Inversi¨®n p¨²blica
Eurostat, la oficina estad¨ªstica de la UE, ha publicado una decisi¨®n que trata de precisar qu¨¦ operaciones de inversi¨®n p¨²blica deben reflejarse en las cuentas p¨²blicas y cu¨¢les en las del sector sociedades de mercado. Delimita que s¨®lo asumiendo el riesgo de construcci¨®n y el de demanda o el de calidad del servicio (disponibilidad) puede considerarse una operaci¨®n dentro del sector privado, sin afectar a las cuentas p¨²blicas. Es decir, el veh¨ªculo que asume el proyecto debe ligar sus resultados al uso efectivo de la infraestructura o a la calidad del servicio prestado, mediante un sistema de penalizaciones. El tema, en apariencia contable, condiciona la forma de hacer carreteras, hospitales, escuelas...
El asunto no es nuevo. Arranca de la aplicaci¨®n de un sistema europeo de cuentas (SEC-95) que alter¨® la forma de considerar una sociedad u operaci¨®n financiera como p¨²blica o privada. Ese sistema se tom¨® como criterio para medir el d¨¦ficit en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que est¨¢ suponiendo una nueva forma de contemplar la Hacienda p¨²blica y, por ende, de invertir desde la Administraci¨®n. Muchas administraciones impulsan inversiones en colaboraci¨®n con el sector privado (concesi¨®n) o desde veh¨ªculos societarios p¨²blicos que invierten y luego venden sus servicios al p¨²blico (peajes, tarifas) o a la Administraci¨®n (alquiler, canon).
De los criterios para consolidar contablemente una operaci¨®n de financiaci¨®n alternativa depende la cifra de d¨¦ficit p¨²blico de cada Administraci¨®n, sus posibilidades de hacer nuevas infraestructuras, y tambi¨¦n el grado de participaci¨®n que el sector privado tiene y tendr¨¢ en la inversi¨®n y los servicios p¨²blicos. Asimismo, las operaciones "alternativas" hacen que las entidades financieras hallen un mercado m¨¢s rentable, pero con mayor riesgo de cr¨¦dito. En definitiva, la tendencia hacia la colaboraci¨®n p¨²blico-privada parece la apuesta para la provisi¨®n de infraestructuras, aunque las viejas preguntas siguen vigentes: ?qui¨¦n debe pagar las carreteras, los conductores o los contribuyentes?
R. Buenaventura y J. Barrio son profesores de la Escuela de Gesti¨®n P¨²blica (Grupo Analistas).
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