Antonio Romero afirma que no agredi¨® a nadie durante la huelga del 20-J

Antonio Romero, parlamentario electo de Izquierda Unida, fue condenado el pasado jueves por siete faltas de lesiones, injurias y coacciones contra el due?o de un bar y un cliente durante la huelga general del 20 de junio de 2002. El parlamentario de IU sostiene que, "en ning¨²n caso", utiliz¨® "la violencia" ni golpe¨® a nadie para que secundara el paro contra el Decretazo.

Romero, que hace cuatro d¨ªas fue designado representante de su grupo en la Mesa del Parlamento de Andaluc¨ªa, ha anunciado que recurrir¨¢ la sentencia del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de M¨¢laga. El diputado de IU cuenta que, desde las seis de la ma?ana del 20-J, estuvo en M¨¢laga formando parte de un piquete informativo en el que tambi¨¦n estaban unas 100 personas, entre las que se encontraban representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.

Recorrieron durante todo el d¨ªa la ciudad y "la mayor¨ªa de comercios y bares estaban cerrados". Pero vieron que un restaurante permanec¨ªa abierto. El piquete informativo entr¨® en el local para intentar que el propietario lo cerrara. Romero confiesa que llam¨® "fascista" al due?o, pero que lo hizo despu¨¦s de que este le acusase de mantener una actitud antidemocr¨¢tica. Lo que no reconoce es el resto de faltas por las que ha sido condenado a pagar 2.325 euros de multa.

Para el parlamentario de Izquierda Unida, el due?o del bar y uno de los clientes le han acusado a ¨¦l porque era "el ¨²nico personaje p¨²blico". Romero apunta que la Fiscal¨ªa malague?a tambi¨¦n se ha presentado como acusaci¨®n respaldando "pr¨¢cticamente todas las faltas" que denunciaron los demandantes particulares. "No s¨¦ si se dieron instrucciones desde la Fiscal¨ªa de M¨¢laga, pero yo he sido muy cr¨ªtico con algunas decisiones [de esta instituci¨®n] con respecto a Marbella", afirma. Para Antonio Romero este tipo de procesos, al igual que el que se celebra en Sevilla contra el dirigente del SOC Diego Ca?amero, forma parte de una estrategia "de pensamiento ¨²nico" que pretende "criminalizar la lucha sindical".