Un diputada de IU acusa al Gobierno de impedirle entrar a un reformatorio
La portavoz de Asuntos Sociales de Izquierda Unida en el Parlamento auton¨®mico, Caridad Garc¨ªa, denuncia que el Gobierno regional, del PP, le impidi¨® ayer entrar al reformatorio Altamira (San Blas), donde pensaba reunirse con los trabajadores de este centro semiabierto para menores autores de delitos, que permanecen encerrados desde el pasado viernes en demanda de mejoras en sus condiciones de trabajo. El grupo parlamentario de IU tiene previsto presentar una queja ante la Comunidad por este hecho, seg¨²n informa Europa Press.
Garc¨ªa explic¨® que en un principio hab¨ªa acordado reunirse con una delegaci¨®n de los trabajadores de los reformatorios p¨²blicos madrile?os en la propia sede parlamentaria. Pero accedi¨® a cambiar el lugar del encuentro para conocer tambi¨¦n la opini¨®n de los encerrados de Altamira, que est¨¢n siendo secundados en su protesta por sus compa?eros de otros dos centros de gesti¨®n p¨²blica, Renasco y El Madro?o, ambos en Carabanchel.
Sin embargo, cuando la diputada pidi¨® autorizaci¨®n telef¨®nica para entrar a Altamira, las autoridades del centro se la denegaron "con el argumento de que la solicitud no se hab¨ªa realizado con la suficiente antelaci¨®n y que era necesario el permiso del gerente del Instituto Madrile?o del Menor y la Familia (IMMF)", seg¨²n se?al¨® la propia diputada.
Portavoces del IMMF, cuyo gerente, Juan Jos¨¦ Garc¨ªa Ferrer, asumi¨® el cargo el 19 de diciembre, insisten en que la diputada de IU "puede reunirse siempre que desee con los trabajadores de los centros de reforma, pero pidi¨¦ndolo por adelantado, porque as¨ª lo exigen las normas de estos recintos".
"Falta de recursos"
Durante el encuentro, que finalmente se desarroll¨® en la Asamblea de Madrid, los trabajadores trasladaron a Garc¨ªa "las deficiencias" de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La diputada considera que el Gobierno del PP "se ha mostrado incapaz de aplicar dicha ley en los centros de su competencia". Critic¨® la "falta de recursos humanos" y "la incapacidad" para desarrollar los programas educativos que "permitan la incorporaci¨®n de los internos a la sociedad".
Los trabajadores de Altamira, Renasco y El Madro?o denuncian la "saturaci¨®n" que padecen estos recintos destinados a menores autores de delitos graves (sobre todo robos con violencia). As¨ª, en El Madro?o hay 17 internos cuando s¨®lo caben 15; en Altamira hay 22, frente a los 20 previstos, y el Renasco, con 19 plazas, tiene 22 chicos.
Adem¨¢s de estas 54 plazas en reformatorios de gesti¨®n p¨²blica en Madrid hay otro centenar en seis centros regentados por empresas privadas. Pero todas ellas se han quedado cortas. Entre los planes para paliar esta falta de capacidad est¨¢ la ampliaci¨®n de uno de los centros ya existentes, el de El Pinar (Fuencarral), y la construcci¨®n de otro, de alta seguridad, en Valdemoro.
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