El fiscal pide penas de prisi¨®n para directivos de dos empresas por la peste porcina

El fiscal especial encargado de investigar el origen del brote de Peste Porcina Cl¨¢sica (PPC) declarado en Lleida en junio de 2001 solicita en su informe de calificaciones provisionales un a?o y medio de prisi¨®n para los gerentes y veterinarios de las empresas Piensos Yak, de Agramunt, y Piensos Gatnau, de Mollerussa, por un presunto delito de da?os por imprudencia con la agravante de contagio.

Los acusados son Josep G. F. y Joan Francesc M. F., gerente y veterinario de Piensos Yak, respectivamente, y Josep Miquel G. C. y Ramon G., gerente y veterinario de Piensos Gatnau. El fiscal considera que estas cuatro personas son los responsables de que la epidemia se propagara a otras explotaciones de la plana de Lleida por haber ocultado el rebrote de la enfermedad.

Adem¨¢s de la pena de un a?o y medio de prisi¨®n para cada uno, la acusaci¨®n tambi¨¦n reclama para ellos una multa, la inhabilitaci¨®n especial para ejercer la profesi¨®n por el tiempo de la condena y una indemnizaci¨®n de 7,4 millones de euros. Esta cantidad equivale a la que tuvieron que abonar a los ganaderos las administraciones central y auton¨®mica por el sacrificio de m¨¢s de 90.000 cerdos.

La Generalitat declar¨® la peste el 16 de junio de 2001 tras sacrificar 2.053 cerdos en una granja de Soses (Segri¨¤). La epidemia se extendi¨® a varias comarcas y los animales de centenares de explotaciones permanecieron inmovilizadas hasta finales de noviembre, cuando el comit¨¦ veterinario de la Uni¨®n Europea declar¨® la provincia libre de peste y levant¨® las restricciones. A los pocos d¨ªas, la Generalitat se vio obligada a declarar la enfermedad en la comarca barcelonesa de Osona, que se prolong¨® hasta julio de 2002. Los primeros focos del ¨²ltimo brote de PPC en Lleida se declararon en explotaciones de las dos empresas implicadas.

Investigaci¨®n fiscal

Ante la existencia de supuestas irregularidades en el sector, la Fiscal¨ªa de Lleida abri¨® una investigaci¨®n penal a requerimiento del Departamento de Agricultura, que inicialmente expedient¨® a cuatro empresas integradoras de porcino como sospechosas de haber ocultado la existencia del virus en sus granjas, lo cual favoreci¨® la propagaci¨®n de la peste.

Durante la investigaci¨®n, el juez encargado del caso ha interrogado a una veintena de ganaderos, veterinarios y transportistas. La PPC es una enfermedad contagiosa que no comporta riesgos para la salud humana, pero s¨ª graves consecuencias econ¨®micas para los productores porque obliga a sacrificar a muchos animales y a inmovilizar la caba?a. El consejero de Agricultura en funciones, Josep Grau, dijo ayer que la decisi¨®n del fiscal demuestra que ¨¦l ten¨ªa raz¨®n cuando desde el primer momento responsabiliz¨® a los propios ganaderos de la aparici¨®n de la peste porcina en Lleida. "Me alegro mucho de que la Fiscal¨ªa haya encontrado indicios de culpabilidad y es l¨®gico que se castigue a los responsables para que sirva de escarmiento al sector", se?al¨® Grau.