Catalu?a puede abrir el camino
El nudo gordiano est¨¢ en el Pa¨ªs Vasco, pero la espada est¨¢ en Catalu?a. El PP lega al PSOE un complejo panorama auton¨®mico. El plan Ibarretxe en Euskadi, la reforma del Estatuto en Catalu?a y la deuda hist¨®rica de Andaluc¨ªa. Y por encima de todo, un ambiente viciado e irrespirable entre estas comunidades y el Gobierno central. La apuesta por el Estado federal es el arma con la que los socialistas se aprestan a buscar soluciones. En el caso vasco se trata de un problema de legalidad, pero Catalu?a y Andaluc¨ªa pueden abrir camino. As¨ª se compromete el PSOE en su programa y as¨ª qued¨® p¨²blicamente el 13 de noviembre de 2003, cuando las 20.000 personas que hab¨ªan acudido al Palau Sant Jordi a aclamar a Pasqual Maragall oyeron la categ¨®rica promesa: "Apoyar¨¦ la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catal¨¢n". Quien as¨ª hablaba era Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, confiado en la victoria de Maragall, ya en el cenit de la campa?a de las auton¨®micas. Fueron muchos quienes pensaron: promesa gratis. Nadie sospechaba entonces que la realidad dar¨ªa la vuelta a la tortilla de las m¨¢s sesudas previsiones: Maragall a punto estuvo de no convertirse en inquilino del Palau de la Generalitat, mientras que Zapatero iba directo a La Moncloa.
La apuesta por el Estado federal, avanzada por Maragall, es el arma con la que los socialistas se aprestan a buscar soluciones
De momento, al consenso sobre el nuevo Estatuto todos quieren que se sume el PP catal¨¢n, que asistir¨¢ a las reuniones de la ponencia parlamentaria
Hay que reformar el Senado y el poder judicial, propiciar la presencia de las auto- nom¨ªas en la Uni¨®n Europea y crear agencias tributarias en las comunidades
Enormes expectativas
La victoria del candidato del PSOE ha abierto unas enormes expectativas en el Gobierno tripartito catal¨¢n. Esquerra Republicana (ERC), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA) y, por supuesto, los socialistas catalanes ya pueden dormir a pierna suelta. Se acabaron las pesadillas incubadas, seg¨²n propia confesi¨®n, durante el mandato de Aznar. Las acusaciones lanzadas por los ministros del PP al tripartito catal¨¢n de ser un Gobierno "que pacta con asesinos", las amenazas de encarcelar a Maragall si convocaba refer¨¦ndum estatutario, crearon un ambiente tenso e irrespirable. "Ten¨ªamos claro que ¨¦ramos un objetivo a batir por parte del Gobierno central, y ahora Zapatero cuenta con la ilusi¨®n colectiva y la capacidad para concluir la transici¨®n; para abrir un periodo en el que la diferencia debe ser una virtud y no, como hasta ahora, un defecto", explica el republicano Josep Bargall¨®, que ha sucedido como conseller en cap del Gobierno catal¨¢n a Josep Llu¨ªs Carod Rovira, tras la reuni¨®n de Perpi?¨¢n con la c¨²pula de ETA.
"Ahora el debate pol¨ªtico vuelve al terreno de la pol¨ªtica y deja el del insulto", agrega Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales y tercer hombre fuerte del Ejecutivo de Maragall. "Es una evidencia que se ha abierto un panorama de esperanza no s¨®lo discursiva", subraya el secretario de gabinete catal¨¢n, el socialista Ernest Maragall. Catalu?a, su Gobierno, vive la victoria de Zapatero como si de una luna de miel se tratara. La fuerza de lo cotidiano y el paso del tiempo se encargar¨¢n de poner las cosas en su sitio. Y aunque la pasi¨®n palidezca y deje paso a apacibles -quiz¨¢ tediosas- noches de tresillo y televisi¨®n, el Gobierno tripartito tiene claro que no estar¨¢ peor con Zapatero que con un Ejecutivo del PP con liderazgo tutelado por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.
El PP ya dej¨® claro durante la precampa?a de las generales, y por medio de Gabriel Elorriaga, precisamente del jefe de campa?a de Mariano Rajoy, que no iba a aprobar el nuevo Estatuto catal¨¢n si su secci¨®n regional, capitaneada por el ex ministro Josep Piqu¨¦, no daba luz verde. La perversi¨®n de esa propuesta -que la objetividad hace impecable- consiste en que el PP catal¨¢n nunca ha gozado de autonom¨ªa suficiente como para disentir de lo decidido por su direcci¨®n nacional de la calle de G¨¦nova, aseguran sus oponentes.
