El Defensor del Pueblo estudia si recurre ante el Constitucional la Ley de Extranjer¨ªa
Abogados, ayuntamientos, asociaciones de inmigrantes e IU piden a M¨²gica que impugne la norma
El Defensor del Pueblo est¨¢ estudiando la solicitud presentada el pasado jueves por el Consejo General de la Abogac¨ªa para que recurra ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de la Ley de Extranjer¨ªa, modificada por el Gobierno en noviembre pasado con el apoyo del PSOE. La ley permite, entre otros apartados cuestionados, el acceso a datos personales de inmigrantes a trav¨¦s del padr¨®n municipal sin el consentimiento previo de los afectados. Los ayuntamientos de Jerez y Algeciras, IU y varias asociaciones de inmigrantes tambi¨¦n han solicitado que Enrique M¨²gica recurra la ley.
Un portavoz del Defensor del Pueblo no quiso precisar ayer a este peri¨®dico la cifra de las asociaciones que se han sumado a la solicitud del Consejo de la Abogac¨ªa. A tres semanas de finalizar el plazo para presentar el recurso ante el Constitucional, no es probable que se repita la avalancha de peticiones de hace casi tres a?os. En marzo de 2001 m¨¢s de 700 organizaciones, entre asociaciones, partidos y sindicatos, solicitaron sin ¨¦xito a Enrique M¨²gica que interpusiera un recurso ante el Constitucional tras la anterior reforma de la Ley de Extranjer¨ªa. En aquella ocasi¨®n el Defensor del Pueblo rechaz¨® las peticiones afirmando la constitucionalidad de la norma.
"La solicitud del Consejo de la Abogac¨ªa nos ha animado a hacer lo mismo", asegura Susana L¨®pez, responsable federal de migraciones de IU, aunque admite su desaliento: "El apoyo del PSOE a la ley supone un jarro de agua fr¨ªa para los que defendemos los derechos de los inmigrantes". La asociaci¨®n Andaluc¨ªa Acoge, la primera en solicitar el recurso a finales de enero, y copart¨ªcipe del informe presentado por el Consejo de la Abogac¨ªa para argumentar su solicitud ante el Defensor del Pueblo, es m¨¢s optimista. La ONG espera que la iniciativa cuente con el apoyo de las mismas organizaciones e instituciones que en 2001, sobre todo por parte del Gobierno vasco que s¨ª podr¨ªa interponer recurso directamente ante el Constitucional.
"El Gobierno est¨¢ desmantelando las garant¨ªas constitucionales y los derechos fundamentales de los inmigrantes", asegura Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Candela, asesor jur¨ªdico de Andaluc¨ªa Acoge. Un ejemplo es, seg¨²n el informe de los juristas, la posibilidad contemplada en el art¨ªculo tercero de la ley, de que el Ministerio del Interior pueda acceder a los datos personales de los inmigrantes a trav¨¦s del padr¨®n sin el consentimiento previo de los afectados. Las asociaciones de extranjeros denuncian que los indocumentados pueden sentir temor a darse de alta en los registros, con lo que perder¨ªan su derecho a utilizar los servicios b¨¢sicos, entre ellos la sanidad. Rodr¨ªguez Candela va m¨¢s lejos y se?ala que la intenci¨®n del Gobierno es "maquillar los n¨²meros", ya que los datos de poblaci¨®n del Instituto Nacional de Estad¨ªstica se nutren de los bases de datos municipales. "Dentro de un a?o, el Gobierno dir¨¢ que ha disminuido el n¨²mero de sin papeles en Espa?a, pero eso ser¨¢ falso. Las personas no desaparecer¨¢n porque se les borre del padr¨®n".
El informe tambi¨¦n critica la supuesta falta de garant¨ªas legales en los centros de internamiento de extranjeros. El art¨ªculo 62 de la ley permite aplicar medidas de aislamiento a personas que no son delincuentes sin las garant¨ªas que prev¨¦ la Ley Org¨¢nica de R¨¦gimen Penitenciario.
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