Control de los medios p¨²blicos y privados

El intervencionismo, especialmente en el sector audiovisual, ha marcado la pol¨ªtica del PP en los medios de comunicaci¨®n. Desde el Gobierno se impuls¨® la creaci¨®n de un grupo abanderado por Telef¨®nica y pilotado por Juan Villalonga, compa?ero de colegio de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. El grupo naci¨® con la compra de Antena 3 en julio de 1997, y agrup¨® V¨ªa Digital, Onda Cero y productoras de cine y televisi¨®n.

Esta maquinaria estaba destinada a impedir el despegue de la plataforma Canal Sat¨¦lite Digital (CSD), liderada por el Grupo PRISA. El mercado, finalmente, impuso su ley y V¨ªa Digital y Sogecable sellaron la fusi¨®n el 8 de mayo de 2002.

Un a?o m¨¢s tarde, Antena 3 y Onda Cero abandonaron el barco de Telef¨®nica para pasar a manos del grupo Planeta-De Agostini.

Tambi¨¦n los tribunales se pronunciaron. El Supremo conden¨® al Gobierno a indemnizar con 26,4 millones de euros a CSD por los perjuicios derivados de la aplicaci¨®n de un real decreto, de enero de 1997, y una ley posterior que obstaculizaron el funcionamiento de la plataforma.

La aventura digital, que pretend¨ªa colocar a Espa?a en la vanguardia tecnol¨®gica en medios audiovisuales, ha sido un estrepitoso fracaso. La plataforma digital Quiero quebr¨® en abril de 2002, a los dos a?os de nacer, y dej¨® un reguero de p¨¦rdidas, y las dos concesiones de televisi¨®n digital terrestre (adjudicadas a El Mundo y Abc) emiten sin que casi nadie las vea por falta de una tecnolog¨ªa adecuada.

Tampoco el PP ha dejado escapar a su control los medios p¨²blicos, pese a que en el programa electoral de 1996 propugnaba reformar el Estatuto de RTVE y el marco jur¨ªdico, la organizaci¨®n y el sistema de financiaci¨®n del ente p¨²blico para "evitar su endeudamiento".

Todo ha sido papel mojado. El PP hered¨® una deuda acumulada de 1.585 millones de euros, cifra que a finales del actual ejercicio se habr¨¢ multiplicado casi por cinco, hasta alcanzar 6.892 millones.

El Gobierno adscribi¨® RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2000 para intentar sacar al ente p¨²blico del agujero negro y ambos organismos dise?aron un Plan Marco de Viabilidad. Este documento prev¨¦ la desaparici¨®n de la deuda (6.200 millones, que ser¨¢n asumidos por el Estado) y el d¨¦ficit anual el 1 de enero de 2005. Tampoco el PP cumpli¨® su promesa de privatizar las televisiones auton¨®micas. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, anunci¨® en septiembre de 2000 la salida a subasta de Telemadrid, y en la Comunidad Valenciana se iniciaron los pasos para poner en manos de la iniciativa privada algunas parcelas de la gesti¨®n de Canal 9, pero ninguno de de los dos proyectos ha prosperado.

ACUSADA DE SECTARISMO Condenada en 2002

Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar incumpli¨® su compromiso de no designar a militantes de su partido al frente de RTVE. Al a?o de ocupar el Gobierno nombr¨® a Fernando L¨®pez-Amor, diputado del PP. Era el segundo eslab¨®n en la cadena de cinco directores generales en ocho a?os: M¨®nica Ridruejo, Fernando L¨®pez- Amor, P¨ªo Cabanillas, Javier Gonz¨¢lez Ferrari y Jos¨¦ Antonio S¨¢nchez.

El PP ignor¨® tambi¨¦n el proyecto de hacer de RTVE "un veh¨ªculo de informaci¨®n respetando los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad". Oposici¨®n y sindicatos han protestado sistem¨¢ticamente por el sectarismo y la falta de pluralidad y neutralidad de los telediarios. Y por primera vez, TVE fue condenada por la Audiencia Nacional por manipular la informaci¨®n sobre la huelga general del 20 de junio de 2002. Estaba al frente de los informativos Alfredo Urdaci.

Adem¨¢s de desentenderse del grave problema financiero de RTVE, el Gobierno no ha sido capaz de poner orden en el complejo panorama de la radio y la televisi¨®n. Los anuncios de una ley audiovisual han sido humo. Tanto como la creaci¨®n de "una autoridad independiente del poder Ejecutivo" para regular el sector.

El Gobierno se ha limitado a poner parches a la mara?a normativa urdida a trav¨¦s de una docena de leyes, y casi siempre de espaldas al Parlamento. Las actuaciones de mayor calado (eliminar el tope accionarial de las televisiones privadas y regular la actividad de las locales) se han llevado a cabo a trav¨¦s de una ley embudo en la que cabe de todo, la de Acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado.