Legajos por todos los rincones

La justicia dio a Rosa una oportunidad, pero no la aprovech¨®. Tampoco lo ten¨ªa f¨¢cil. Un d¨ªa, bajo el s¨ªndrome de abstinencia, cogi¨® una navaja y atrac¨® la fruter¨ªa del barrio. Se sac¨® un dinero para pagarse la dosis, pero acab¨® detenida a las pocas horas. En el juicio, la fiscal¨ªa se avino a las pretensiones de la defensa y pactaron una condena de 22 meses de prisi¨®n, un tiempo situado en la franja en la que los jueces suelen suspender la ejecuci¨®n de la pena y darle la libertad provisional si se trata de un delincuente primario. Era su caso. La condici¨®n que le puso el juez a Rosa era que no volviese a delinquir en ese tiempo y que se sometiera a rajatabla a un tratamiento de desintoxicaci¨®n. Prometi¨® que lo har¨ªa, pero un d¨ªa se junt¨® con los colegas y volvieron a atracar en el mismo barrio de La Mina, una de las zonas con problemas de marginaci¨®n que a¨²n persisten en el cintur¨®n de Barcelona. Rosa perdi¨® la libertad y entr¨® en el complicado laberinto judicial de la delincuencia habitual del que tanto cuesta salir.

El Poder Judicial recomienda 4.500 casos anuales. En nueve meses se registraron 6.056

"Interesa una justicia lenta porque acaba beneficiando al cliente", asegura una abogada

Su caso es uno entre los miles de legajos que se acumulan en el Juzgado de lo Penal n¨²mero 21 de Barcelona. Hay tantos, que est¨¢n por los suelos porque no caben en los estantes. Y eso que llegan hasta el techo. Al acabar el a?o pasado eran 6.416 asuntos pendientes de resolver. Algunos datan de hace cinco a?os y en argot judicial se llaman ejecutorias, que no es otra cosa que la decisi¨®n que toma el juez sobre c¨®mo y cuando se cumple una sentencia firme que ha dictado otro juez.

Los juzgados penales de ejecutorias empezaron a funcionar a pleno rendimiento el 1 de enero de 2003 y fueron creados en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, San Sebasti¨¢n, Bilbao y Valencia. Su funci¨®n consiste en velar porque se cumplan las sentencias firmes de hasta cinco a?os de c¨¢rcel. Los m¨®dulos del Consejo General del Poder Judicial se?alan que en un juzgado as¨ª deber¨ªan entrar 4.500 asuntos al a?o. En el Juzgado Penal n¨²mero 21 de Barcelona se hab¨ªan registrado 6.056 en los primeros nueve meses del a?o pasado.

Rosa acab¨® entre rejas, pero su expediente sigue abierto y ah¨ª se le ir¨¢n acumulando las otras causas judiciales que pueda acumular cuando ya est¨¦ juzgada. Vladimiro, de 24 a?os, por ejemplo, acumula siete condenas menores que se han refundido y le han llevado a prisi¨®n. Siempre por lo mismo: robos y hurtos. Es muy probable que su legajo est¨¦ de arriba a abajo de las estanter¨ªas durante meses, incluso a?os si reincide.

"Como abogada, me interesa que una ejecutoria se prolongue a?os y a?os, porque eso suele beneficiar al cliente si es un delincuente habitual", admite sin reparos Ester Capella, la abogada de Rosa. "Pero como ciudadana me interesa una justicia r¨¢pida, efectiva y justa. Y eso es lo que ahora no tenemos", a?ade.

Pero no todos los casos son iguales. La lentitud de la justicia inquieta mucho a quien espera una pronta respuesta para cerrar un episodio muy concreto de su vida. Como el farmac¨¦utico de Barcelona condenado a dos a?os de prisi¨®n por imprudencia temeraria por suministrar un medicamento err¨®neo a una ni?a que le produjo graves secuelas. La sentencia fue de enero de 2002 y hasta el pasado jueves no fue definitiva, cuando el juez le otorg¨® la remisi¨®n condicional de la pena. A cambio, ¨¦l y la compa?¨ªa de seguros han tenido que pagar los 751.000 euros de responsabilidad civil y no podr¨¢ ejercer la profesi¨®n durante tres a?os. Es un acusado at¨ªpico porque tiene tres licenciaturas y le urg¨ªa cerrar sus cuentas con la justicia cuanto antes para iniciar un nueva vida profesional.

Los 28 funcionarios del Juzgado de lo Penal 21 aceptan con resignaci¨®n la imagen de los legajos esparcidos por todos los rincones porque a diario despachan centenares de documentos. Da la impresi¨®n de que se trata de una manufacturaci¨®n en versi¨®n judicial. "La cuesti¨®n no es dictar ejecutorias como si hici¨¦ramos chorizos. Lo importante es velar por la funci¨®n rehabilitadora de la pena, un mandato constitucional olvidado a menudo", asegura Ignacio Ubaldo Gonz¨¢lez Vega, el juez que se dio cuenta de que Rosa estaba enferma y que la c¨¢rcel no era la soluci¨®n. Eso es f¨¢cil aplicarlo en los delincuentes primarios, pero si reinciden es muy complicado en aplicaci¨®n del vigente C¨®digo Penal.

"La mentalidad de jueces, abogados y fiscales es que el proceso acaba con la sentencia y se olvida que lo m¨¢s importante es que se ejecute, porque eso es lo que resarce a la v¨ªctima del mal causado", a?ade el juez. Desde hace tiempo ¨¦l aplica, si puede, medidas penales alternativas para que el acusado no entre en la c¨¢rcel, pero a cambio de que tampoco le salga gratis el delito. Esa opci¨®n perjudica la estad¨ªstica porque influye en el retraso judicial, pero beneficia al implicado. Hay decenas de casos en los que ha sido posible, como en los conductores imprudentes obligados a seguir un curso de educaci¨®n vial; el lud¨®pata al que se le impone un tratamiento psicol¨®gico, el maltratador que debe someterse a un programa formativo o el inmigrante que delinque y ha de acudir a un curso de inserci¨®n.

"Dejar transcurrir un tiempo entre el crimen y el castigo, entre el hecho y la decisi¨®n final, implica mayor seguridad", asegura el abogado penalista Crist¨®bal Martell. "No es cierto que el proceso sea necesariamente mejor porque sea m¨¢s r¨¢pido", a?ade.El juez comparte esa reflexi¨®n y cuestiona la eficacia de la reforma que entr¨® en vigor el pasado mes de mayo para aplicar los juicios r¨¢pidos. "Estamos en lo de antes. Si se juzga r¨¢pidamente, pero la sentencia no se cumple porque nuestros juzgados est¨¢n muy masificados, no se de que sirve tanta celeridad", insiste el juez.