El tarro de las esencias

Lo peor del "desastre" de 1898 no fue la p¨¦rdida de las colonias, lo cual estaba descontado como una exigencia de la modernidad, sino el debate ideol¨®gico abierto tras la derrota acerca de la "esencia de Espa?a". Un mito tan in¨²til como persistente. Tanto, que seguimos arrastr¨¢ndolo. Un mito que llev¨® a decir a uno de sus m¨¢s notables sostenedores la frase m¨¢s necia que pueda imaginarse: "Que inventen ellos". Desde las propuestas castellanistas y excluyentes de algunos escritores del noventa y ocho, de las enso?aciones imperiales, antiliberales y antidemocr¨¢ticas, de los Donoso Cort¨¦s, Men¨¦ndez Pelayo y dem¨¢s altos representantes del pensamiento reaccionario espa?ol se pas¨® al "Nos duele Espa?a", a la "Espa?a rota versus Espa?a roja", a la "Espa?a eterna" de los libros de Historia, aquellos que nos impusieron a los ni?os nacidos despu¨¦s de la Guerra Civil, desembocando, todav¨ªa bajo el franquismo, en la "Espa?a como problema" y la "Espa?a sin problema" de La¨ªn y Calvo Serer, respectivamente. En fin, un camino hacia ninguna parte, que la ideolog¨ªa y la pol¨ªtica espa?olas han transitado con m¨¢s empecinamiento que ciencia, demostrando que la preocupaci¨®n permanente sobre la propia identidad es el s¨ªntoma de una grave y paralizante enfermedad mental.

Sin embargo, la Constituci¨®n de 1978, construida con esp¨ªritu de reconciliaci¨®n y de consenso, trajo una definici¨®n y unos conceptos que pretend¨ªan poner fin a la persistente cantinela de la "esencia espa?ola". Por primera vez, pr¨¢cticamente, todo el arco pol¨ªtico e ideol¨®gico se puso de acuerdo en tres asuntos capitales: 1) Derechos y libertades (T¨ªtulo I de la Constituci¨®n); 2) prescripciones sociales (conjunto de orientaciones econ¨®mico-sociales contenidos en la Constituci¨®n), y 3) el territorial (T¨ªtulo VIII).

El consenso se ha mantenido respecto al primer punto, con la excepci¨®n de ETA y de sus aleda?os violentos. No ha pasado lo mismo con los mandatos constitucionales acerca del modelo econ¨®mico y social. Sin ninguna intenci¨®n de exhaustividad y s¨®lo a t¨ªtulo de ejemplo, se?alar¨¦ en primer lugar las obligaciones fiscales de las que trata el art¨ªculo 31: "Todos contribuir¨¢n al sostenimiento de los gastos p¨²blicos de acuerdo con su capacidad econ¨®mica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad".

"Todos contribuir¨¢n a los gastos p¨²blicos". Es decir, que los impuestos se conciben en el texto constitucional como exacciones para cubrir los gastos y no al rev¨¦s. Vale decir que, seg¨²n la Constituci¨®n, primero han de fijarse los gastos p¨²blicos obligatorios y luego, para pagarlos, se fijar¨¢n los impuestos. Es aqu¨ª donde la pr¨¢ctica pol¨ªtica ha conseguido dar la vuelta al argumento, torci¨¦ndole la mano a la Constituci¨®n, poniendo los impuestos demag¨®gicamente por delante de las obligaciones sociales que el propio texto constitucional enumera.

De todos los art¨ªculos que contiene la Constituci¨®n Espa?ola, quiz¨¢ el que m¨¢s duele recordar sea el 35: "Todos los espa?oles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elecci¨®n de profesi¨®n u oficio, a la promoci¨®n a trav¨¦s del trabajo y a una remuneraci¨®n suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ning¨²n caso pueda hacerse discriminaci¨®n por raz¨®n de sexo". Toda una declaraci¨®n de principios y de intenciones que no se compadecen con la realidad, aunque lo m¨¢s grave, lo que choca frontalmente contra la Constituci¨®n, son las pol¨ªticas concretas que han ido destruyendo el viejo derecho del trabajo, dualizando el mercado laboral y consiguiendo que un tercio de los contratos en vigor sean hoy temporales, ef¨ªmeros, discrecionales. Y lo que es m¨¢s grave: en torno al 90% de los nuevos contratos son temporales, de s¨®lo d¨ªas incluso. ?Y qu¨¦ decir de los salarios femeninos, sistem¨¢ticamente inferiores a los masculinos?

