Los zapatistas se estancan en Chiapas

El 1 de enero de 1994, el mismo d¨ªa de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canad¨¢ y M¨¦xico, el Ej¨¦rcito Zapatista de Liberaci¨®n Nacional (EZLN) irrumpi¨® en varias localidades del sure?o Estado de Chiapas, reclamando justicia. All¨ª sigue. El

subcomandante Marcos, con el pasamonta?as; los pobres, en la pobreza; y los municipios aut¨®nomos zapatistas, ejerciendo una autonom¨ªa tolerada por la Administraci¨®n federal.

El EZLN, creado en 1983 como una c¨¦lula de seis hombres, pide otra ley de autonom¨ªa ind¨ªgena, cre¨® las Juntas del Buen Gobierno y quiere el poder ejecutivo en sus zonas de influencia.

?Qu¨¦ har¨¢ cuando los ind¨ªgenas pidan m¨¢s m¨¦dicos y hospitales, carreteras o comercializadores de sus productos?, se preguntan algunos analistas. "El EZLN sale a la luz p¨²blica [el 1 de enero de 1994] con m¨¢s de 4.500 combatientes en la primera l¨ªnea de fuego, la as¨ª llamada vig¨¦sima primera divisi¨®n de infanter¨ªa zapatista, y unos 2.000 combatientes que permanec¨ªan en la reserva", afirm¨® Marcos en una reciente declaraci¨®n. La singular guerrilla apenas cuenta con varios cientos de hombres pobremente armados, seg¨²n c¨¢lculos oficiales, no dispara un tiro desde el 12 de enero de hace 10 a?os y festeja su "declaraci¨®n de guerra" contra el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994) proclamando que los derechos de los ind¨ªgenas, m¨¢s de diez millones de los 104 millones de habitantes de M¨¦xico, no han sido atendidos.

Lo peor es la pobreza y el alcoholismo, que castigan sobre todo a las mujeres

El Ej¨¦rcito pudo haber sofocado la sublevaci¨®n, pero a un coste pol¨ªtico que nadie quiso asumir. El levantamiento instal¨® la causa del M¨¦xico mis¨¦rrimo, discriminado y olvidado, el ind¨ªgena, pero la agenda del encapuchado hoy no trasciende los l¨ªmites de la selva Lacandona y las reverberaciones medi¨¢ticas de sus comunicados contra el sistema o las actuaciones antiterroristas del juez Baltasar Garz¨®n en el Pa¨ªs Vasco. Las preocupaciones materiales de la mayor¨ªa de sus compatriotas, trabajo, vivienda, educaci¨®n o seguridad, o los bajos precios del caf¨¦ sufridos por 250.000 cultivadores chiapanecos no hallan soluci¨®n en las proclamas, pero son b¨¢lsamo y acicate para quienes sostienen que alg¨²n d¨ªa ser¨¢n una realidad.

El conflicto, que fue prioridad durante el arranque de la presidencia de Vicente Fox, el 1 de diciembre del a?o 2000, duerme ahora el sue?o de los justos desde que el Congreso mexicano aprobara, el 28 de abril del a?o 2001, la ley de autonom¨ªa ind¨ªgena, que enmend¨® cinco art¨ªculos de la Constituci¨®n. Fue avalada por los congresos locales de 17 de los 31 Estados de M¨¦xico y rechazada por nueve que concentran a la mitad de los 10 millones de ind¨ªgenas, repartidos en 52 etnias. Los legisladores rebajaron el contenido de los Acuerdos de San Andr¨¦s de 1996 porque algunos cap¨ªtulos eran de imposible aplicaci¨®n, dijeron, y otros alentar¨ªan el independentismo, causar¨ªan caos de jurisdicci¨®n, agravios comparativos o enfrentamientos por las tierras y riquezas naturales. Chiapas tiene cuatro millones de habitantes y ricos yacimientos petroleros y minerales.

