El teniente fiscal de Madrid denuncia "operaciones policiales propagand¨ªsticas"

El teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, Pedro Mart¨ªnez, acusa al delegado del Gobierno, Francisco Javier Ansu¨¢tegui, en connivencia con el jefe superior de polic¨ªa de Madrid, Miguel ?ngel Fern¨¢ndez Ranca?o, de haber efectuado en los ¨²ltimos meses "operaciones policiales propagand¨ªsticas". El fiscal asegura que se han producido en detrimento de "los derechos y garant¨ªas constitucionales de los ciudadanos". Ansu¨¢tegui declin¨® ayer comentar las acusaciones del fiscal.

"No se concibe que se rebajen las garant¨ªas para mejorar la seguridad ciudadana"

"Con los datos de los juzgados, en 2003 creci¨® la tasa de delincuencia casi un 4%"

Mart¨ªnez cita las presiones que recibi¨® la fiscal¨ªa de altos cargos policiales, a su vez presionados por la Delegaci¨®n del Gobierno, para atribuir "sin suficientes pruebas" a un vecino de Alcal¨¢ de Henares los cr¨ªmenes del asesino del naipe, y tambi¨¦n la detenci¨®n de m¨¢s de 120 inmigrantes sin papeles, que cenaban con sus familias en restaurantes de la zona de Usera, en Madrid. Tanto la detenci¨®n del falso asesino del naipe como la masiva detenci¨®n de inmigrantes se produjeron en v¨ªsperas de elecciones.

Mart¨ªnez explica: "En los ¨²ltimos tiempos, y como las cifras de la delincuencia no bajaban, y las de polic¨ªas disminu¨ªa, la Delegaci¨®n del Gobierno indujo el relevo de Juan Zurera -un profesional escrupuloso y respetuoso con los ciudadanos- como jefe superior de polic¨ªa de Madrid. El sustituto, Fern¨¢ndez Ran-ca?o, "se lanz¨® a una campa?a de propaganda para aparentar una gran eficacia y derivar la responsabilidad del fracaso a otros, a los jueces y al sistema de garant¨ªas. Para ello, dise?aron operaciones espectaculares, en las que lo que menos importaba era la eficacia policial. Se trataba de montar un gran aparato, muy llamativo y con muchas detenciones y muchos polic¨ªas. Operaciones hechas en momentos claves, de cara a la prensa, a la que se invitaba. Pero lo que pasara despu¨¦s no importaba, lo importante era salir en los peri¨®dicos", apostilla el segundo jefe de la fiscal¨ªa de Madrid.

"La operaci¨®n mas llamativa fue la que se llev¨® a cabo contra inmigrantes extranjeros la v¨ªspera de las elecciones a la Comunidad de Madrid. Luego no pas¨® nada. La polic¨ªa detuvo a m¨¢s de 120 inmigrantes, pero s¨®lo uno qued¨® a disposici¨®n judicial. Estaban cenando o de charla en restaurantes. Se present¨® a la opini¨®n p¨²blica como una operaci¨®n contra la delincuencia extranjera. Algunos polic¨ªas me comentaron que pasaron verg¨¹enza durante la intervenci¨®n", subraya el teniente fiscal.

Pregunta. El jefe superior de polic¨ªa emiti¨® un informe en la junta de seguridad local celebrada el pasado 28 de enero en la que indic¨® que la delincuencia se estabilizaba en la Comunidad de Madrid.

Respuesta. Los datos de los juzgados indican que en 2003 se ha producido un incremento de la tasa delictiva pr¨®ximo al 4% sobre 2002. En 2003 los juicios r¨¢pidos se han incrementado un 30%, y, sin embargo, la delincuencia no ha disminuido. Los juicios r¨¢pidos, por s¨ª solos, no disminuyen la delincuencia. Y ahora que estamos cerrando la memoria de la fiscal¨ªa, esos datos se confirman.

P. Cada vez hay m¨¢s asesinatos en Madrid.

R. La seguridad ciudadana se ha deteriorado gravemente. Lo peor no es el salto cuantitativo, sino el cualitativo que se produjo el a?o pasado. En Madrid hemos pasado de 75 a 100 muertes violentas, y en general la delincuencia es m¨¢s violenta y en ocasiones gratuita. Tambi¨¦n se han importado actividades delictivas que se practicaban poco, como el secuestro. Todo eso hace que la delincuencia sea m¨¢s peligrosa si cabe. La seguridad ciudadana es un derecho b¨¢sico, pero no se concibe que se rebaje el nivel de garant¨ªas de los ciudadanos para mejorar la seguridad ciudadana. Disminuir¨ªa la libertad y no habr¨ªamos conseguido nada

