Medio Ambiente exige un expediente sancionador contra el chalet de Ardanza

El Gobierno vasco est¨¢ decidido a acudir a los tribunales por las infracciones urban¨ªsticas del chalet en Urdaibai del ex lehendakari y presidente de Euskaltel Jos¨¦ Antonio Ardanza. El consejero de Medio Ambiente, Sabin Intxaurraga, inst¨® el pasado 1 de diciembre a la alcaldesa de Gauteguiz de Arteaga, donde se ubica la edificaci¨®n, a que incoe un expediente sancionador a la empresa creada por Ardanza para construir la vivienda. En caso de que no lo haga, "se interpondr¨¢ recurso contencioso administrativo contra la inactividad del ayuntamiento".

Intxaurraga realiza esta aseveraci¨®n en una respuesta parlamentaria al PP. El consejero explica todo el proceso en esta pol¨¦mica, surgida tras una denuncia de los ecologistas en las obras de rehabilitaci¨®n de un caser¨®n adquirido por Ardanza en el barrio de Kanala, perteneciente al municipio de Gauteguiz de Arteaga.

El titular de Medio Ambiente se?ala que los servicios t¨¦cnicos del Patronato de Urdaibai, el ¨®rgano de gesti¨®n de la reserva que depende de su consejer¨ªa, elaboraron en mayo de 2002 un informe en el que se detectaban cambios en el proyecto de la vivienda. El Patronato inform¨®, en septiembre, desfavorablemente sobre las obras, tras constatar hasta seis irregularidades, en las que sobresal¨ªan la construcci¨®n de dos plantas no previstas en el proyecto, la superaci¨®n en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusi¨®n de una piscina. Se destacaba el aumento en un 68% de la superficie construida: los 634 metros cuadrados del proyecto original aprobado se hab¨ªan incrementado hasta 879, con lo que una vivienda que era bifamiliar es de hecho trifamiliar.

Intxaurraga, quien se?ala que notific¨® las anomal¨ªas al consistorio de Arteaga para que "resolviera sobre la licencia", a?ade que en octubre pasado volvi¨® a dirigirse a la alcaldesa Arantza Madariaga "a la vista de la pasividad del Ayuntamiento en la aplicaci¨®n de la disciplina urban¨ªstica". La alcaldesa replic¨® que el Ayuntamiento no es el organismo competente, lo que ha llevado a Intxaurraga a amenazar con el recurso judicial.

Esta actitud se suma a la de la Diputaci¨®n de Vizcaya, que, aunque hace un a?o se opuso en el seno de Patronato a calificar las obras de ilegales, defendi¨® el mes pasado "que se cumpla la ley y se haga cumplir la ley".