El debate parlamentario de aquel a?o fue precedido por el zapatour de febrero y marzo por diferentes Estados, con Marcos al frente, que concluy¨® con una concentraci¨®n en el Z¨®calo de la capital y la intervenci¨®n en el Congreso de varios jefes alzados. Tratando de acabar con el conflicto, la presidencia de Fox hab¨ªa cumplido antes con sus exigencias: liber¨® presos, retir¨® al Ej¨¦rcito de los puestos de avanzada y traslad¨® al Congreso el derrotado proyecto de la ley derivado de los Acuerdos de San Andr¨¦s. No fue suficiente. La ley irrit¨® al EZLN y a las organizaciones indigenistas de M¨¦xico, que la impugnaron ante la justicia.

La comandancia de los rebeldes de Lacandona reitera que "el mal gobierno no ha reconocido el derecho de los pueblos ind¨ªgenas durante m¨¢s de quinientos a?os", desde la llegada de los espa?oles, y mientras no lo haga no habr¨¢ una paz duradera. Durante las semanas previas a la efem¨¦ride del 1 de enero, en concentraciones y debates, ¨¦sa fue la tesis central. "No han podido con nosotros", subrayan los portavoces zapatistas. A los 11 d¨ªas de los choques a balazos de 1994 entre las tropas federales y el movimiento insurrecto, con un saldo de varios muertos, Salinas de Gortari decret¨® un alto al fuego y comenz¨® una negociaci¨®n que se prolong¨® a?os, con diferentes formatos e interlocutores, sin lograr un acuerdo nacional, ni el desarme de los rebeldes.

El comisionado de paz del Gobierno, Luis ?lvarez, atribuye al EZLN "resistencia a negociar" porque, se?ala, "ya no tienen argumentos que presentar". La guerrilla arguye que los acuerdos de San Andr¨¦s, suscritos con el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), han sido incumplidos y no hay m¨¢s que hablar.

Marcos y su gente hab¨ªan fundado primero los municipios "rebeldes" y despu¨¦s los "aut¨®nomos", regidos por los ancestrales y controvertidos usos y costumbres de los ind¨ªgenas. En agosto pasado establecieron las Juntas del Buen Gobierno de estos 30 municipios (Chiapas tiene 118) y cinco centros de coordinaci¨®n de los municipios llamados "Caracoles".

Esas localidades desarrollan, por libre y seg¨²n su entendimiento, la libre determinaci¨®n y peculiaridades en la elecci¨®n de autoridades establecidas en los acuerdos de San Andr¨¦s. Los municipios aut¨®nomos tienen un alcalde, un secretario y titulares de justicia, agricultura, salud, trabajo y educaci¨®n, y un registro civil que registra los matrimonios, nacimientos y defunciones. Controlan el tr¨¢nsito por sus jurisdicciones y algunos reciben la asesor¨ªa de los consejos de ancianos. Su presupuesto procede de las contribuciones o impuestos y de la solidaridad nacional o internacional. "El mal gobierno no nos hace caso. Que se quede con sus pendejadas. Ya sabemos funcionar nuestros municipios", dijo la comandanta Rosalinda.

En un principio, el Gobierno anterior acus¨® a sus promotores de romper el Estado de derecho y quiso reventarlos, ocup¨¢ndolos y expulsando a los simpatizantes extranjeros, pero ante la imposibilidad de erradicarlos opt¨® por permitir su funcionamiento. La alcaldesa de M¨¦rida, Ana Rosa Pay¨¢n, presidenta de la Asociaci¨®n de Municipios de M¨¦xico, aplaude las Juntas de Buen Gobierno si se constituyen en foros de discusi¨®n de derechos y obligaciones y no en plataformas que dividan y estimulen las micropoblaciones. El dinero del desarrollo llega m¨¢s r¨¢pidamente, dijo, a las poblaciones grandes.

Los brotes de violencia pol¨ªtica en las comunidades ind¨ªgenas han sido frecuentes estos 10 a?os; tambi¨¦n el desplazamiento de miles y los choques entre mafias de caciques de diferentes etnias y credos.

Pero el problema de fondo es la pobreza y el atraso, incluido el alcoholismo, que castigan especialmente a las mujeres, sojuzgadas en las aldeas de Chiapas y de todo M¨¦xico.