Espa?a: ?tierra de asilo?

La conmemoraci¨®n del 25? aniversario de la promulgaci¨®n de nuestra Constituci¨®n, que en su art¨ªculo 13.4 reconoce el derecho de asilo como uno de los derechos fundamentales, coincide entre dos efem¨¦rides especialmente relevantes. Por una parte, el 22 de julio de 1978 se cumpli¨® tambi¨¦n un cuarto de siglo de la adhesi¨®n de Espa?a a los dos principales instrumentos jur¨ªdicos internacionales de protecci¨®n de los refugiados: la Convenci¨®n de Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967. La sociedad espa?ola, que conoc¨ªa muy bien el significado tr¨¢gico del exilio, expresaba justo cuando recuperaba la democracia su voluntad de comprometerse con la defensa de aquellas personas que deb¨ªan huir de sus pa¨ªses por ver sus derechos humanos amenazados.

Apenas seis meses despu¨¦s de la aprobaci¨®n de la Carta Magna, el 7 de mayo de 1979, representantes de los partidos pol¨ªticos, de las centrales sindicales, de las confesiones religiosas y de organizaciones no gubernamentales y de defensa de los derechos humanos fundaron la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado, expresi¨®n del mandato constitucional de convertir a Espa?a en tierra de asilo.

Pero la celebraci¨®n de los primeros 25 a?os de nuestra Carta Magna tambi¨¦n coincide con uno de los momentos m¨¢s dif¨ªciles de la pol¨ªtica de asilo gubernamental, que conculca casi a diario las disposiciones constitucionales, de la Ley de Asilo de 1984 y de la Convenci¨®n de Ginebra. En lugar de acoger a aquellas personas que llegan a nuestro pa¨ªs porque necesitan protecci¨®n internacional, el Gobierno act¨²a de manera consciente contra el derecho de asilo, en el marco de una Uni¨®n Europea obsesionada en blindar sus fronteras y alejar a los refugiados en centros de internamiento en terceros pa¨ªses.

El ejemplo m¨¢s dram¨¢tico es Ceuta, donde m¨¢s de 300 personas que han solicitado el estatuto de refugiado (y centenares de refugiados) se ven obligados a malvivir en las calles por la saturaci¨®n del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes despu¨¦s de que el delegado del Gobierno desalojara por la fuerza un campamento que M¨¦dicos Sin Fronteras instal¨® para prestar la asistencia que las autoridades les niegan. Adem¨¢s, junto a recientes denuncias de brutalidad policial hacia los refugiados que duermen en las playas, CEAR documenta en su informe anual, La situaci¨®n de los refugiados en Espa?a, que efectivos de la Polic¨ªa Nacional forzaron de manera absolutamente irregular, e inhumana, a varios solicitantes de asilo a abandonar el territorio espa?ol arrastr¨¢ndose por debajo de la alambrada del per¨ªmetro fronterizo.

La crisis humanitaria en Ceuta ha alcanzado tal gravedad que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha demandado recientemente al Gobierno que dispense un trato digno a los refugiados y que procure la agilizaci¨®n de los tr¨¢mites de la solicitud de asilo, que ahora suponen una media de espera de cuatro meses.

Por otra parte, los obst¨¢culos para llegar a territorio espa?ol (la pol¨ªtica de imposici¨®n de visados, por ejemplo) son cada d¨ªa mayores, debido a las restricciones impuestas por el Ejecutivo en sus tres reformas de la Ley de Extranjer¨ªa en esta legislatura, algo inaudito en una ley org¨¢nica que requiere de un amplio consenso social y pol¨ªtico. Las trabas que plantea para que miles de refugiados no puedan solicitar asilo en Espa?a significa que estas personas pueden seguir expuestas a sufrir violaciones de sus derechos humanos.

Tal es el caso de los ciudadanos de Colombia, un pa¨ªs desangrado por una guerra civil no declarada desde hace cuatro d¨¦cadas. Seg¨²n los datos del Ministerio del Interior, en 2001 2.532 ciudadanos colombianos pidieron asilo, una cifra que, debido a la imposici¨®n de visados decretada por el Gobierno en enero de 2002, cay¨® el a?o pasado a 1.065 y en los 10 primeros meses de este a?o a 410. Por otra parte, seg¨²n sus propios datos provisionales, Interior ha resuelto entre enero y octubre de este a?o sobre la admisi¨®n a tr¨¢mite de 501 peticiones de asilo de ciudadanos colombianos, y de ellas ha aceptado s¨®lo 334. Mientras tanto, la Uni¨®n Europea aprueba una declaraci¨®n tras otra de condena de la terrible situaci¨®n de violencia que padece aquel pa¨ªs y de las violaciones de los derechos humanos.

