Entra en vigor la ley estatal que resta poder al pleno en favor del gobierno municipal

Ma?ana, 1 de enero, entra en vigor la Ley de Grandes Ciudades, el arma legal que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, lleva esperando meses como agua de mayo. La normativa otorga todo el poder ejecutivo a la Junta de Gobierno y se lo quita al pleno municipal, acabando as¨ª con "una confusi¨®n hist¨®rica y absurda", seg¨²n el regidor, y asimilando el funcionamiento del Ayuntamiento al de las administraciones regional y estatal. Algo a lo que el PP ya se adelant¨® en junio, al lograr, gracias a su mayor¨ªa absoluta, traspasar al gobierno municipal competencias del pleno.

Ruiz-Gallard¨®n compareci¨® ayer plet¨®rico tras presidir la ¨²ltima Comisi¨®n de Gobierno del Ayuntamiento. La pr¨®xima, convocada para el 8 de enero, se llamar¨¢ de otra forma: Junta de Gobierno, y tendr¨¢ perfil y atribuciones distintos. La Ley de Grandes Ciudades autoriza a los ayuntamientos a que su gobierno lo formen personas que no han sido elegidas concejales previamente (y que tendr¨ªan voz, pero no voto, en el pleno municipal). El alcalde asegur¨® que a¨²n no ha pensado si har¨¢ uso de esa facultad.

Lo que s¨ª ha decidido es que, "de momento", no delegar¨¢ en nadie la presidencia de los plenos, una funci¨®n que hasta ahora le tocaba ejercer a ¨¦l, a la que se resisti¨® y que acept¨® a rega?adientes al principio de su mandato, pero a la que, finalmente, parece haberle cogido cari?o.

El efecto fundamental de la entrada en vigor de la Ley de Grandes Ciudades es que el pleno -¨®rgano legislativo y de control formado por los concejales electos de todos los partidos- pierde su hist¨®rica labor ejecutiva, compartida hasta ahora con el gobierno. Un pleno municipal no funciona -hasta hoy- como un Parlamento. Su particularidad reside en que es ¨®rgano legislativo y ejecutivo a un tiempo: la aprobaci¨®n de cualquier norma debe pasar por ¨¦l, pero tambi¨¦n la adjudicaci¨®n de todos aquellos contratos que superen una determinada cuant¨ªa.

El PP ya logr¨® el pasado junio, en el primer pleno de esta legislatura y gracias a su mayor¨ªa absoluta, que las competencias de "gesti¨®n administrativa" (contratos, proyectos de obras, adjudicaciones y algunas aprobaciones de gasto) pasaran en exclusiva a la Comisi¨®n de Gobierno. Los populares alegaron que debatir en el pleno "hasta el m¨ªnimo contrato de compra de fotocopiadoras para la Casa de la Villa" s¨®lo consigue eternizar las sesiones y restar eficacia, y aseguraron que la Ley de Grandes Ciudades, que se iba a aprobar en seis meses, respaldar¨ªa su decisi¨®n. As¨ª ha sido. La nueva ley fue aprobada por el Congreso el pasado 26 de noviembre con el voto a favor de PP y PSOE y la abstenci¨®n de IU.

"Es una aut¨¦ntica revoluci¨®n que profundizar¨¢ la democracia local. Hasta ahora exist¨ªa una confusi¨®n hist¨®rica, absurda, que impon¨ªa criterios decimon¨®nicos de funcionamiento a los ayuntamientos del siglo XXI", afirm¨® ayer Ruiz-Gallard¨®n. Dirigentes de su equipo subrayaron que la normativa "otorga al gobierno municipal a¨²n m¨¢s atribuciones que las que asumi¨® en junio, porque le autoriza a aprobar ciertos gastos que ahora deb¨ªan pasar todav¨ªa por el pleno".

Adem¨¢s de separar claramente las funciones de la oposici¨®n y del Ejecutivo -una distinci¨®n que hasta ahora no estaba tan clara-, la Ley de Grandes Ciudades incorpora otras novedades, como que en las reuniones de la Junta de Gobierno no estar¨¢n presentes el interventor municipal ni el secretario general del Ayuntamiento. La funci¨®n de vigilancia que ejerc¨ªan la asumir¨¢ el primer teniente de alcalde, Manuel Cobo. Ruiz-Gallard¨®n se comprometi¨® a "consensuar con todos los grupos" el reglamento de la ley que afectar¨¢ al funcionamiento del pleno. No aquel que regir¨¢ en la Junta de Gobierno.