Atrapados en los compromisos de Kioto
Las exigencias medioambientales colocan a Espa?a ante el dilema de incumplirlos o abrir una grave crisis industrial
En cuesti¨®n de meses, el humo va a tener un precio. Real, en euros contantes y sonantes. La Uni¨®n Europea (UE), cuyos 15 socios forman parte del grupo de 119 Estados que han asumido el Protocolo de Kioto para reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), va a ensayar entre 2005 y 2007, un "mercado del humo" para forzar a los Estados miembros a reducir las emisiones de gases contaminantes.
Ese mercado estar¨¢ plenamente vigente en 2008 y forzar¨¢ a quien supere los l¨ªmites establecidos a pagar para comprar derechos de emisi¨®n a quien le sobren. Ello, sin perjuicio de sufrir multas por ser poco cumplidor.
El prop¨®sito es que en 2012, el conjunto de la Uni¨®n Europea contamine un 8% menos que en 1990. Espa?a tiene que contribuir al esfuerzo y se enfrenta a un grave problema. En el reparto de cuotas dentro de la UE, Espa?a ha firmado, rubricado y convertido en ley que sus emisiones de gases contaminantes no superar¨¢n en 2012 en un 15% las emisiones registradas en 1990.
Iberdrola apuesta por sustituir el carb¨®n importado por gas en las centrales el¨¦ctricas y porque cada empresa gestione sus derechos de emisi¨®n
El grupo de el¨¦ctricas que encabeza Endesa ha advertido de que una mala decisi¨®n sobre el reparto de derechos encarecer¨ªa la luz un 15%
"No se puede permitir que lo que es de todos [la lluvia] proporcione a una sola compa?¨ªa el¨¦ctrica [Iberdrola] beneficios ca¨ªdos del cielo"
"Nadie nos va a obligar a cumplir a los espa?oles [los compromisos del Protocolo de Kioto] sobre un escenario de empresas"
"La Uni¨®n Europea tiene que poner fechas l¨ªmite para ver si se sigue manteniendo la normativa actual sobre gases contaminantes"
"Se puede y se debe cumplir con Kioto. Hay colch¨®n suficiente para evitar que el cumplimiento afecte a la tarifa que paga el consumidor"
Eso supone que podr¨¢ lanzar a la atm¨®sfera, como mucho 333 millones de toneladas de di¨®xido de carbono (CO2) en 2012. Pero ?c¨®mo lograrlo cuando ya el pasado a?o superaba ese l¨ªmite en un 38%? ?c¨®mo lograrlo, adem¨¢s, cuando el pa¨ªs necesita seguir creciendo, es decir, contaminando m¨¢s que sus vecinos, para acercarse al nivel de vida medio de sus socios?
Reparto y responsabilidades
El grave problema afecta a varios sectores empresariales, responsables de la mitad de todas las emisiones de CO2 (electricidad, siderurgia, papeleras, refiner¨ªas, cemento, azulejos y f¨¢bricas que producen carb¨®n de coque).
El Gobierno tiene que decidir antes del 31 de marzo qu¨¦ cantidades de CO2 podr¨¢ emitir cada sector y dentro de cada sector, cada instalaci¨®n. Se ha desatado la guerra y una pregunta: ?qui¨¦n es el responsable de una negociaci¨®n que puede costar al pa¨ªs entre 1.000 y 4.000 millones de euros anuales en compra de derechos? Y m¨¢s teniendo en cuenta que las emisiones por habitante son en Espa?a de 9,7 toneladas de CO2 frente a 10,9 de media en Europa.
La industria m¨¢s afectada es la el¨¦ctrica y en su seno es donde la pol¨¦mica es m¨¢s intensa. Hay dos posturas enfrentadas: por un lado Endesa -primera el¨¦ctrica del pa¨ªs-, junto con Uni¨®n Fenosa, Hidrocant¨¢brico y Viesgo; por otro, Iberdrola, apoyada por nuevos entrantes en el negocio el¨¦ctrico. El enfrentamiento es duro y, entre otras cosas, ha cuarteado los cimientos de Unesa, la patronal de las el¨¦ctricas que tradicionalmente era un remanso de paz.
Las posturas son, aparentemente, irreconciliables. Iberdrola afirma que el objetivo asumido por Espa?a se puede cumplir; apuesta por reducir el uso de carb¨®n de importaci¨®n (no el nacional) en las centrales t¨¦rmicas, as¨ª como las horas de funcionamiento de ¨¦stas y centra el futuro del sector el¨¦ctrico en las centrales de ciclo combinado y las energ¨ªas limpias (hidr¨¢ulica, e¨®lica, etc¨¦tera). Las centrales de ciclo combinado queman gas natural, un 60% menos contaminante que el carb¨®n.
