respuestas pol¨ªticas y sociales que puedan afectar a su eficacia o su ineficacia. Queda abierto un ¨²ltimo tema: c¨®mo el Plan tiene consecuencias perversas para la afirmaci¨®n de una sociedad de ciudadanos, pero tambi¨¦n c¨®mo una oposici¨®n extravagante puede incrementar, y no disminuir, estas consecuencias perversas.

El Plan propone el "Estatus de Libre Asociaci¨®n". Es una f¨®rmula en la que ni siquiera las may¨²sculas son inocentes: al principio emplea t¨¦rminos que parecen sin¨®nimos: menciona as¨ª Estatus y R¨¦gimen. Pero luego el t¨¦rmino "Estatus" sugiere una posici¨®n intermedia entre Estatuto y Estado. En realidad lo que se pretende es que el nuevo Estatuto sea la norma fundamental de lo que se titula Comunidad Vasca para constituir un "Estado Libre Asociado"; pero para pasar de un "Estatus de Comunidad Aut¨®noma" a un "Estatus de Estado Libre Asociado" es imprescindible, "tertium non datur", o la rebeli¨®n o el cumplimiento del orden constitucional. Y la consecuci¨®n de un Estado Libre Asociado no supone necesariamente, hoy, la secesi¨®n, pero s¨ª la aceptaci¨®n de una legalidad seg¨²n la cual el ejercicio de la secesi¨®n queda al arbitrio unilateral de ese Estado Libre Asociado.

Ahora me manifiesto expresamente como vasco no nacionalista. Enti¨¦ndaseme (imperativo sobresdr¨²julo incluido, para m¨¢s ¨¦nfasis): hay dos posiciones que se formulan fuera de mi Pa¨ªs vasco, y que son variantes mediante las que se claudica ante la rebeli¨®n. Una es la respuesta "si quieren irse, que se vayan", olvidando todo el proceso de convivencia mediante el cual se construy¨® el r¨¦gimen auton¨®mico. Otra es la chuler¨ªa "para libre asociado hace falta otro socio, tambi¨¦n libre asociado, pero conmigo que no cuenten". Pues aqu¨ª estamos nosotros, para pedir que no peguen patadas al nacionalismo... en nuestro culo.

Al romper la Constituci¨®n, el Plan rompe la convivencia, precisamente en el momento en que ¨¦sta ha desembocado en su mayor y mejor cumplimiento democr¨¢tico. Espa?a, como unidad social y cultural, ha sido una construcci¨®n hist¨®rica, en la que han participado, mucho, los vascos del hoy Pa¨ªs Vasco y de Navarra. Y el Estado espa?ol es el resultado hist¨®rico de un proceso pol¨ªtico colectivo cuyos pen¨²ltimos pasos fueron los de superar el antiguo r¨¦gimen y establecer la modernizaci¨®n y la democracia. Dura y prolongada batalla, la de Espa?a -sociedad y Estado- contra el absolutismo, contra el carlismo; despu¨¦s, contra la mitologizaci¨®n de las esencias patrias que los nacionalismos han tra¨ªdo consigo; y, desde luego, contra la criminal simbiosis que formaron la reproducci¨®n del proyecto antidemocr¨¢tico, el tradicionalismo, el nacionalismo espa?ol y el fascismo: lo que fue el franquismo. Los ¨²ltimos pasos han sido los que nos han llevado a la aceptaci¨®n de que pact¨¢bamos una estabilidad, nos constitu¨ªamos, esto es, acept¨¢bamosuna Constituci¨®n como soluci¨®n estable de nuestra dura historia.

Pero al romper la Constituci¨®n y el Estatuto, el Plan rompe tambi¨¦n la convivencia dentro de nuestra comunidad y nuestra autonom¨ªa vascas. No es que el nacionalismo haya sido la referencia hist¨®rica de los vascos, ni en Navarra ni en las tres provincias vascongadas. Por el contrario, es una movilizaci¨®n defensiva frente al cambio demogr¨¢fico, a la industrializaci¨®n y a la p¨¦rdida de la tradici¨®n rural. Pero manifiesta el principal problema que tenemos los vascos: el de una sociedad con alto grado de identidad y, al mismo tiempo, m¨ªnimo grado de vertebraci¨®n. Por eso, con la Constituci¨®n y el Estatuto, pact¨¢bamos un imprescindible acuerdo de integraci¨®n, nos constitu¨ªamos, esto es, acept¨¢bamos una Constituci¨®n y un Estatuto, como soluci¨®n estable para conseguir la vertebraci¨®n.

Cualquier jurista sabe que para romper un pacto constitucional y federal hace falta mucho m¨¢s que una mayor¨ªa circunstancial, pues ¨¦sta depende de veleidades de la opini¨®n, pero impide la marcha atr¨¢s, mientras que la Constituci¨®n afecta a la estructura de la convivencia. En nuestro caso habr¨ªa que a?adir m¨¢s: no es correcto siquiera utilizar la expresi¨®n "veleidades de la opini¨®n" para referirse a la eventual opini¨®n cambiante de una parte de los ciudadanos vascos, que est¨¢n sufriendo el chantaje de la violencia y que, con la esperanza, o mera ilusi¨®n, de que desapareciera, podr¨ªan apostar por la claudicaci¨®n. La defensa de la Constituci¨®n es por eso una obligaci¨®n pol¨ªtica. Pero no a?adamos al mal del Plan de Ibarretxe el mal de una torpe oposici¨®n al mismo. Se trata, en suma, de la defensa jur¨ªdica y pol¨ªtica de la convivencia espa?ola, de la convivencia vasca y de la lucha contra la violencia.

Jos¨¦ Ram¨®n Recalde fue consejero socialista del Gobierno vasco.