El cap¨ªtulo tercero (art¨ªculos 39 al 52, incluidos ambos) expresa los principios rectores que han de seguir la pol¨ªtica social y la econ¨®mica. As¨ª, "los poderes p¨²blicos aseguran la protecci¨®n social, econ¨®mica y jur¨ªdica de la familia" (art¨ªculo 39). "Los poderes p¨²blicos promover¨¢n las condiciones... para una distribuci¨®n de la renta regional y personal m¨¢s equitativa" (art¨ªculo 40). "Los poderes p¨²blicos promover¨¢n el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho" (art¨ªculo 44). "Los poderes p¨²blicos garantizar¨¢n, mediante pensiones adecuadas y peri¨®dicamente actualizadas, la suficiencia econ¨®mica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo... promover¨¢n su bienestar mediante un sistema de servicios sociales" (art¨ªculo 50). Toda una panoplia de directrices que obligan a que las pol¨ªticas vayan en la direcci¨®n se?alada en el texto constitucional, pero las pol¨ªticas de los ¨²ltimos a?os han ido directamente contra el mandato constitucional y lo mismo ha ocurrido con el art¨ªculo 47, que dice as¨ª: "Todos los espa?oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes p¨²blicos promover¨¢n las condiciones necesarias y establecer¨¢n las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general para impedir la especulaci¨®n. La comunidad participar¨¢ en las plusval¨ªas que genere la acci¨®n urban¨ªstica de los entes p¨²blicos".

Nadie podr¨¢ negar que "la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general para impedir la especulaci¨®n" est¨¢ en las ant¨ªpodas de la pol¨ªtica que se est¨¢ siguiendo ¨²ltimamente. Una pol¨ªtica que reniega tambi¨¦n de la participaci¨®n "de la comunidad en las plusval¨ªas generadas por la acci¨®n urban¨ªstica de los entes p¨²blicos".

Visto a la distancia de un cuarto de siglo, parecer¨ªa que quienes entonces, desde las posiciones conservadoras, se avinieron al acuerdo quiz¨¢ pensaron que ya llover¨ªa menos o, por mejor decirlo, que la pr¨¢ctica pol¨ªtica "volver¨ªa las cosas a su sitio" y, en verdad, lo est¨¢n consiguiendo, contra la Constituci¨®n, a la vez que se autotitulan "patriotas constitucionales".

La Constituci¨®n tambi¨¦n recog¨ªa otro acuerdo b¨¢sico, el contenido en su T¨ªtulo VIII, en el cual hay un dise?o del reparto territorial del poder pol¨ªtico, pero no es un dise?o cerrado, sino abierto. Que la decisi¨®n de dejar abierto el T¨ªtulo VIII fuera errada, o no, es un debate est¨¦ril, pues el pasado poco arreglo tiene. Sin embargo, quienes sostienen ahora que las propuestas de cambio en algunos Estatutos de Autonom¨ªa representan la apertura de un nuevo y peligroso periodo constituyente se enga?an o pretenden enga?ar, pues s¨®lo se abren las puertas que est¨¢n cerradas y ¨¦sta, la del T¨ªtulo VIII y leyes conexas, siempre estuvo abierta. Lo que s¨ª se acerca es un debate que, ojal¨¢, sea clarificador, acerca, por ejemplo, de dos conceptos b¨¢sicos: solidaridad interterritorial y financiaci¨®n.

