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El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa ha decidido dejar reposar la orden que el fiscal general del Estado ha cursado a todas las fiscal¨ªas para que act¨²en de oficio contra quienes se concentraron en la jornada de reflexi¨®n ante las sedes del PP. No piensa hacerlo. Aguardar¨¢ que existan denuncias de particulares para analizar si las remite, o no, al juzgado. En principio cualquier actuaci¨®n de prudencia -y ¨¦sta es una de ellas- que no lleve a una aplicaci¨®n autom¨¢tica de una orden que permite criminalizar in genere a todo ciudadano viviente tiene que ser bienvenida.

Sin embargo, esta espera puede hacer que muchos ciudadanos, que se manifestaron en Andaluc¨ªa, tengan que aguardar un tiempo para saber si su comportamiento -a juicio de la fiscal¨ªa- puede ser castigado penalmente o, en su caso, administrativamente. Una espera que no parece razonable. Y no lo parece porque es algo notario y conocido por todos, incluidos fiscales, que las concentraciones fueron pac¨ªficas; que fueron espont¨¢neas y que la presencia de los ciudadanos era una muestra de rabia por los asesinatos de Atocha y de solidaridad con el dolor de los familiares de los asesinados y de los heridos. Tambi¨¦n de queja por la forma en la que el Gobierno estaba haciendo uso de la informaci¨®n. No es razonable, pues, por mucha prudencia que se tenga, hacer que tantos ciudadanos tengan que aguardar para conocer si se van a sentar en un banquillo por unos hechos que s¨®lo tienen de delito la presunci¨®n de Cardenal.

Tal vez, por esta raz¨®n, piense que ante ¨®rdenes generales y cardenalicias, que imputan delitos que no concretan, no se comprueban y se generalizan a todos los ciudadanos, no cabe la espera sino el archivo inmediato de esta orden.

Es una forma de hacer saber que no deben caber dudas que, ante situaciones excepcionales, la pasividad es mala compa?era y que la sociedad rebelde y que saca a la luz lo que algunos quer¨ªan esconder, no puede criminalizarse. Tambi¨¦n para decir que las practicas de este fiscal general, que tiene en su haber ceses tan injustificados como el del fiscal Anticorrupci¨®n y el fiscal jefe de Madrid, han dejado de tener sitio en un Estado y en una comunidad, que han dicho en las urnas que no quieren esta forma de gobernar ni aceptar este tipo de herencias.