El juez abre diligencias por presunta prevaricaci¨®n contra el subdelegado del Gobierno en Lleida

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Lleida ha abierto diligencias previas por los presuntos delitos de prevaricaci¨®n y contra los derechos de los trabajadores contra el subdelegado del Gobierno central en Lleida, Joan Barios. La apertura de diligencias responde a una querella presentada contra ¨¦l por Miguel R. M., un ex empleado de la Oficina ?nica de Extranjer¨ªa detenido hace un a?o por supuestas irregularidades en la tramitaci¨®n de expedientes para la regularizaci¨®n de inmigrantes.

Miguel R. M., que ocup¨® en la citada oficina el cargo de auxiliar administrativo interino, fue detenido el 4 de febrero de 2002 por la Guardia Civil como presunto autor de los delitos de falsificaci¨®n de documento p¨²blico y prevaricaci¨®n. Este ex funcionario fue acusado de falsificar los documentos de una veintena de extranjeros para que con ellos pudieran obtener m¨¢s f¨¢cilmente los permisos de trabajo y de residencia.

Barios descubri¨® personalmente en el momento de la firma dos expedientes irregulares que fueron supuestamente instruidos por el ex funcionario utilizando el c¨®digo de un compa?ero del despacho que en aquel momento estaba de vacaciones, hecho que no pudo ser demostrado. "Algunos expedientes pasaron el mismo d¨ªa de una fase a otra omitiendo la documentaci¨®n intermedia", explic¨® entonces el subdelegado. En aquellas mismas fechas desaparecieron 18 expedientes.

El descubrimiento de estas anomal¨ªas coincidi¨® con una intensa campa?a desarrollada por la prensa local por el ca¨®tico funcionamiento de la Oficina ?nica de Extranjer¨ªa de Lleida y con diversas preguntas al Gobierno central efectuadas por la parlamentaria socialista Tere Cunillera sobre el mismo asunto. La Subdelegaci¨®n del Gobierno archiv¨® el pasado mes de junio el expediente disciplinario que se hab¨ªa abierto contra Miguel R. M. despu¨¦s de que un juzgado de Lleida hiciera lo mismo con la causa judicial al no encontrar indicios delictivos en su actuaci¨®n.

Ni la Guardia Civil ni la juez del caso consiguieron entonces probar que el ex funcionario hubiera percibido dinero de los inmigrantes por facilitarles la obtenci¨®n de la tarjeta de residencia.

El querellante considera que, por intereses meramente pol¨ªticos, la Subdelegaci¨®n del Gobierno central en Lleida le eligi¨® a ¨¦l como cabeza de turco para desviar la atenci¨®n y dar una imagen de transparencia y de buen funcionamiento de la Oficina de Extranjer¨ªa, donde la mayor¨ªa de los funcionarios interinos "son parientes de personas muy relacionadas con el partido pol¨ªtico al que pertenece el subdelegado".

Reglamento

El escrito de querella se?ala que, ante la existencia de presuntas irregularidades en la tramitaci¨®n de expedientes de extranjeros, Barios no procedi¨® de conformidad con lo establecido en el reglamento de r¨¦gimen disciplinario de los funcionarios de la Administraci¨®n del Estado.

En este caso, en lugar de abrir de oficio un expediente informativo o disciplinario para aclarar los hechos y dar cuenta al ministerio fiscal en caso de apreciar delito o falta penal, el subdelegado denunci¨® al funcionario ante la Guardia Civil, lo cual, a juicio de su abogado, le caus¨® "evidentes e irreparables perjuicios morales y econ¨®micos", que el demandante cifra en 60.000 euros.

A?ade, adem¨¢s, que cuando Miguel R. M. se incorpor¨® a su puesto de trabajo tuvo que soportar "murmuraciones, bulos, mofas y befas" y un trato discriminatorio, ya que fue apartado de su cometido y pas¨® a abrir y cerrar sobres.

Respecto a la querella, Barios se mostr¨® ayer tranquilo y afirm¨® que su actuaci¨®n fue correcta en todo momento y ajustada a derecho. "Me limit¨¦ a cumplir con mi obligaci¨®n de denunciar las irregularidades detectadas en la oficina de extranjeros y al sospechar que el funcionario pod¨ªa haber incurrido en un delito puse los hechos en manos de la polic¨ªa judicial, ya que nosotros no tenemos capacidad para investigar hechos de esa naturaleza. Ten¨ªamos sospechas, pero no pruebas suficientes", se?al¨® Barios.

El subdelegado, cuando se destap¨® el caso, insinu¨® que algunos de los expedientes de regulaci¨®n de residencia falsificados correspond¨ªan a ciudadanas extranjeras que ejerc¨ªan la prostituci¨®n en locales de alterne de Lleida y alrededores.