Los juristas de la Comisi¨®n propugnan que la UE anule el acuerdo del Ecofin sobre el Pacto

La decisi¨®n adoptada el pasado noviembre por los ministros europeos de Finanzas (Ecofin) de dejar en suspenso el procedimiento sancionador contra Francia y Alemania por incumplir el Pacto de Estabilidad es v¨¢lida, aunque ilegal, por lo que debe solicitarse al Tribunal de la UE que la anule y que, adem¨¢s, lo haga por la v¨ªa de urgencia antes de medio a?o. As¨ª se expone en el informe reservado de los servicios jur¨ªdicos de la Comisi¨®n Europea. El comisario Pedro Solbes cree "¨²til" acudir al Tribunal, pero la Comisi¨®n tomar¨¢ la decisi¨®n al respecto el martes pr¨®ximo.

El breve documento de cuatro p¨¢ginas y un anexo, fechado el pasado 16 de diciembre, est¨¢ firmado por el director general del servicio jur¨ªdico de Bruselas, Michel Petite, quien asegura que, aunque existen s¨®lidos argumentos para sostener que el acuerdo del Ecofin fue ilegal, el mismo seguir¨¢ siendo v¨¢lido mientras el Tribunal de la UE no lo anule. La ilegalidad del acuerdo est¨¢ basada en dos hechos: el impl¨ªcito rechazo de los ministros a poner en marcha las medidas sancionadoras contra Par¨ªs y Berl¨ªn recomendadas por el Ejecutivo comunitario y su acuerdo para dejar "en suspenso" el procedimiento por d¨¦ficit excesivo contemplado en el art¨ªculo 104 del Tratado de la Uni¨®n.

Con respecto a la primera afirmaci¨®n, el documento indica que la decisi¨®n del Ecofin no s¨®lo no tiene base jur¨ªdica alguna en el Tratado, sino que adem¨¢s es contrario al sistema sancionador establecido en el mismo contra los pa¨ªses cuyos d¨¦ficit p¨²blicos superan el l¨ªmite del 3% del PIB establecido en el Pacto de Estabilidad.

Para lograr la anulaci¨®n del acuerdo, a?ade el informe, la Comisi¨®n tendr¨¢ que demostrar que el Ecofin no ten¨ªa otra opci¨®n que la de seguir el procedimiento sancionador del art¨ªculo 104 y hay, precisa, varios argumentos a favor de esa tesis. De entrada, explica, el Ecofin pod¨ªa haber modificado las recomendaciones de la Comisi¨®n (poner bajo vigilancia las cuentas p¨²blicas de Berl¨ªn y Par¨ªs y exigirles reducciones concretas del d¨¦ficit en 2004 y 2005) exponiendo an¨¢lisis econ¨®micos diferentes a los que present¨® el Ejecutivo comunitario. Pero no s¨®lo no lo hizo, sino que, de hecho, confirm¨® las evaluaciones del Ejecutivo comunitario sobre los excesivos d¨¦ficit de Alemania y Francia y reconoci¨® que ambos pa¨ªses deb¨ªan tomar medidas suplementarias para reconducir sus desequilibrios presupuestarios. Por eso, el Ecofin no ten¨ªa margen para eludir el procedimiento sancionador previsto en el Tratado.

Por el contrario, al optar por una decisi¨®n que el informe jur¨ªdico considera at¨ªpica, el Ecofin viol¨® los mecanismos legales de control presupuestario establecidos en el Tratado y el Pacto, que dice expl¨ªcitamente que los ministros de Finanzas deben obligar al pa¨ªs afectado a tomar medidas correctoras en un plazo de diez meses una vez detectado un d¨¦ficit excesivo.

El objetivo final de acudir al Tribunal consiste, por tanto, dice el documento, en que los magistrados europeos establezcan que, en una Comunidad de Derecho, las reglas del Tratado no pueden ser ignoradas o cambiadas ¨²nicamente porque no hay una mayor¨ªa que apoye las propuestas de la Comisi¨®n (en efecto, no hubo esa mayor¨ªa en dos votaciones previas del Ecofin). Por el contrario, no se pretende que el Tribunal examine si eran adecuados el an¨¢lisis econ¨®mico de la Comisi¨®n o las medidas correctoras que propuso.

De otro lado, los juristas sostienen que el Ecofin tambi¨¦n viol¨® el Tratado al dejar en suspenso el procedimiento sancionador, porque s¨®lo puede hacerlo si el pa¨ªs afectado ya ha tomado con anterioridad medidas para corregir su d¨¦ficit, algo a lo que el Ecofin no se refiri¨® en sus conclusiones.

El informe jur¨ªdico pone de relieve que el plazo habitual para resolver estos casos ante el Tribunal de la UE es de dos a?os y que, dada la incertidumbre legal existente, conviene solicitar que los magistrados apliquen el procedimiento de urgencia de forma que haya una decision judicial r¨¢pida que se producir¨ªa entre tres y seis meses despu¨¦s de presentar la denuncia. En estos d¨ªas, los 20 comisarios analizan los hechos para debatirlos el pr¨®ximo martes.

El comisario de Asuntos Econ¨®micos y Monetarios, Pedro Solbes, encabeza el grupo de comisarios partidarios de acudir al Tribunal, aunque otros, como el franc¨¦s Michel Barnier o la alemana Michaele Shreyer, tienen grandes dudas. La posici¨®n de Solbes ha sido sostenida y avalada sin fisuras por sus dos principales colaboradores en este terreno: el alem¨¢n Klaus Regling, director general y uno de los redactores del Pacto de Estabilidad en 1997; y su jefe de Gabinete, Luis Planas, uno de los espa?oles con m¨¢s experiencia en asuntos comunitarios por su amplia trayectoria en la Comisi¨®n y en el Parlamento Europeo.