Aumenta el n¨²mero de muertes pese a la mayor protecci¨®n a las v¨ªctimas

Mayor protecci¨®n, pero tambi¨¦n m¨¢s muertes. La violencia dom¨¦stica siega un n¨²mero creciente de vidas cada a?o -70 mujeres y 13 hombres murieron a manos de su pareja o ex pareja en 2003-. Y ello pese a los planes de actuaci¨®n que el Gobierno desarrolla desde 1998 y de las medidas, m¨¢s eficaces, de 2003: la de protecci¨®n inmediata, pactada por todos los grupos parlamentarios, y el endurecimiento del tratamiento penal. Se estima que casi dos millones de mujeres son v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica.

Al poco de alcanzar el Gobierno en 1996, y a ra¨ªz de casos tan graves y sangrantes como el asesinato de Ana Orantes (quemada viva por su marido en 1997), la violencia dom¨¦stica comenz¨® a considerarse un problema p¨²blico y salt¨® al debate pol¨ªtico y social. El primer plan de acci¨®n, en 1998, prim¨® la creaci¨®n de casas de acogida en colaboraci¨®n con las comunidades aut¨®nomas (casi 150.000 mujeres atendidas en dos a?os). Sin embargo, carec¨ªa de medidas eficaces para las v¨ªctimas que denunciaran a sus agresores.

La cifra de muertes continu¨® al alza. Las denuncias por maltrato tambi¨¦n. En 2000, el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Jos¨¦ Bono, de que se publicar¨ªan los nombres de los condenados por violencia dom¨¦stica contribuy¨® a que la cuesti¨®n se instalara en la palestra pol¨ªtica.

Al a?o siguiente, el segundo plan de acci¨®n gubernamental apost¨® por reforzar las medidas legislativas, sin aportar m¨¢s dinero. El PP tambi¨¦n pidi¨® m¨¢s rapidez y eficacia a los jueces, porque dos de cada tres juicios por maltrato acababan en absoluci¨®n.

En las campa?as publicitarias, el Ejecutivo insist¨ªa en animar a las v¨ªctimas a denunciar a los agresores. Pero segu¨ªa sin implantar medidas de protecci¨®n a posteriori. En la pr¨¢ctica, s¨®lo exist¨ªan las que dictaban los jueces. Y lo hac¨ªan con cuentagotas, seg¨²n reconoci¨® un informe del Consejo General del Poder Judicial. Adem¨¢s, la polic¨ªa apenas vigilaba que se cumplieran las ¨®rdenes de alejamiento. El estudio revel¨® que una de cada cuatro personas muertas por violencia familiar en 2002 hab¨ªa presentado denuncia. A menudo, la denuncia no imped¨ªa una nueva agresi¨®n, a veces mortal.

En 2002, el problema lleg¨® al Parlamento. El PP rechaz¨® la iniciativa socialista de una "ley integral" contra la violencia machista.Las cr¨ªticas arreciaron. Una semana despu¨¦s, el Gobierno acept¨® la idea de legislar.

El resultado fue la aprobaci¨®n, por consenso, de la orden judicial de protecci¨®n a las v¨ªctimas, en vigor desde agosto pasado. Permite que el juez decida en menos de 72 horas sobre cuestiones como el alejamiento del agresor (que debe controlar la polic¨ªa) y active la ayuda social y econ¨®mica a las v¨ªctimas sin ingresos (300 euros mensuales). Hasta ahora, ninguna mujer con orden de protecci¨®n ha muerto, pero tampoco se ha frenado la sangr¨ªa de vidas.