El Consejo universitario rechaza el decreto de evaluaci¨®n de titulaciones

El Consejo de Coordinaci¨®n Universitaria (el m¨¢ximo ¨®rgano de planificaci¨®n de educaci¨®n superior) considera que ni es competencia de la Agencia Nacional de Evaluaci¨®n de la Calidad y Acreditaci¨®n (ANECA) establecer los criterios de evaluaci¨®n de las titulaciones, como pretende otorgarle el Gobierno, ni sus informes deben ser determinantes para suspender temporalmente o revocar carreras. Este organismo ha emitido un informe negativo sobre el proyecto de real decreto en el que el Gobierno establece que todas las titulaciones deber¨¢n pasar una evaluaci¨®n obligatoria cada seis a?os y en el que otorga el control de ¨¦sta a la ANECA y al Gobierno, al margen de las autonom¨ªas.

El informe de la Comisi¨®n Acad¨¦mica de este Consejo (la encargada de evaluar las cuestiones relacionadas con planes de estudios y autonom¨ªa universitaria) concluye, adem¨¢s, que la regulaci¨®n que pretende aprobar el Gobierno atribuye a la ANECA competencias que corresponden a la inspecci¨®n auton¨®mica: "Las causas de suspensi¨®n y revocaci¨®n de t¨ªtulos que prev¨¦ implantar el Gobierno inciden en un ¨¢mbito de competencias que es el propio de los servicios de inspecci¨®n de las comunidades aut¨®nomas", advierte el Consejo de Coordinaci¨®n Universitaria, el cual se?ala que esta competencia es del ministerio y del m¨¢ximo ¨®rgano de coordinaci¨®n de la educaci¨®n superior.

Entre las causas de suspensi¨®n a las que hace referencia el proyecto de real decreto est¨¢n: que las ense?anzas "no garanticen unos referentes m¨ªnimos de calidad para la formaci¨®n del estudiante", que el centro no tenga "departamentos o estructuras docentes o investigadoras adecuadas" o "los medios materiales necesarios" y que "el personal acad¨¦mico no sea suficiente o no se encuentre cualificado para la formaci¨®n de los estudiantes".

Estudiantes afectados

El informe considera, adem¨¢s, "poco coherente" que el Gobierno pretenda garantizar a los estudiantes la continuaci¨®n de sus estudios en las carreras suspendidas, ya que se tratar¨ªa de titulaciones que han incurrido en alguna o varias irregularidades, por lo que esos alumnos se ver¨ªan perjudicados. Por esta raz¨®n, el Consejo recomienda que sean "las administraciones educativas correspondientes" las que arbitren las medidas oportunas para que los estudiantes matriculados en esas carreras suspendidas "puedan continuar sus ense?anzas en las condiciones apropiadas".

La ANECA fue creada por el Gobierno con la Ley Org¨¢nica de Universidades (LOU), aprobada hace dos a?os s¨®lo con los votos a favor del PP y de Coalici¨®n Canaria. Se trata de una fundaci¨®n privada, dirigida por el que fue el primer director general de Universidades en el primer equipo ministerial de la titular de Educaci¨®n, Pilar del Castillo, Ismael Crespo. Las comunidades aut¨®nomas tienen sus propias agencias de acreditaci¨®n, pero el Gobierno reserv¨® en la LOU a la agencia nacional la competencia exclusiva de evaluar las titulaciones.

El Consejo de Coordinaci¨®n Universitaria est¨¢ formado por los rectores de universidades p¨²blicas y privadas, los consejeros de las comunidades aut¨®nomas y otros vocales designados por el Gobierno, el Congreso y el Senado. Este Consejo ve escaso, seg¨²n el informe, el papel que se prev¨¦ que tengan las comunidades en el proceso de homologaci¨®n de t¨ªtulos: "En relaci¨®n con la intervenci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en el procedimiento de evaluaci¨®n y suspensi¨®n, se considera que ¨¦stas deben tener un mayor protagonismo y una participaci¨®n m¨¢s activa".

Tambi¨¦n hace referencia el informe a la "seguridad jur¨ªdica de las universidades" y pide que, para garantizar que sea m¨¢xima antes de proceder a realizar los informes de acreditaci¨®n, deber¨ªan definirse de forma expl¨ªcita los criterios m¨ªnimos que la universidad deber¨¢ acreditar para evitar las causas de suspensi¨®n y revocaci¨®n de la homologaci¨®n de los t¨ªtulos.

Este Consejo pide que se prevea la constituci¨®n, en el seno del Consejo, de una comisi¨®n que se ocupe de analizar estas cuestiones y asesorar al ministerio. Tambi¨¦n solicita que la suspensi¨®n temporal de las titulaciones, fijada en el decreto por un plazo m¨ªnimo de dos a?os, se reduzca a seis meses, y explica que no ser¨ªa necesario paralizar las titulaciones tanto tiempo, ya que "hay posibilidad de subsanar las deficiencias en un plazo de tiempo m¨¢s breve".