Otro ejemplo de la pol¨ªtica gubernamental es la ¨²ltima reforma de la Ley de Extranjer¨ªa, que impone a las compa?¨ªas transportistas la obligaci¨®n de controlar la documentaci¨®n de los pasajeros en su lugar de origen. Ante las fuertes sanciones que podr¨ªan sufrir, parece obvio que estas empresas se negar¨¢n a trasladar a Espa?a a todas aquellas personas que carezcan de la documentaci¨®n necesaria, situaci¨®n en la que suelen estar muchos refugiados, que no pueden esperar durante meses a la concesi¨®n de un visado, por ejemplo, cuando quieren huir, desesperados, para salvar su vida. En otros casos, las compa?¨ªas transportistas llegan a ejercer presiones directas a los pasajeros en los aeropuertos espa?oles para impedir que soliciten asilo.

Estas medidas suponen ya la quiebra efectiva del sistema de asilo, porque dejan en manos de un empleado de cualquier compa?¨ªa transportista una decisi¨®n que corresponde al Gobierno y al ACNUR y privan a los refugiados de las garant¨ªas judiciales que les reconoce la Ley de Asilo.

Tampoco en la Uni¨®n Europea soplan vientos favorables para las v¨ªctimas de las violaciones de los derechos humanos que buscan protecci¨®n dentro de sus fronteras. As¨ª, el ACNUR advirti¨® a la Presidencia italiana semestral de la UE de que las propuestas legislativas discutidas en la reciente reuni¨®n del Consejo de Ministros de Justicia e Interior vulneran la Carta Europea de Derechos Fundamentales, as¨ª como las obligaciones que el Derecho Internacional impone a los distintos Estados miembros. Con la excusa del proceso de armonizaci¨®n de las pol¨ªticas comunitarias de asilo exigido por el Tratado de Amsterdam, los Gobiernos europeos pretenden en realidad restringir los niveles de protecci¨®n de los refugiados y cerrar las fronteras, con medidas que conculcan la Convenci¨®n de Ginebra, como la elaboraci¨®n de una lista de supuestos "pa¨ªses seguros" para negar de manera autom¨¢tica el asilo a sus ciudadanos.

Ya han transcurrido 25 a?os desde que la Constituci¨®n consagrara a Espa?a como tierra de asilo, pero hoy solicitar en nuestro pa¨ªs el estatuto de refugiado se ha convertido en un angosto recorrido plagado de incertidumbre, obst¨¢culos y trampas (por ejemplo, la aplicaci¨®n de estatutos de protecci¨®n subsidiarios, devaluados respecto al estatuto, que pueden revocarse y dejar por tanto al solicitante de asilo sin documentos y bajo la amenaza de expulsi¨®n). Y despu¨¦s de este suplicio burocr¨¢tico el Gobierno niega el reconocimiento de la condici¨®n de refugiado al 95% de las personas que lo solicitaron y que se ven condenados a la exclusi¨®n social y a una expulsi¨®n que, seg¨²n los acuerdos adoptados en el seno de la Uni¨®n Europea, puede realizarse con el uso de la fuerza.

Espa?a es hoy, y nos duele profundamente decirlo, una tierra hostil a los refugiados a consecuencia de la pol¨ªtica del Gobierno. No es el lugar de acogida que el pueblo espa?ol aprob¨® en el refer¨¦ndum constitucional de 1978, o el que so?aron las personalidades y organizaciones que fundaron CEAR al calor de ese sentimiento en mayo de 1979. La Espa?a democr¨¢tica de 2003 ha olvidado a la Espa?a desangrada de 1939, que vio c¨®mo centenares de miles de sus hijos ten¨ªan que huir del terror franquista y se repartieron por todos los rincones del planeta.

Pero mientras los refugiados llamen a las puertas de nuestra fortaleza, seguiremos trabajando para que se bajen todos los puentes levadizos. Siempre nos reconoceremos en ellos porque son una met¨¢fora de la humanidad, su destino es el de todos y cada uno de nosotros.

Delia Blanco es presidenta de la Comisi¨®n Espa?ola de Ayuda al Refugiado (CEAR).