Un favor a Ibarretxe

La mayor¨ªa del PP col¨® ayer en el Senado la anunciada reforma del C¨®digo Penal por la que podr¨ªa ser encarcelado el cargo p¨²blico que convocase un refer¨¦ndum sin tener competencias para ello: una iniciativa expresamente dirigida contra Ibarretxe. Finalmente no lo hizo como enmienda a la Ley de Arbitraje, seg¨²n hab¨ªa planteado inicialmente, sino a otra ley en tramitaci¨®n en la C¨¢mara alta que modifica la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Puede sonar menos extravagante, pero sigue siendo algo peor que una chapuza: una vulneraci¨®n de la l¨®gica parlamentaria (y de la l¨®gica constitucional). Y adem¨¢s, un serio error pol¨ªtico.

Vulnera la l¨®gica del sistema constitucional porque una reforma de tanto calado no puede improvisarse ni hacerse pasar por esa v¨ªa de extrema urgencia que impide su debate en el Congreso, con tr¨¢mite de ponencia y discusi¨®n de enmiendas. Aprobada por la mayor¨ªa del PP en el Senado, el Congreso s¨®lo tiene capacidad para convalidarla en bloque: s¨ª o no. Lo l¨®gico habr¨ªa sido actuar con tranquilidad y someter el proyecto, pues se trata de una ley org¨¢nica, a los dict¨¢menes del Consejo de Estado y del Poder Judicial.

El argumento del PP es que hay que utilizar todas las v¨ªas posibles para frenar el plan Ibarretxe antes de que su desaf¨ªo a la legalidad sea irreversible. Desde luego, hay que utilizar los mecanismos del Estado de derecho, pero no necesariamente el C¨®digo Penal; no toda conducta il¨ªcita se combate penalmente, y, llegado el caso, existen en el C¨®digo art¨ªculos que ser¨ªan de aplicaci¨®n. Al buscar una tipificaci¨®n ad hoc se ha querido subrayar la voluntad de aplicar la ley con firmeza. Pero la firmeza no depende del gesto, sino de la legitimaci¨®n.

Combatir lo que se califica de fraude de ley con una utilizaci¨®n fraudulenta de la norma m¨¢s bien revela debilidad. Por supuesto que la ley hay que aplicarla con independencia de que hacerlo sea o no oportuno pol¨ªticamente; pero la decisi¨®n de aprobar ahora en el Consejo de Ministros esa reforma del C¨®digo Penal es netamente pol¨ªtica; debe juzgarse como tal, atendiendo a criterios como la falta de consenso en su aprobaci¨®n y sus efectos negativos con vistas al objetivo buscado.

Pues bien, toda la oposici¨®n, excepto el PNV, ha anunciado su intenci¨®n de recurrir la reforma, y casi todos los juristas consultados han mostrado su radical desacuerdo con el fondo y la forma de la misma. Ibarretxe, que se enfrenta a grandes dificultades para llevar adelante su proyecto ante la falta de suficiente apoyo, s¨®lo conf¨ªa en que errores graves del Gobierno provoquen un cambio en la opini¨®n p¨²blica vasca y espa?ola; es decir, conf¨ªa en que siga habiendo iniciativas como la que se vot¨® ayer en el Senado.