Adem¨¢s, Iberdrola quiere que el c¨¢lculo para asignar derechos tenga en cuenta las emisiones futuras, no las emisiones hist¨®ricas, y que cada empresa gestione como mejor sepa y pueda los derechos que le correspondan. Seg¨²n sus c¨¢lculos, el sector el¨¦ctrico necesitar¨ªa entre 2005 y 2007 unos derechos de emisi¨®n de 254 millones de toneladas de CO2. Pero aboga por un "esfuerzo adicional" asumible por el sector, para dejar esa cantidad en 209 millones.
El dilema del carb¨®n
En el otro frente, el de Endesa, Uni¨®n, Fenosa, Hidrocant¨¢brico y Viesgo, las peticiones y los c¨¢lculos son muy distintos. Este grupo, que suma 12 centrales t¨¦rmicas de carb¨®n (siete s¨®lo Endesa) frente a las tres de Iberdrola, considera que los objetivos asumidos por Espa?a son "excesivos". Y ello porque el pa¨ªs, con crecimientos de la demanda el¨¦ctrica en 2003 de entorno al 6%, no puede prescindir del carb¨®n. ?ste, explican, supone m¨¢s del 30% de la producci¨®n y es m¨¢s barato y estable que el gas natural, que est¨¢ referenciado en su precio al petr¨®leo. El pa¨ªs tampoco puede asumir m¨¢s dependencia energ¨¦tica del exterior, ni penalizar la historia de sus empresas. Endesa recuerda en este punto que, siendo p¨²blica, asumi¨® la explotaci¨®n y quema de carb¨®n en zonas deprimidas.
Por ello, sus peticiones al Gobierno son 290 millones de toneladas de emisiones en el periodo 2005-2007, 81 millones m¨¢s de lo que solicita Iberdrola, teniendo en cuenta las emisiones hist¨®ricas de las empresas. Adem¨¢s, ese grupo, mayoritario en Unesa propone un sistema de gesti¨®n global y com¨²n de los derechos de emisi¨®n para evitar la especulaci¨®n.
El enfrentamiento, claro est¨¢, no s¨®lo es una cuesti¨®n te¨®rica ni de principios. Tras ¨¦l hay dinero. Contaminar va a ser caro y alguien lo tendr¨¢ que pagar. Las el¨¦ctricas que encabeza Endesa han advertido de que un mal reparto de los derechos podr¨ªa encarecer la tarifa el¨¦ctrica un 15% sobre lo calculado. Son palabras mayores. Los planes del Gobierno hasta 2011 contemplan subidas anuales m¨¢ximas del 2%.
El bolsillo del consumidor
Por su parte, Iberdrola -apoyada en algunos de sus planteamientos por sindicatos como CC OO- considera que cumplir con Kioto no tiene por qu¨¦ afectar al bolsillo del consumidor. "Hay colch¨®n" sostiene el consejero delegado Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n. Ese colch¨®n podr¨ªa ser, entre otros, el porcentaje que todos los usuarios pagan en el recibo (3,54%) por la moratoria nuclear y que deber¨ªa desaparecer en 2007.
En la pugna que libran como cabezas m¨¢s visibles los consejeros delegados de Endesa e Iberdrola, Rafael Miranda e Ignacio S¨¢nchez Gal¨¢n hay otros muchos elementos que hay que tener en cuenta. Primero, la historia de cada empresa y de cada gestor.
Iberdrola, que en los ¨²ltimos a?os no invirti¨® tanto como sus competidores en negocios alejados de la producci¨®n el¨¦ctrica, es fuerte en producci¨®n de energ¨ªa con centrales hidr¨¢ulicas (que no contamina). Y ha apostado en los ¨²ltimos a?os por las centrales de ciclo combinado (a gas) cerrando contratos de compra de gas (take for pay) que ahora necesita utilizar. Cuantas m¨¢s horas funcionen sus centrales de ciclo combinado, mejor.
Adem¨¢s, un traslado del coste medioambiental al precio del kilowatio-hora en el mercado mayorista el¨¦ctrico podr¨ªa beneficiar tambi¨¦n a la energ¨ªa de origen hidr¨¢ulico y nuclear, que subir¨ªa de precio pese a no tener el componente "sucio" que encarecer¨ªa el producto. Ser¨ªa un buen tanto para Iberdrola. Adem¨¢s, est¨¢ la personalidad de S¨¢nchez Gal¨¢n, un gestor llegado del sector de las telecomunicaciones que ha prometido duplicar el resultado de la compa?¨ªa y que est¨¢ convencido de que en estos momentos, el capitalismo vive otra revoluci¨®n, en este caso no basado en la m¨¢quina de vapor, sino en la ecolog¨ªa.