P. ?Por qu¨¦ dice que se pretende rebajar el nivel de garant¨ªas de los ciudadanos?

R. En una ocasi¨®n, el juzgado de guardia puso en libertad a 15 de los 16 rumanos que hab¨ªan sido detenidos porque supuestamente estaban implicados en m¨¢s de 100 delitos graves, falsificaci¨®n de tarjetas y delitos relativos a la prostituci¨®n. Esta era la versi¨®n oficial. En realidad, los delitos s¨®lo se mencionaban, pero no se establec¨ªan relaciones entre los robos y los detenidos. S¨®lo qued¨® preso quien deb¨ªa estarlo, es decir, un falsificador, pero no los otros que, aparte de ser rumanos, ten¨ªan una intervenci¨®n dudosa y en todo caso referida al uso de tarjetas y no a la falsificaci¨®n. Desde la polic¨ªa se pidieron explicaciones. Entonces dije que lo que hay que justificar es la prisi¨®n, y que la libertad es el estado natural del hombre.

P. Pero aquello caus¨® una gran alarma

R. Es verdad, hubo titulares alarmistas durante d¨ªas, incluso con fotograf¨ªas de efectos intervenidos a los detenidos que, sin duda, alguien traslad¨® a los medios de comunicaci¨®n con absoluto desprecio al secreto de la investigaci¨®n judicial. Formaba parte de operaciones de propaganda. Entonces lo dije p¨²blicamente y la respuesta del delegado del Gobierno fue hacer caso omiso. En lugar de investigar lo sucedido, por qu¨¦ se presentaban atestados de esa forma, le pidi¨® al fiscal jefe mi relevo de coordinaci¨®n policial, algo ins¨®lito desde que este pa¨ªs tiene democracia. El fiscal jefe y yo tuvimos que poner a otros fiscales como interlocutores con la polic¨ªa, quienes, obviamente, han seguido oponi¨¦ndose a pretensiones infundadas como aquella.

P. ?Ansu¨¢tegui pidi¨® al fiscal jefe su relevo porque usted se opon¨ªa a validar operaciones policiales propagand¨ªsticas?

R. S¨ª.

P. ?Y el fiscal jefe le relev¨®?

R. No, aunque el hecho es que puso a dos fiscales para coordinar las actuaciones policiales. Obviamente, ellos han de consultarnos al fiscal jefe o a m¨ª.

P. Parece una ingerencia del poder pol¨ªtico sobre el judicial, que es el que debe velar por los derechos y libertades.

R. Lo malo no fue mi relevo ocasional; lo malo es que esta situaci¨®n ha generado un profundo malestar en el ¨¢mbito judicial, un sentimiento de desconfianza frente a quienes pretenden hacernos bajar el list¨®n de las garant¨ªas, y eso es lo peor que puede suceder en una crisis de seguridad ciudadana. Restablecer esa situaci¨®n de confianza ser¨¢ dif¨ªcil y requiere un cambio en los responsables de la polic¨ªa. Para que haya m¨¢s seguridad, no es necesario limitar las libertades, ni cercenar el sistema de garant¨ªas como se ha pretendido hacer en Madrid, sino incrementar la eficacia policial, aumentar los efectivos considerablemente, dotarles de m¨¢s medios y, sobre todo, de mejor formaci¨®n. Y terminar con las jornadas extenuantes y con la intolerable presi¨®n pol¨ªtica a la que se encuentran sometidos los profesionales de la polic¨ªa.

P. Desde Interior se ha atribuido el aumento de la delincuencia al de poblaci¨®n inmigrante

R. El aumento de la delincuencia se debe al incremento de la marginalidad y precariedad social, no a la nacionalidad. El aumento de la productividad y la mejora de nuestro sistema de pensiones se deben en gran medida al impulso dado por los trabajadores inmigrantes, y eso rara vez se menciona. La confusi¨®n entre trabajador inmigrante y delincuente es peligros¨ªsima. Se tiene que diferenciar con claridad y dar seguridad jur¨ªdica a los extranjeros honrados para que puedan integrarse en la sociedad. Respecto a los indeseables, los delincuentes, la respuesta social debe ser clara y contundente, la expulsi¨®n cuando se trate de peque?os delitos con penas no superiores al a?o. En los dem¨¢s casos, deben cumplir la pena, y s¨®lo al final de la condena cabe expulsarles. Ahora, gracias a la ¨²ltima reforma del C¨®digo Penal, se expulsa a los narcotraficantes condenados a penas graves, hasta de seis a?os, tras un breve descanso en alg¨²n centro penitenciario. Se les manda de vuelta a su pa¨ªs con el billete pagado. Tiene un efecto desmoralizador para la sociedad y es un importante atractivo para el narcotr¨¢fico internacional.