El juez exige a la Junta que demande al Estado en el caso de las tabacaleras

La Junta de Andaluc¨ªa tendr¨¢ que demandar al Estado si quiere mantener viva su demanda contra seis tabaqueras, a las que exige una indemnizaci¨®n de 1,77 millones de euros por los gastos de atenci¨®n sanitaria a 135 pacientes. El juez de Madrid que instruye la demanda ha aceptado la petici¨®n de las empresas. En el auto, argumenta que el Estado debe estar presente en el proceso, ya que debe dirimirse si tiene responsabilidad patrimonial por el antiguo monopolio de Tabacalera (hoy Altadis, una de las demandadas). Y reabre la posibilidad de enviar el caso a la v¨ªa contencioso-administrativa.

El titular del Juzgado n¨²mero 68 de Primera Instancia de Madrid, Manuel Eduardo Regalado, da a la Junta de Andaluc¨ªa un plazo de 15 d¨ªas para ampliar su demanda a la Administraci¨®n del Estado. Y, advierte de que "en caso contrario" proceder¨¢ "al archivo definitivo de las actuaciones" y dar¨ªa carpetazo as¨ª a la primera gran iniciativa jur¨ªdica en Espa?a contra las compa?¨ªas por los perjuicios en la salud del consumo de tabaco.

El juez da dos razones b¨¢sicas para considerar que la Administraci¨®n del Estado debe estar incluida en la demanda, tal y como le pidieron hace diez d¨ªas las empresas en la vista previa. El titular del Juzgado n¨²mero 68 entiende que el Estado puede tener que hacer frente a una responsabilidad patrimonial si, al final del proceso, se da la raz¨®n a la Junta y se obliga a las compa?¨ªas a indemnizar. Una conclusi¨®n que basa en la participaci¨®n "directa e indirecta" a trav¨¦s de Tabacalera en la comercializaci¨®n del tabaco hasta 1998. "Una parte notabil¨ªsima del consumo de tabaco de los citados pacientes [en la demanda] tuvo lugar con anterioridad a dicho a?o", recuerda.

Como segunda raz¨®n, el juez expone que la concesi¨®n del monopolio de fabricaci¨®n y venta de tabaco a Tabacalera equivale a la "concesi¨®n de un servicio p¨²blico". Y que, en estos casos, si existe una reclamaci¨®n "por el funcionamiento anormal de un servicio p¨²blico concedido", deber¨¢ dirigirse "contra la Administraci¨®n que otorg¨® la concesi¨®n", que luego tendr¨ªa que se?alar quien debe pagar la posible indemnizaci¨®n.

Recurso

Las empresas hab¨ªan solicitado tambi¨¦n que el caso abandone la v¨ªa civil y se derivara a la contencioso-administrativa. El juez cree que "no ha lugar a estimar la falta de jurisdicci¨®n de este tribunal en este momento procesal". No se pronunciar¨¢, pues, hasta que la Junta decida si demanda al Estado, aunque dedica buena parte del auto a dar razones para remitir las diligencias a la v¨ªa contencioso-administrativa si no las archiva. El titular del Juzgado n¨²mero 68 se apoya en varias sentencias y la normativa vigente para concluir que si en el supuesto da?o del que se juzga al Estado han participado tambi¨¦n sujetos privados, el demandante deber¨¢ reclamar contra ellos tambi¨¦n en la v¨ªa contencioso-administrativa y no en la civil.

Contra este auto, la Junta de Andaluc¨ªa puede interponer un recurso de reposici¨®n, en un plazo de cinco d¨ªas, que resolver¨¢ el propio juez. Un portavoz de la Consejer¨ªa andaluza de Salud explic¨® que el gabinete jur¨ªdico de la Junta estudia el auto y que el Ejecutivo andaluz decidir¨¢ hoy si agota el recurso.

En caso de que el titular del Juzgado n¨²mero 68 desestime, como ocurre en la mayor¨ªa de los casos, el recurso de reposici¨®n, la Junta de Andaluc¨ªa no tendr¨¢ m¨¢s remedio que demandar a la Administraci¨®n del Estado (el Gobierno central) si no quiere que se archive definitivamente la demanda. Ser¨¢ entonces cuando el juez tenga que pronunciarse sobre el env¨ªo de las diligencias a la v¨ªa contencioso-administrativa, una puerta que deja claramente abierta en el auto.

El Ejecutivo andaluz s¨ª tendr¨¢ entonces la oportunidad de recurrir ante otra instancia, la Audiencia Provincial de Madrid, y evitar as¨ª que la causa llegue a la v¨ªa contencioso-administrativa con el Estado entre los demandados. Una opci¨®n que alargar¨¢ a¨²n m¨¢s un proceso que arranc¨® hace dos a?os.

La Junta cuenta con hacer valer los mismos argumentos que ya expuso ante la propia Audiencia de Madrid en los primeros pasos del proceso, cuando las tabaqueras demandadas (Altadis, British American Tobacco, Cita, Tobacco Canary Island, Philip Morris Spain y J. T Internacional) exigieron que el caso empezara directamente en la v¨ªa contencioso-administrativa por la posible responsabilidad del Estado. Entonces, los abogados del Ejecutivo andaluz mantuvieron que el monopolio estatal era de car¨¢cter "fiscal" y nada ten¨ªa que ver "con la fabricaci¨®n ni la distribuci¨®n de cajetillas de cigarrillos". Y negaron que la concesi¨®n a Tabacalera pueda considerarse un "servicio p¨²blico", cuando el ¨²nico objetivo era "recaudatorio".

En mayo de 2003, la Audiencia de Madrid, indic¨® al juez que arrancara el proceso por la v¨ªa civil y decidiera m¨¢s adelante si el Estado deb¨ªa incluirse en la demanda (cosa que ha hecho ahora). Y, adem¨¢s, mantuvo que Tabacalera, al ser privatizada en 1998, "transmiti¨® todos sus derechos, obligaciones y responsabilidades futuras" a la empresa privada Altadis. Un argumento al que se agarrar¨¢ el gabinete jur¨ªdico de la Junta.