El Supremo exime a la Comunidad de pagar la colegiaci¨®n de 30.000 sanitarios

La Consejer¨ªa de Sanidad dispondr¨¢ de m¨¢s de 30 millones de euros extras gracias a dos sentencias del Tribunal Supremo que eximen al Gobierno regional de pagar las deudas que el antiguo Insalud, dependiente del Ministerio de Sanidad, manten¨ªa con sus trabajadores. La m¨¢s importante de estas deudas es la colegiaci¨®n obligatoria de casi 30.000 m¨¦dicos y enfermeras de la sanidad p¨²blica desde 1998. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que hace un a?o hab¨ªa fallado lo contrario, ha empezado ahora a aplicar la jurisprudencia impuesta por el Supremo.

Cuando el Gobierno central traspas¨® a la Comunidad la gesti¨®n de la sanidad p¨²blica, el 1 de enero de 2002, puso en sus manos una red de 24 hospitales, m¨¢s de 350 centros de salud y unos 65.000 trabajadores. Para la gesti¨®n de todos estos recursos, le transfiri¨® un presupuesto anual cercano a los 4.200 millones de euros.

Las dos administraciones, sin embargo, no se pusieron de acuerdo en un punto: qui¨¦n deb¨ªa pagar las deudas que el extinto Insalud, dependiente del Ministerio de Sanidad, manten¨ªa con sus empleados. Esta deuda supera los 30 millones de euros y su porci¨®n m¨¢s importante corresponde a la colegiaci¨®n obligatoria que los m¨¦dicos y enfermeras deben pagar para ejercer su profesi¨®n en la regi¨®n. Cada m¨¦dico paga trimestralmente al Colegio de M¨¦dicos 72 euros, y cada enfermera, 45. El pago de estas cuotas colegiales enfrent¨® al Insalud con sus trabajadores entre 1998 y 2001. Los representantes de los empleados, sobre todo el sindicato de enfermer¨ªa SATSE, denunciaron ante los tribunales que deb¨ªa ser el Insalud y no los trabajadores quien corriera con las cuotas. El argumento utilizado por SATSE era el siguiente: como el Insalud exig¨ªa exclusividad a sus empleados y ¨¦stos para poder trabajar deb¨ªan pagar las cuotas, era injusto que fueran ellos y no su patr¨®n quien las abonara.

SATSE y el Insalud mantuvieron decenas de pleitos en los tribunales de lo social hasta que el asunto lleg¨® al Tribunal Supremo, que en julio de 2001 emiti¨® una segunda sentencia, lo que cre¨® jurisprudencia, favorable al sindicato. El fallo ten¨ªa car¨¢cter retroactivo desde 1998, lo que provoc¨® que en los meses siguientes cayera sobre el Ministerio de Sanidad una catarata de sentencias de miles de m¨¦dicos y enfermeras reclamando que el Gobierno central les reintegrara las cuotas que hab¨ªan pagado desde 1998. En este punto se abri¨® la batalla legal entre el ministerio y la Consejer¨ªa de Sanidad. El ministerio se negaba a pagar aduciendo que ya hab¨ªa traspasado la gesti¨®n y, con ella, sus deudas, a la Comunidad. El ministerio recurri¨® ante el Tribunal Superior de Justicia todas las sentencias que le llegaban por este motivo. El 26 de enero de 2003, el Tribunal Superior de Justicia (v¨¦ase EL PA?S del 14 de febrero de 2003) fall¨® a favor del ministerio. En concreto, en un caso que afectaba a 96 enfermeras representadas por SATSE, los jueces sentenciaron que "la obligaci¨®n de fallar las cuotas colegiales ya no le es exigible

[al Ministerio de Sanidad] por el traspaso a la Comunidad de Madrid de la gesti¨®n" de la sanidad p¨²blica. "Revocamos la sentencia para absolver al Insalud y, por el contrario, condenamos al Instituto Madrile?o de la Salud [dependiente de la Consejer¨ªa de Sanidad] a abonar el pago de las cuotas colegiales desde el cuarto trimestre de 1998", sentenci¨® el Tribunal Superior.

Situaci¨®n delicada

Esta sentencia puso al Gobierno regional en una situaci¨®n delicada, ya que deb¨ªa hacer frente al pago de decenas de sentencias condenatorias. La Comunidad recurri¨® ante el Supremo. Durante los meses de octubre y noviembre de 2003, la Sala de lo Social del Supremo estudi¨® varios casos en los que deb¨ªa decidir a qui¨¦n responsabilizaba del pago de la deuda. Hac¨ªan falta dos sentencias en el mismo sentido para sentar jurisprudencia. La segunda de ellas lleg¨® el pasado mes de noviembre. Los jueces se remitieron a la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Auton¨®mico que establece que "la Administraci¨®n deber¨¢ regularizar la situaci¨®n econ¨®mica del personal a su servicio antes de proceder a su traslado a las comunidades aut¨®nomas". Este fallo significa que cualquier deuda que tuviera el Insalud con sus antiguos empleados tendr¨¢ que ser asumida por el Gobierno central. Esta segunda sentencia ha obligado al Tribunal Superior de Justicia a cambiar el sentido de sus anteriores sentencias, algo que ha empezado ahora a hacer. En concreto, los jueces han visto el caso de un m¨¦dico que reclamaba varias diferencias salariales ocurridas entre 1997 y 2002.