Para el grupo Endesa, propietario de casi la mitad de los 11.000 megawatios de potencia el¨¦ctrica con carb¨®n instalada en Espa?a, la pel¨ªcula es distinta. Sustituir carb¨®n por gas supondr¨ªa un esfuerzo brutal para la compa?¨ªa que un d¨ªa fue p¨²blica. Endesa y sus aliados creen injusto que su competidor directo se beneficie de lo que denominan windfall profits (ganancias inesperadas) por el hecho de gestionar m¨¢s agua que los dem¨¢s y por una negociaci¨®n que prime la energ¨ªa hidr¨¢ulica, nuclear y e¨®lica. Rafael Miranda ha recordado esta misma semana que el gran activo de Iberdrola, la energ¨ªa hidr¨¢ulica, "est¨¢ fuera del mercado en algunos pa¨ªses". Todo un aviso.
La discusi¨®n, en forma de gr¨¢ficos, porcentajes, informes por sectores, c¨¢lculo de costes y un largo etc¨¦tera est¨¢ sobre la mesa del secretario de Estado de Energ¨ªa, Jos¨¦ Folgado, y de la Coordinadora del Plan Nacional de Asignaciones, Bel¨¦n Cristino.
Tendr¨¢n que decidir cu¨¢nto contamina cada qui¨¦n, d¨®nde y si todos los derechos que asignan son gratuitos o por el contrario, tal y como permiten las normas comunitarias, reservan un 5% del total de derechos para licitaci¨®n y subasta. Los c¨¢lculos a realizar por la Administraci¨®n, a¨²n teniendo en cuenta que el periodo 2005-2007 es de prueba, son dif¨ªciles. Nadie sabe qu¨¦ precio final por tonelada de CO2 fijar¨¢ el mercado. Los c¨¢lculos var¨ªan hoy entre cinco y 32 euros por tonelada.
La patronal CEOE, en una postura de m¨¢ximos, ha hecho llegar a Folgado en un documento su "recomendaci¨®n". ?sta es simple: "seguir la iniciativa de algunos pa¨ªses en los que el Gobierno est¨¢ asumiendo la compra de los derechos de emisi¨®n necesarios para asegurar el nivel de actividad de sus sectores econ¨®micos". En otras palabras, que el Gobierno, que negoci¨® un plan dif¨ªcil de asumir, arregle el desaguisado y no cargue el problema (y su financiaci¨®n) sobre las empresas.
Otra cosa ser¨¢, como destacan los sindicatos, que el problema acabe afectando al bolsillo de los contribuyentes. Empresas y empresarios conf¨ªan en las palabras pronunciadas por Folgado: ""Nadie nos va a obligar a cumplir [los compromisos medioambientales de Kioto] sobre un cementerio de empresas".
Como ¨²ltima esperanza est¨¢ la posibilidad de que la Uni¨®n Europea reconsidere sus planes. Sobre todo si Rusia (un potencial gran vendedor de derechos de emisi¨®n de di¨®xido de carbono gracias al desplome industrial que sufri¨® tras el estallido de la antigua URSS) no se suma al Protocolo de Kioto. La comisaria europea, Loyola de Palacio, ha esgrimido en varias ocasiones esa posibilidad de que la Uni¨®n Europea suavice sus objetivos.
P¨ªrrico, modesto e incierto
El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional de 1997 que obliga a reducir la emisi¨®n de gas de efecto invernadero. Responde a las dram¨¢ticas advertencias de organismos de la ONU: en 50 a?os las emisiones t¨®xicas a la atm¨®sfera se triplicar¨¢n, el gasto de energ¨ªa se duplicar¨¢, y para final de siglo la temperatura media del planeta subir¨¢ entre 1 y 3,5 grados cent¨ªgrados. Datos que auguran extremos cambios de clima e inmensurables repercusiones socioecon¨®micas y sobre la salud.
El Protocolo, que s¨®lo obliga a quienes lo suscribieron y cuando lo ratifique un m¨ªnimo de 55 pa¨ªses que representen el 55% de las emisiones de los pa¨ªses ricos, propone medidas muy modestas para el cambio clim¨¢tico, apenas rebajar¨¢ en 0,1 grados el calentamiento previsto del planeta. La clave para su entrada en vigor, tras el rechazo por motivos de coste y de competitividad de EE UU, esta en la adhesi¨®n o no de Rusia. De ah¨ª las esperanzas de muchos pa¨ªses y sectores de que al final quede aparcado.
La UE, por otra parte, acord¨® ir m¨¢s all¨¢ de lo propuesto por Kioto y reducir sus emisiones en un 8% para 2012 sobre cifras de 1990. Espa?a acept¨® dentro de este compromiso reducirlas un 15% y por ello ahora, tras haber incrementado esas emisiones en los ¨²ltimos a?os cerca de un 40%, se halla en una situaci¨®n muy delicada.
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