"La victoria del PSOE evita la autocensura psicol¨®gica de los redactores del Estatut", afirma el consejero Saura. Pero ello no les impide ser conscientes de "que no podemos pedir el cielo", en palabras del presidente de la Generalitat. As¨ª que con estos mimbres, entre la euforia y la prudencia, comienza el Parlamento catal¨¢n sus trabajos sobre el nuevo Estatuto, una reforma que el 88% de los diputados de la C¨¢mara auton¨®mica -el tripartito m¨¢s Converg¨¨ncia i Uni¨®- cree ineludible. El proyecto, una vez aprobado por el Parlament, estar¨¢ listo para ser horneado por las Cortes Generales a finales de este a?o o a principios de 2005. "Debemos construir la interlocuci¨®n, los instrumentos; hay que pensar que no todo va a ser coser y cantar", explica Ernest Maragall. CiU, sin hipotecas ni ataduras con un PP en la oposici¨®n, va a remover el alma independentista de Esquerra Republicana con un ¨®rdago nacionalista que le haga entrar en conflicto con sus compa?eros de tripartito. Tambi¨¦n el PSOE deber¨¢ hallar un dif¨ªcil equilibrio entre sus almas federal y jacobina: entre los Pasqual Maragall y Manuel Chaves y los Jos¨¦ Bono y Juan Carlos Rodr¨ªguez Ibarra.
De momento, al consenso del nuevo Estatuto todos quieren que se sume el Partido Popular catal¨¢n, que comenzar¨¢ a asistir a las reuniones de la ponencia parlamentaria. La v¨ªa de reforma estatutaria iniciada en Catalu?a hunde sus ra¨ªces en la pasada legislatura de la C¨¢mara auton¨®mica y nace a propuesta de la izquierda, que no de CiU, entonces sujeta a evitarlo en virtud del pacto de investidura con el PP que hizo presidente a Jordi Pujol.
Para los socialistas catalanes, el proyecto estatutario catal¨¢n cabe dentro el esp¨ªritu de Santillana del Mar, donde el comit¨¦ territorial del PSOE alumbr¨® el pasado 30 de agosto su proyecto federal. Luego continu¨® en ese "nuevo impulso auton¨®mico para la Espa?a plural" que figura en el apartado quinto del programa con el que ha concurrido a las elecciones Zapatero. "Los socialistas", se afirma en el programa, "entendemos que el Estado de las autonom¨ªas ni est¨¢ agotado, ni sobrepasado, ni superado, ni hay que desbordarlo. Sin embargo, ese Estado ni est¨¢ paralizado ni es p¨¦treo: tiene que integrar la evoluci¨®n social y pol¨ªtica".
Sobre el papel no deber¨ªa haber fricciones entre el programa del PSOE y el del tripartito. Ambos coinciden en su diagn¨®stico. Juzgan que Espa?a se enfrenta a una segunda etapa en su democracia para concluir -a juicio de unos- o perfeccionar -seg¨²n otros- el Estado de las autonom¨ªas. Y eso hay que explicarlo al resto de Espa?a. Para ello, el Gobierno de la Generalitat ha articulado la campa?a Catalu?a
propone, consistente en explicar el proyecto.
Reformas constitucionales
Pero no s¨®lo el tripartito mueve ficha en ese cambio. Hay que reformar el Senado, el poder judicial, propiciar la presencia de las autonom¨ªas en la Uni¨®n Europea y crear agencias tributarias para las comunidades, seg¨²n el programa del PSOE. La Constituci¨®n puede quedar sujeta a cirug¨ªa seg¨²n la ambici¨®n del cambio.
El futuro, pues, est¨¢ muy abierto, y las certezas dejan paso a los interrogantes. Pero nadie quiere dibujar nubarrones en ese horizonte. As¨ª que prefieren ir a lo m¨¢s concreto: la orientaci¨®n en los prespuestos del Estado para 2005. "En esos tiene inter¨¦s el Gobierno catal¨¢n" , explica Ernest Maragall. El presidente de la Generalitat ha enfatizado, y as¨ª lo hace el tripartito, la importancia de no atender a los criterios de radialidad -eso ya se menciona en el programa del PSOE- y en comenzar a equiparar la inversi¨®n del Estado en Catalu?a al porcentaje del PIB, teniendo en cuenta que se tratar¨ªa de un sistema para compensar los d¨¦ficit acumulados. La provincia de Barcelona es la que menos inversi¨®n p¨²blica recibi¨® -tanto del Gobierno central como del auton¨®mico- de toda Espa?a entre 1991 y 2002, seg¨²n un reciente estudio de la Universidad de Barcelona.
El Gobierno catal¨¢n, afirma su consejero de Econom¨ªa, Antoni Castells, propondr¨¢ la creaci¨®n de una comisi¨®n que aborde los d¨¦ficit en infraestructuras. Castells asegura que hay una amplia coincidencia entre sus propuestas y las del PSOE. La buena relaci¨®n de Castells y su trabajo junto a Jes¨²s Caldera, Magdalena ?lvarez o Miguel Sebasti¨¢n en la conformaci¨®n del programa del PSOE as¨ª lo avala. Junto a la inversi¨®n p¨²blica del Estado, el tercer gran caballo de batalla es el de la financiaci¨®n auton¨®mica. Y ah¨ª el primer paso que se plantea el Gobierno catalanista y de izquierdas es denunciar ante el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera el acuerdo de financiaci¨®n aprobado en 2001, afirma Castells. ?se es un asunto especialmente envenenado. En primer lugar, porque los nacionalistas de CiU, haciendo de la necesidad virtud -pues su estabilidad pol¨ªtica depend¨ªa de los votos del PP-, lo entronizaron como un buen acuerdo: 35% de IVA, y del 40% al 100% de los impuestos especiales, adem¨¢s de aumentar la participaci¨®n en el IRPF de un 30% a un 33%.
