El Gobierno de CiU mult¨® a un empresario con 600 euros por no tener los r¨®tulos del negocio en catal¨¢n

Un empresario barcelon¨¦s ha sido sancionado por la Generalitat con una multa de 600 euros por tener los r¨®tulos y la documentaci¨®n destinada al p¨²blico exclusivamente en castellano. La sanci¨®n est¨¢ firmada por Josep Tous Andreu, secretario general de Consumo y Seguridad Industrial del anterior Gobierno de CiU.

El actual secretario de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de la Generalitat, Antoni Mir, explic¨® ayer que la sanci¨®n se basa en una ley previa a la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998, insisti¨® en que responde a un expediente "del anterior Gobierno de CiU con el apoyo del PP" y dijo que la voluntad del actual Ejecutivo de la Generalitat "no es llegar a las sanciones" en su pol¨ªtica de normalizaci¨®n del catal¨¢n. Fuentes del actual Departamento de Comercio, Consumo y Turismo afirmaron que este tipo de expedientes se inici¨® en junio de 2002, pero esta resoluci¨®n es una de las primeras que impone una multa por no usar el catal¨¢n.

En la resoluci¨®n, a la que ha tenido acceso Europa Press, se afirma que el empresario, del sector de la construcci¨®n, vulner¨® la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998 porque los letreros y documentaci¨®n para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al p¨²blico deben ser redactados "al menos, en catal¨¢n".

La inspecci¨®n de Consumo levant¨® un acta en un establecimiento de la empresa en enero de 2003, en la que se indicaba que exist¨ªa una falta de "informaci¨®n, r¨®tulos y carteles en idioma catal¨¢n". El empresario aleg¨® que los ¨²nicos carteles que hab¨ªa en las oficinas estaban redactados en catal¨¢n.

La Direcci¨®n General de Consumo propuso una sanci¨®n econ¨®mica de 600 euros alegando que deb¨ªa ser el empresario quien demostrara que no toda la informaci¨®n estaba redactada en castellano, puesto que consideraba "como ciertos" los hechos descritos en las actas de inspecci¨®n.

El empresario aleg¨® de nuevo, entre otras razones, que "el art¨ªculo 3 de la Constituci¨®n espa?ola establece la oficialidad del castellano en todo el territorio", adem¨¢s de insistir en que los ¨²nicos carteles que ten¨ªa en la empresa estaban redactados en catal¨¢n.

Finalmente, el anterior director general de Consumo y Seguridad Industrial impuso la sanci¨®n de 600 euros por vulnerar el art¨ªculo 5? de la Ley de Disciplina del Mercado y Defensa de los Consumidores de 1990, que recoge el "incumplimiento, en relaci¨®n con la protecci¨®n del consumidor y el usuario, de las normas relativas a documentaci¨®n, informaci¨®n, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado r¨¦gimen y funcionamiento de la empresa, la instalaci¨®n o el servicio", as¨ª como el art¨ªculo 8.1 de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998, que recoge que "la se?alizaci¨®n y los carteles de informaci¨®n general de car¨¢cter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al p¨²blico han de ser redactados, al menos, en catal¨¢n".

El letrado del empresario ha anunciado que recurrir¨¢ contra la sanci¨®n en los pr¨®ximos d¨ªas porque la considera "absurda e il¨®gica".