39 v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica obtienen cada d¨ªa la orden de protecci¨®n
El Poder Judicial alerta del "gran aumento" de las muertes en el ¨¢mbito familiar en 2003
Cada d¨ªa, una media de 39 v¨ªctimas de la violencia dom¨¦stica obtienen la orden de protecci¨®n que pone en marcha medidas como el alejamiento del agresor. Desde que entr¨® en vigor la nueva herramienta, a comienzos de agosto, hasta finales de 2003, los jueces concedieron tres de cada cuatro solicitudes: 6.004 de las 7.869 presentadas. S¨®lo en 339 casos (4,3%) los peticionarios fueron hombres, seg¨²n los datos del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero del Poder Judicial, difundidos ayer. Ninguna persona protegida ha muerto.
Seg¨²n el Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial, en los primeros cinco meses de aplicaci¨®n de la orden de protecci¨®n a la violencia dom¨¦stica se registraron 7.869 solicitudes, una media de 51 cada d¨ªa. Se concedieron 6.004 (76%), 39 diarias. Esta nueva herramienta, creada por consenso parlamentario, permite a los jueces dictar, en un m¨¢ximo de 72 horas, medidas cautelares penales (como el alejamiento del agresor), civiles (atribuci¨®n del domicilio) y activar la ayuda social y econ¨®mica a las v¨ªctimas.
La inmensa mayor¨ªa de los solicitantes fueron mujeres (7.530, el 95,7%). Los peticionarios extranjeros ascendieron a 1.318 (16,7%). La mitad de los solicitantes (49,1%) estaban casados y el 11,5% hab¨ªa roto ya el matrimonio. El 17,3% manten¨ªa una relaci¨®n afectiva y el 7,5% la hab¨ªa dado por terminada. En el 14,6% de los casos se daba otra relaci¨®n ajena a la de pareja. La orden protege ante cualquier caso de violencia familiar.
La medida m¨¢s frecuente adoptada en las ¨®rdenes de protecci¨®n fueron los alejamientos: 4.987. Esto supone que en cinco de cada seis ¨®rdenes se incluy¨® esta medida penal cuyo objetivo es evitar nuevas agresiones. Los jueces est¨¢n obligados a informar de ella a las fuerzas de seguridad, a quienes compete proteger a las v¨ªctimas. La presidenta del observatorio, la magistrada Montserrat Comas, pidi¨® ayer m¨¢s medios, especialmente policiales, para asegurar la efectividad de la protecci¨®n.
Las ¨®rdenes incluyeron un total de 8.506 medidas penales. Tras los alejamientos, las m¨¢s frecuentes fueron las prohibiciones de comunicaci¨®n (2.186) y de acudir a alg¨²n lugar (971). Tambi¨¦n se dictaron 362 privaciones de libertad.
Adem¨¢s, los jueces ordenaron 3.980 medidas civiles en favor de las v¨ªctimas: 1.407 sobre custodia y comunicaci¨®n con los hijos, 1.348 de atribuci¨®n de la vivienda, 1.127 sobre pensi¨®n por alimentos y 98 de protecci¨®n de menores. Tanto las medidas civiles como las penales son provisionales.
Por comunidades, Catalu?a se situ¨® en cabeza (1.557 peticiones de protecci¨®n y 1.165 acordadas), seguida de Andaluc¨ªa (1.208 demandas y 990 concesiones) y Madrid (1.127 y 785, respectivamente).
Comas destac¨® la mejor¨ªa que ha supuesto la orden de protecci¨®n, ya que ninguna v¨ªctima protegida ha muerto. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales inform¨® ayer que, hasta el 31 de enero, 2.017 v¨ªctimas hab¨ªan recibido la ayuda mensual de 300 euros. De ellas, m¨¢s de 130 cobraron otros 900 euros para cambiar de casa.
M¨¢s muertes en 2003
El Observatorio tambi¨¦n present¨® ayer un informe sobre las v¨ªctimas mortales de la violencia familiar en 2003. Ascendieron a 103 (81, mujeres). De ellas, 72 se produjeron en el ¨¢mbito de la pareja (65 mujeres y siete hombres) y 31, en el marco de otras relaciones (entre padres e hijos o entre hermanos). Respecto a 2002, el total de casos de violencia familiar creci¨® un 56% y el de los de pareja, un 44%. Comas se?al¨® que se trata de un "gran aumento". Los datos del observatorio, inferiores a otros recuentos, incluyen los casos en los que la autopsia revela muerte violenta y existe un familiar imputado como presunto culpable. Esa estad¨ªstica revela que en el 75,5% de las muertes no hab¨ªa denuncia. En cuatro el agresor incumpli¨® el alejamiento. En el 92% de los procedimientos no intervino abogado.
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