En realidad, el aumento de fondos se limit¨® a unos 300 millones de euros, la mitad de lo anunciado p¨²blicamente y la octava parte de lo solicitado (2.400 millones de euros). Pero en la retina de muchos espa?oles, el acuerdo qued¨® como una tremenda concesi¨®n a Catalu?a que tanto el PP catal¨¢n como el propio pujolismo se encargaron de publicitar como tal.
El tripartito catal¨¢n reclama tambi¨¦n una Agencia Tributaria propia con una f¨®rmula parecida a la andaluza. El Gobierno auton¨®mico andaluz, que reivindica asimismo un aumento del autogierno y una mejora de su financiaci¨®n, cuenta adem¨¢s con un problema espec¨ªfico: tiene un litigio desde 1997 con el Ejecutivo central. Andaluc¨ªa reclama el reconocimiento de medio mill¨®n de andaluces que figuran en los c¨¢lculos de recursos por habitante realizados por el Gobierno central. La ¨²ltima cifra que el ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, aceptaba era de 2.500 millones de euros.
El mal trato financiero dado a Andaluc¨ªa por el Gobierno central y la prohibici¨®n de investigaciones en el caso de c¨¦lulas madre han contribuido a alentar la conciencia andaluza y ha vuelto a aflorar la discriminaci¨®n hist¨®rica que ha sufrido Andaluc¨ªa por parte de los sucesivos Gobiernos espa?oles. Significativamente, Andaluc¨ªa y Catalu?a han sido las comunidades aut¨®nomas que m¨¢s han contruibuido al triunfo del Partido Socialista Obrero Espa?ol -all¨ª donde m¨¢s se ha distanciado del PP- en las pasadas elecciones, que han colocado a Zapatero en La Moncloa.
C¨®mo se reforma la Constituci¨®n
Catalu?a puede abrir el camino
EXISTEN DOS PROCEDIMIENTOS para reformar la Constituci¨®n. Si lo que se quiere es poner en vigor una nueva o, como se ha hablado, equiparar el derecho a la sucesi¨®n de la Corona de las mujeres a los varones, entonces las dos c¨¢maras de las Cortes tendr¨ªan que dar su aprobaci¨®n por una mayor¨ªa de dos tercios. A continuaci¨®n se convocar¨ªan elecciones generales. Los nuevos diputados y senadores deber¨ªan proceder a estudiar la reforma y someterla a otra votaci¨®n en las dos c¨¢maras con una mayor¨ªa de dos tercios. Si se cumplen todos estos requisitos, la reforma se someter¨ªa a refer¨¦ndum vinculante. Este procedimiento se llevar¨ªa a cabo para aprobar una nueva ley fundamental, cambiar los nueve primeros art¨ªculos del t¨ªtulo preliminar (plan Ibarretxe) modificar el enunciado de los derechos fundamentales y de las libertades p¨²blicas o alterar los art¨ªculos que se refieren a la Corona. Si la reforma se refiere a las dem¨¢s partes de la Constituci¨®n, como ser¨ªa el caso de dar m¨¢s atribuciones a las comunidades aut¨®nomas, el Congreso y el Senado aprobar¨¢n la reforma por una mayor¨ªa cualificada de tres quintos. En caso de que no haya acuerdo entre las c¨¢maras, se intentar¨¢ obtenerlo mediante una comisi¨®n paritaria de diputados y senadores, que presentar¨¢ un texto ¨²nico que deber¨¢ obtener la aprobaci¨®n de Congreso y Senado por dos tercios en cada una de ellas. Si no se consiguen los apoyos parlamentarios, se considerar¨¢ aprobada en el caso de que haya obtenido la mayor¨ªa absoluta en el Senado, y luego en el Congreso se muestren a favor dos tercios de los diputados. Si sale adelante el nuevo texto constitucional, y en un plazo de 15 d¨ªas, se someter¨¢ a refer¨¦ndum si lo solicita una d¨¦cima parte de los diputados o de los senadores. La iniciativa de la reforma corresponde al Gobierno, al Senado y al Congreso de los Diputados, aunque los parlamentos auton¨®micos tienen dos posibilidades: 1. Solicitar del Gobierno la adopci¨®n de la reforma constitucional. 2. Remitir a la Mesa del Congreso una propuesta de reforma, nombrando a tres miembros de la Asamblea aut¨®noma para que la defiendan en las Cortes.
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