Sadam, a la espera de un juicio sin fecha

El juicio no tiene fecha. Pero es seguro que Sadam Husein y 43 dirigentes del r¨¦gimen baazista capturados afrontar¨¢n dur¨ªsimas condenas -sin descartar la pena de muerte- por los delitos de cr¨ªmenes contra la humanidad, genocidio y cr¨ªmenes de guerra perpetrados en Irak durante la dictadura (1968-2003), en el conflicto con Ir¨¢n (1980-1988) y durante la invasi¨®n de Kuwait, en 1990.

El proceso, regulado por el Estatuto del Tribunal Especial iraqu¨ª, ser¨¢ p¨²blico y se celebrar¨¢ en Irak. No ser¨¢ un tribunal internacional, como los que se constituyeron para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Timor Oriental. El estatuto prev¨¦ que los jueces y fiscales han de ser iraqu¨ªes, aunque "el Consejo de Gobierno podr¨¢ nombrar jueces extranjeros que tengan experiencia" en este tipo de delitos. Estados Unidos logra as¨ª evitar la implicaci¨®n directa de la ONU, organismo que no aval¨® la invasi¨®n. Y tambi¨¦n que se reproduzca el dislate jur¨ªdico de Guant¨¢namo, donde 600 supuestos terroristas isl¨¢micos -"combatientes ilegales"- no tienen derecho a nada.

Diversas ONG y Gobiernos europeos se oponen a la aplicaci¨®n de la pena de muerte

Lo que s¨ª se conoce a ciencia cierta son los hechos por los que Sadam ser¨¢ juzgado

"Mejor juzgarle en semanas que en meses". Manifestaciones de esta ¨ªndole fueron frecuentes en boca de funcionarios de la Administraci¨®n de George W. Bush en las jornadas posteriores a la captura de Sadam Husein. Eran d¨ªas de relativa euforia despu¨¦s de que los soldados estadounidenses hallaran al tirano en su agujero de Al Duri, al sur de la ciudad de Tikrit, su feudo natal, el 13 de diciembre. Pero han pasado tres meses desde la detenci¨®n y no es previsible que el juicio arranque en breve.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia de EE UU revel¨® el pasado d¨ªa 7 que 50 fiscales, investigadores, expertos legales y forenses viajar¨¢n a Bagdad para preparar el proceso. Dicho funcionario asegur¨® que "en las pr¨®ximas semanas" estos especialistas se reunir¨¢n con miembros de la Oficina del Asesor para Cr¨ªmenes de Guerra. Ante la pregunta de cu¨¢ndo comenzar¨¢n las vistas, el funcionario fue lac¨®nico: "Eso depende de los iraqu¨ªes", a pesar de que cualquier iniciativa deba ser aprobada por la Autoridad de la Coalici¨®n para prosperar, al menos hasta el 30 de junio, fecha prevista para el traspaso del poder a un Ejecutivo iraqu¨ª. Lo que s¨ª se conoce a ciencia cierta son los hechos que ser¨¢n juzgados en este tribunal: las atrocidades cometidas por las diferentes fuerzas militares de Sadam Husein en el Kurdist¨¢n durante la campa?a Anfal, entre 1987 y 1988, en la que fueron exterminados 100.000 kurdos, seg¨²n las estimaciones m¨¢s prudentes, y 4.000 pueblos fueron destruidos.

Los chi¨ªes, un 60% de los 25 millones de iraqu¨ªes, tampoco se libraron de la represi¨®n brutal del r¨¦gimen baazista. Nada m¨¢s concluir la Guerra del Golfo, en marzo de 1991, el Gobierno iraqu¨ª desat¨® una fuerte represi¨®n contra los seguidores de esta rama del islam, que se hab¨ªan rebelado contra el r¨¦gimen confiando en que Estados Unidos les apoyar¨ªa tras el final de la guerra. Les dejaron en la estacada.

Ya hay 100.000 casos documentados de ejecutados o desaparecidos. La ONG Human Rights Watch calcula que entre 1979 y 2003 unas 300.000 personas fueron asesinadas por el r¨¦gimen de Sadam. El pa¨ªs est¨¢ plagado de fosas comunes. Al menos, 118. Y aunque la Asociaci¨®n de Prisioneros Pol¨ªticos conoce su ubicaci¨®n, s¨®lo la ha comunicado a la Autoridad Provisional de la Coalici¨®n, dirigida por el diplom¨¢tico estadounidense Paul Bremer, para evitar que los deudos de las v¨ªctimas se lleven los restos para enterrarlos de nuevo. Ya ocurri¨® cuando se descubri¨® la primera decena de fosas el verano pasado. De repetirse, se perder¨ªan pruebas imprescindibles para la acusaci¨®n.

