Ciudadanos sin papeles

A¨²n en nuestros d¨ªas existe una franja creciente de poblaci¨®n que se ve privada de los derechos que caracterizan la ciudadan¨ªa. La situaci¨®n de los derechos y las libertades de las personas inmigrantes, los verdaderos extranjeros hoy, y en particular de las personas en situaci¨®n administrativa irregular, en torno a un mill¨®n de personas, es desoladora. No se respetan ni los principios ¨¦ticos m¨ªnimos, se manejan constantemente argumentos xen¨®fobos y se violan numerosos derechos humanos.

El fr¨¢gil avance que supuso inicialmente la aprobaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Extranjer¨ªa 4/2000 ha quedado anulado por las posteriores reformas legislativas, y muy en particular por la m¨¢s reciente Ley Org¨¢nica 14/2003, de 20 de noviembre. As¨ª se ha llegado a institucionalizar la discriminaci¨®n y exclusi¨®n, pretendidamente justificadas por raz¨®n de la nacionalidad del sujeto administrado. Ni la persona ni sus derechos fundamentales cuentan cuando se trata de inmigraci¨®n. Esa desconsideraci¨®n afecta a derechos fundamentales econ¨®micos, sociales y culturales. Es, en definitiva, un estatuto de "apartheid legal", en el que las garant¨ªas jur¨ªdicas y derechos fundamentales quedan mermados hasta hacerlos irreconocibles, y en el que esos sujetos cuentan s¨®lo como herramientas de trabajo, no como personas.

Por todo lo cual me sumo a muchas otras personas en el empe?o de exigir ya de una vez la regularizaci¨®n inmediata de todos los inmigrantes que se encuentran en situaci¨®n de irregularidad administrativa; el reconocimiento de la igualdad de trato con los nacionales, incluidos los derechos pol¨ªticos para los residentes a partir de los tres a?os; y el respeto a la autonom¨ªa local prohibiendo del uso policial de los datos del padr¨®n municipal y respetando el derecho fundamental a la vida privada y familiar.