El Parlamento presentar¨¢ el primer recurso contra la Ley de Extranjer¨ªa
El PP defiende la ley y el PSE recuerda que nadie pidi¨® su devoluci¨®n en el Congreso
Los tres grupos del Gobierno y el de la ilegalizada Batasuna (SA) aprobaron ayer con sus votos que el Parlamento presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ¨²ltima reforma de la Ley de Extranjer¨ªa, en vigor desde el pasado 22 de diciembre. La propuesta se tramit¨® por v¨ªa de urgencia a instancias del PNV, EA e IU, entre las suspicacias de populares y socialistas, que la atribuyeron a razones puramente electorales. El PP defendi¨® la constitucionalidad de la ley, mientras que el PSE record¨® que ni el PNV, ni EA ni Izquierda Unida enmendaron a la totalidad el proyecto durante el tr¨¢mite de su debate en el Congreso ni aludieron entonces a su posible inconstitucionalidad .
El Parlamento tom¨® su decisi¨®n por 39 votos a favor (los del tripartito y Sozialista Abertzaleak) y 27 en contra (populares y socialistas). "Lo que aporta este debate es el propio recurso", justific¨® la peneuvista Gema Gonz¨¢lez de Txabarri ante los emplazamientos de PP y PSE a explicar por qu¨¦ se reproduc¨ªa ayer, y con llamada a la urgencia, un debate que ya se registr¨® en noviembre, cuando el pleno se pronunci¨® al respecto.
El recurso, que los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara formalizar¨¢n en breve, cuestionar¨¢ los preceptos que regulan la devoluci¨®n de inmigrantes a sus pa¨ªses de origen, los centros de internamiento y el acceso y uso de los datos del padr¨®n municipal sin consentimiento de los interesados. Los art¨ªculos que se recurrir¨¢n son el 1, en sus apartados 31,32,34,35,38,39 y 40, y el 3, en sus apartados 3 y 5.
Durante el debate, el hemiciclo permaneci¨® semivac¨ªo -a las 11.30 estaban en sus esca?os diez parlamentarios del PNV, cinco del PP, cuatro del PSE, dos de EA, uno de IU y ninguno de SA, un total de 22 sobre los 75- y s¨®lo el consejero de Sanidad, Gabriel Incl¨¢n, ocupaba su sitio en los bancos del Gobierno.
Los grupos del tripartito consideraron que la reforma emprendida el a?o pasado de la Ley de Extranjer¨ªa vigente desde 2000, supone "un retroceso intolerable" en los derechos de los extranjeros, fomenta la inmigraci¨®n ilegal y dificulta el desarrollo de los planes de integraci¨®n que desarrollan las administraciones auton¨®micas y locales. Una de las cr¨ªticas centrales reside en el uso del padr¨®n como "instrumento de control policial" lo que, a juicio del tripartito, impedir¨¢ el acceso de los inmigrantes en situaci¨®n irregular a servicios como la sanidad y la educaci¨®n. Txabarri record¨® que el Consejo General de la Abogac¨ªa ya ha pedido al Defensor del Pueblo, Enrique M¨²gica, que recurra la ley al Constitucional, decisi¨®n que esa instituci¨®n tiene en estudio.
Kontxi Bilbao, de IU, acus¨® al Ejecutivo central de considerar a los inmigrantes "pura mercanc¨ªa, peor que ganado" y reproch¨® al PSE su posici¨®n con los popualres. Desde EA, Rafael Larreina enmarc¨® la ley en la "involuci¨®n democr¨¢tica" del PP y declar¨® llegado "el momento oportuno de defender la Constituci¨®n".
El PP y el PSE, que sacaron adelante la ley en el Congreso el pasado 2 de octubre, con 254 votos a favor, 14 en contra y la abstenci¨®n de CiU, defendieron la norma, aunque el socialista Jes¨²s Loza aclar¨® que no constituye "el gran pacto de Estado sobre la inmigraci¨®n" que su partido desea. El popular Ant¨®n Damborenea sostuvo que los extranjeros tienen en Espa?a "los mismos derechos que los espa?oles" y ret¨® al tripartito a que le mostrase una legislaci¨®n m¨¢s avanzada.
Loza record¨® adem¨¢s a PNV, EA e IU, partidos todos con representaci¨®n en el Congreso, que ninguno de ellos pidi¨® la devoluci¨®n del proyecto al Gobierno, como debieron hacer en la tramitaci¨®n en Cortes si consideraban, como ahora aducen, que la ley vulnera preceptos constitucionales.
Loza interrog¨® tambi¨¦n al tripartito sobre los motivos de que el Gobierno vasco no haya impugnado la ley y acus¨® a la Direcci¨®n de Inmigraci¨®n, dependiente de la consejer¨ªa de Asuntos Sociales, de mantener "un silencio cobarde" ante vulneraciones de derechos provenientes del propio Ejecutivo, en referencia a la circular de Educaci¨®n sobre la escolarizaci¨®n de los ni?os inmigrantes.
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