La acumulaci¨®n de pruebas y testimonios tambi¨¦n contribuye a demorar el arranque del juicio. La organizaci¨®n Human Rights Watch asegura que la gravedad de los delitos exige que las pruebas demuestren la culpabilidad de los acusados "m¨¢s all¨¢ de cualquier duda razonable". Y la recogida de pruebas, las pr¨¢cticas forenses, y la recopilaci¨®n de cientos de miles de testimonios no puede ser cosa de semanas.

Adem¨¢s de rechazar las prisas, las principales ONG han preferido siempre que Sadam Husein, Tarek Aziz, Al¨ª Hasan al Majid, Al¨ª el qu¨ªmico, o Taha Yasin Ramadan, algunos de los prebostes del r¨¦gimen encarcelados, fueran juzgados por un tribunal penal internacional.

El hecho de que la potencia ocupante, EE UU, no haya suscrito el estatuto de la Corte Penal Internacional hace m¨¢s que improbable que Washington acepte la constituci¨®n de un tribunal, al modo de los de Ruanda o la antigua Yugoslavia. La m¨¢xima concesi¨®n a la internacionalizaci¨®n puede ser la aceptaci¨®n de la participaci¨®n de magistrados extranjeros como asesores, tal como expres¨® en enero Dara Nurredine, miembro del Consejo de Gobierno Iraqu¨ª, tutelado estrechamente por Bremer. Tambi¨¦n el presidente Bush -empleando otro concepto confuso, como el de "combatientes ilegales" para los presos de Guant¨¢namo- asegur¨® en diciembre que Sadam ser¨ªa juzgado "bajo supervisi¨®n internacional".

A lo que se oponen Human Rigths Watch y Amnist¨ªa Internacional tajantemente, adem¨¢s de muchos Gobiernos, entre ellos el brit¨¢nico, es a la aplicaci¨®n de la pena de muerte, prevista por la legislaci¨®n iraqu¨ª y que estar¨ªa vetada en un tribunal internacional. Entre los miembros del Consejo de Gobierno predominan los partidarios de ejecutar a Sadam y sus c¨®mplices. Y, en las calles iraqu¨ªes, muchos de los que la rechazan no lo hacen por convicci¨®n humanitaria. No quieren que sea ajusticiado porque ello supondr¨ªa muy poco sufrimiento para el dictador.

No faltan tampoco los expertos que niegan toda legitimidad al tribunal creado en Bagdad porque estar¨¢ integrado por magistrados elegidos por el Consejo de Gobierno, en un proceso de designaci¨®n controlado por la potencia de ocupaci¨®n. Las principales ONG hablan del riesgo de que finalmente impere la venganza m¨¢s que la justicia.

Pero este juicio tiene, adem¨¢s, riesgos para Estados Unidos y otras potencias occidentales, especialmente Francia. Si es evidente que Sadam Husein gase¨® a los kurdos y que utiliz¨® otras armas qu¨ªmicas en la guerra contra Ir¨¢n, tambi¨¦n es notorio que el dictador goz¨® del respaldo de las potencias occidentales, muy alarmadas en la d¨¦cada de los ochenta por el devenir del r¨¦gimen del imam Jomeini en Ir¨¢n. Sadam Husein estar¨ªa en disposici¨®n de revelar escabrosos entresijos: ?qu¨¦ pa¨ªses le proporcionaron la capacidad para fabricar las armas prohibidas y con qu¨¦ finalidad?

Las partes acusadoras ser¨¢n numerosas. Desde hace tres meses, en oficinas creadas en todo Irak, se recopilan testimonios, documentos y todo tipo de pruebas que pueden ser aportados por cualquier ciudadano. Los obst¨¢culos para la instrucci¨®n del proceso, por la falta de medios humanos y materiales que aqueja a la justicia iraqu¨ª, son incontables. Y hay que sumar a estos problemas el hecho de que los jueces y magistrados constituyen uno de los objetivos de los insurgentes iraqu¨ªes.

En el proceso tambi¨¦n se personar¨¢n pa¨ªses que han sido v¨ªctimas de algunos de los desmanes del tirano iraqu¨ª. Ir¨¢n -por los ataques con armas prohibidas sufridos durante la contienda con Irak-, Kuwait -por la invasi¨®n del emirato el 2 de agosto de 1990- e Israel -por los ataques con misiles Scud durante la primera Guerra del Golfo- est¨¢n preparando querellas.

"Sadam Husein merece ser ejecutado, pero eso depende de los iraqu¨ªes", afirm¨® Bush pocas fechas despu¨¦s de la captura. Sea cual sea la condena, el prisionero de guerra Sadam Husein tiene todas las papeletas para convertirse de nuevo en protagonista. Pero la delicada situaci¨®n en Irak y la coyuntura pol¨ªtica en EE UU, que celebra elecciones presidenciales en noviembre, no permite fijar el cu¨¢ndo.