Un crimen contra la humanidad
La humanidad ha necesitado muchos siglos para comprender y asimilar que los delitos contra los bienes m¨¢s elementales de las personas trascienden de las fronteras territoriales de los Estados, donde tradicionalmente se deten¨ªa la potestad sancionadora, para afectar a la conciencia y la sensibilidad de todos los ciudadanos del mundo.
Lamentablemente, hasta que Europa vivi¨® la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, no se comienza a reflexionar sobre la universalidad de las conductas criminales y sobre la necesidad de perseguirlas, m¨¢s all¨¢ de los confines de un Estado.
La civilizaci¨®n no puede permanecer impasible ante la magnitud de los cr¨ªmenes que asolan indiscriminadamente a ciudadanos, por el solo hecho de pertenecer a un pa¨ªs, una etnia, una religi¨®n o una ideolog¨ªa. La sociedad civil ha pasado a ser sujeto pasivo de los delitos y a la vez objeto de protecci¨®n por el derecho penal.
Una sociedad democr¨¢tica no puede vivir a remolque de los embates terroristas
Mientras los especialistas y los juristas nos ponemos de acuerdo sobre una definici¨®n t¨¦cnica y un alcance concreto de lo que puede ser calificado como terrorismo, los cr¨ªmenes de los fan¨¢ticos han superado este debate para llevarnos a integrar sus conductas en conceptos y categor¨ªas que est¨¢n un¨¢nimemente admitidos por la comunidad internacional. Los cr¨ªmenes contra la humanidad han obtenido carta de naturaleza en los acuerdos internacionales y, m¨¢s recientemente, en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, consciente de la necesidad de preservar determinados valores, sin los que, irremediablemente, nos podemos precipitar hacia el caos y el conflicto permanente.
El Estatuto de la Corte Penal Internacional, trabajosamente conseguido en Roma, con ausencias clamorosas como la decidida por la actual Administraci¨®n norteamericana, despu¨¦s de intensos debates, establece en su Pre¨¢mbulo que: es un "inter¨¦s de las generaciones presentes y futuras que un Tribunal Permanente tenga competencias sobre los cr¨ªmenes m¨¢s graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto". De momento reserva su competencia para conocer del crimen de genocidio, cr¨ªmenes de lesa humanidad, cr¨ªmenes de guerra y crimen de agresi¨®n.
No es necesario avanzar demasiado en su lectura, para encontrarnos, en el art¨ªculo siete, como crimen de lesa humanidad, "los actos inhumanos que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad f¨ªsica o la salud mental" entre los que integra los "ataques contra una poblaci¨®n civil" tanto si se cometen de conformidad con la pol¨ªtica de un Estado o de una organizaci¨®n que ejecute estos actos.
No creo que sea necesario realizar grandes alardes de t¨¦cnica o erudici¨®n jur¨ªdica para afirmar, sin vacilaciones, que los atentados cometidos el 11-M en Madrid est¨¢n plenamente integrados y definidos en ese art¨ªculo. A partir de esta conclusi¨®n, cualquiera que sea la organizaci¨®n que haya cometido esta masacre est¨¢ sujeta a persecuci¨®n universal, con preferencia de la jurisdicci¨®n espa?ola, para castigar a los autores materiales y a los instigadores morales. Me parece un tema secundario, desde el punto de vista del derecho penal, que la autor¨ªa sea de un grupo fundamentalista ¨¢rabe o de un grupo terrorista no menos fundamentalista que bajo las siglas de ETA propugna la liberaci¨®n de un pueblo que en su delirante opini¨®n est¨¢ sometido, sojuzgado y humillado por una potencia extranjera que se identifica con Madrid.
La convivencia constante con la tragedia nos ha llevado a todos a convertirnos en especialistas en t¨¦cnica terrorista y a distinguir el origen de un atentado en funci¨®n del modus operandi, es decir, por el procedimiento utilizado para asesinar.
Aquellos que han dedicado su actividad, desde hace m¨¢s de treinta a?os, a perforar nucas, reventar cuerpos y causar estragos, seleccionando previamente sus objetivos, no pueden sustraerse a la repulsa universal. Por mucho que retuerzan su discurso, no es admisible que sea distinto matar, una a una, a m¨¢s de mil personas, que matarlas en una sola acci¨®n criminal. Es aberrante construir una espec¨ªfica moral asesina en funci¨®n de la cantidad de personas que se decide matar. S¨®lo la estrategia diferencia a los terrorismos. Unos optan por las masacres colectivas, que van a ser universalmente difundidas, y otros consideran m¨¢s efectiva, para sus fines, la acci¨®n selectiva, despiadada y fr¨ªamente calculada, manteniendo persistentemente la estrategia de la tensi¨®n. Lo cierto es que, a lo largo de los tiempos, los cr¨ªmenes de ETA han superado, con mucho, la cifra de muertos de Madrid. Entre las numerosas acciones de la organizaci¨®n terrorista ETA se encuentra la comisi¨®n de m¨²ltiples actos inhumanos contra la poblaci¨®n civil, no s¨®lo porque la mayor¨ªa de los muertos pertenecen a ese grupo, sino porque, en todos los dem¨¢s casos, ni los periodistas, ni los pol¨ªticos, ni los servidores del Estado pueden ser excluidos, por declaraci¨®n unilateral de los asesinos, de la condici¨®n de poblaci¨®n civil en tiempo de paz.
No quiero terminar estas l¨ªneas sin una reflexi¨®n, surgida a la vista del escenario dantesco que vivimos en Madrid y del que se hicieron eco todos los medios de comunicaci¨®n del universo, abriendo sus p¨¢ginas, sus espacios y sus reportajes a las im¨¢genes de la desolaci¨®n que sigue a una operaci¨®n de guerra. Del aluvi¨®n de impactos visuales me quedo con la fotograf¨ªa, de primera p¨¢gina, que public¨® EL PA?S. Podr¨ªa exhibirse en una galer¨ªa de exposiciones del futuro, como un "paisaje de guerra con un tren al fondo".
En el clima de tragedia desatado emergi¨® la calidad humana de los habitantes m¨¢s cercanos al lugar de los hechos. La solidaridad, la templanza, la tensi¨®n contenida propia de los seres grandes de esp¨ªritu. La entrega hasta el agotamiento de muchos de mis conciudadanos me llena de orgullo y rebaja mi pesimismo irreprimible. Merece la pena hacer un esfuerzo para reiterar que, solamente el respeto a las reglas del Estado democr¨¢tico y de derecho, puede hacer frente al desaf¨ªo de los fan¨¢ticos de todo signo.
Pero ello no es suficiente. Una sociedad democr¨¢tica, pol¨ªticamente sana, no puede vivir a remolque de los embates terroristas. Tiene la obligaci¨®n de hacer pol¨ªtica y exigir que las instituciones sean el cauce para que los conflictos derivados de nuestra estructura auton¨®mica, previstos en la Constituci¨®n, tengan un campo en que debatirse, sin la interferencia de las tensiones desatadas por los actos de barbarie.
Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn es magistrado del Tribunal Supremo.
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