Tengo para m¨ª que la noble preocupaci¨®n que se tuvo, especialmente por parte de la izquierda, para evitar que la construcci¨®n del nuevo Estado auton¨®mico no perjudicara a la solidaridad interterritorial, condujo a queeste concepto se introdujera en instrumentos legales, como la LOFCA, que no eran adecuados para ello. Me explico: la solidaridad en un Estado moderno se sostiene, b¨¢sicamente, sobre tres pilares: a) la Seguridad Social; b) los impuestos, y c) las inversiones articuladoras. Y los tres instrumentos est¨¢n en manos de la Administraci¨®n central, vale decir, del Gobierno y de las Cortes Generales. Lo cual responde a una l¨®gica elemental: las pol¨ªticas interregionales corresponden al Estado y las intrarregionales a las comunidades aut¨®nomas. As¨ª, cuanto m¨¢s potentes y generales sean la Seguridad Social y los impuestos estatales menos diferencias entre rentas personales y regionales habr¨¢ y este aserto tiene su demostraci¨®n evidente en los efectos positivos que tuvieron sobre la igualdad de rentas (insisto: personales y territoriales) las mejoras introducidas en las prestaciones de la Seguridad Social y la ca¨ªda del fraude durante los Gobiernos socialistas. En lo que se refiere al segundo pilar, es decir, a los impuestos, el problema tampoco est¨¢ en las comunidades aut¨®nomas ni en la estructura impositiva, sino en el pago "contante y sonante". As¨ª, con el impuesto que es el eje de todo el sistema, es decir, con el IRPF, s¨®lo cumplen estrictamente en Espa?a los asalariados y todos aquellos que no pueden o no quieren recurrir al fraude o a la ingenier¨ªa fiscal, desgraciadamente tan generalizada hoy. El fraude y la "ingenier¨ªa" tienen un efecto inmediato y perverso, que incide sobre la distribuci¨®n de las rentas personales, pero tambi¨¦n otro, derivado, sobre la distribuci¨®n de las rentas regionales, pues el fraude no tiene una distribuci¨®n uniforme ni respecto a los contribuyentes ni, por agregaci¨®n, respecto a las regiones. Si el Ministerio de Hacienda, que se ha dedicado a suprimir todas las publicaciones fiscales que exist¨ªan antes de la llegada del PP, quisiera publicar una simple ratio (impuestos pagados al Estado en una regi¨®n dividido por el PIB regional) comprobar¨ªamos que la solidaridad por v¨ªa fiscal se distribuye muy mal y no precisamente a favor de Catalu?a.

En cuanto a las infraestructuras b¨¢sicas, articuladoras, nadie podr¨¢ negar el espectacular avance obtenido, en parte no peque?a, gracias a los fondos de "solidaridad" europeos, por los que tanto pelearon los "pedig¨¹e?os". Hoy, carreteras, ferrocarriles, viviendas de protecci¨®n y un largo etc¨¦tera son demandados, con raz¨®n, por las autonom¨ªas menos pobladas y tambi¨¦n, con pareja urgencia, por las conurbaciones que han de asumir grandes retos derivados de sus abigarrados h¨¢bitats.

Mas, sea como sea, si el debate acerca de los nuevos estatutos se desv¨ªa hacia la solidaridad interregional, que depende casi en exclusiva de las pol¨ªticas estatales, hacia las esencias que se predican en torno a "la unidad de Espa?a" o hacia descalificaciones y peleas entre autonom¨ªas, solidarias o no, vamos dados, pues se estar¨¢ apelando, no a la raz¨®n o a las razones que se esgrimen en cualquier di¨¢logo, sino a los sentimientos m¨¢s primarios. Y esto, el recurso a lo tosco y a lo primario, parece ser la decisi¨®n del partido hoy gobernante, a cuyos miembros se les ve muy decididos a destapar, una vez m¨¢s, el tarro de las esencias patrias para atufarnos con vistas a las pr¨®ximas elecciones de marzo. Se visten los maniqueos -metiendo en el mismo saco a Ibarretxe, Carod o Maragall- y "le?a al mono". Contra ellos y, sobre todo, contra los que se muestren tibios (l¨¦ase el PSOE). El mal que se deriva de esta intransigencia agresiva y oportunista no s¨®lo est¨¢ en la manipulaci¨®n de las conciencias con prop¨®sitos electorales, lo peor es el clima de tensi¨®n y enfrentamiento que ello genera.

Cuando se confunde la firmeza con el grito, el debate con la rebati?a y los argumentos con la propaganda, no hay forma de entenderse, porque, en el fondo, quienes as¨ª se manifiestan renuncian a la palabra, piedra angular de la pol¨ªtica, para instalarse en la demagogia. Y de poco sirve recordar que la buena pol¨ªtica ha de ocuparse m¨¢s de las pr¨®ximas generaciones que de las pr¨®ximas elecciones, pues, al decirlo, uno percibe que est¨¢ predicando en medio del desierto. El desierto de los t¨¢rtaros, tan guerreros ellos.

Joaqu¨ªn Leguina es diputado del PSOE y ex presidente de la Comunidad de Madrid.