Los opositores venezolanos bloquean barrios de Caracas

Opositores violentos continuaron ayer causando disturbios en importantes calles y autopistas de Caracas, en protesta contra la decisi¨®n del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la invalidez de un mill¨®n de firmas contra el presidente. La crisis de este organismo parece acentuarse a cada paso. Las barricadas incendiadas y los bloqueos han dejado incomunicados varios barrios de la capital venezolana cuyos vecinos reclaman ayuda.

"Los vecinos estamos secuestrados", dijo Gabriela Ram¨ªrez, en una dram¨¢tica intervenci¨®n telef¨®nica en la televisi¨®n estatal. Ella era una entre miles de residentes de urbanizaciones de clase media y alta, cuyos accesos viales han sido cerrados con barricadas y fogatas, en algunos casos por los mismos vecinos y en otros por grupos extra?os a las comunidades. La represi¨®n de los des¨®rdenes corri¨® a cargo de la Guardia Nacional, que acusa a las polic¨ªas municipales bajo las ¨®rdenes de alcaldes opositores de haber tolerado e, incluso facilitado, tales acciones.

Los violentos no cuentan con el respaldo formal de la Coordinadora Democr¨¢tica, pero dirigentes de esta coalici¨®n opositora han hecho llamamientos a "mantener la presi¨®n en las calles" hasta que el CNE modifique una decisi¨®n que obligar¨¢ a 1,7 millones de electores a acudir a centros de verificaci¨®n de firmas a ratificar sus r¨²bricas.

Esta decisi¨®n fue tomada por tres de los cinco jueces electorales, a quienes la oposici¨®n acusa de parcialidad a favor del Gobierno. Las hojas con las firmas fueron impugnadas porque los datos de sus 10 casillas fueron escritos por una misma persona y no por cada uno de los firmantes, como recomendaba la propaganda divulgada durante el proceso de recolecci¨®n de r¨²bricas. Seg¨²n los tres jueces que tomaron la decisi¨®n, esto crea una "duda razonable" acerca de la legitimidad de las firmas, mientras Sobella Mej¨ªa y Ezequiel Zamora, los otros dos rectores del CNE (a quienes el chavismo acusa de ser agentes de la oposici¨®n), estiman que debe "presumirse la buena fe los firmantes".

La pol¨¦mica entre los cinco jueces oblig¨® a aplazar el domingo la decisi¨®n ya tomada por mayor¨ªa de convocar a un periodo de cinco d¨ªas de alegaciones, para que los electores incluidos en las referidas planillas de caligraf¨ªa similar acudan a ratificar su firma. La diatriba interna del CNE alcanz¨® tambi¨¦n a los re-presentantes de la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter. Francisco D¨ªez y Jennifer McCoy, quienes estaban mediando para lograr un acuerdo entre las dos partes.

La aproximaci¨®n propiciada por los dos organismos qued¨® abortada despu¨¦s de unas pol¨¦micas declaraciones p¨²blicas de la rectora Sobella Mej¨ªa, que evidenci¨® su enfrentamiento con los tres jueces que forman la mayor¨ªa. "Quien pierda la condici¨®n de juez debe renunciar o ser destituido", dijo el presidente del CNE, Francisco Carrasquero, en referencia a Mej¨ªa, a quien acus¨® de provocar el retiro de los mediadores.

La situaci¨®n oblig¨® a McCoy y D¨ªez a ofrecer una breve rueda de prensa en la que aclararon que continuar¨¢n como observadores del proceso, pero desistir¨¢n de facilitar un acuerdo. Mientras tanto, la tenacidad de los grupos violentos obliga a la Guardia Nacional a mantener una costosa operaci¨®n permanente de dispersi¨®n. "No estamos dispuestos a tolerar la impunidad de grupos minoritarios que son repudiados incluso por los ciudadanos que no comulgan con nuestro Gobierno", dijo el viceministro de Seguridad Ciudadana, Carlos Bettiol.