Menores en el ojo del hurac¨¢n

?Qu¨¦ se puede hacer cuando un menor de edad colocado con disolvente o pegamento amenaza con un cuchillo, prende fuego a un sof¨¢ o roba una escopeta y se va a pegar tiros al monte? ?Qu¨¦ medida adoptar si ese joven es adem¨¢s un inmigrante que huy¨® de un ambiente hostil y lleva el desarraigo prendido en la piel? Estas son las preguntas que se hacen las instituciones y los educadores que trabajan con menores extranjeros conflictivos.

Cuando est¨¢n a punto de cumplirse tres a?os de la revuelta de un grupo de menores acogidos en el centro Zabaloetxe que tiene la Diputaci¨®n de Vizcaya en Loiu, un nuevo estallido de violencia, en esta ocasi¨®n en Ordu?a, reabre la pol¨¦mica. Este centro se habilit¨® en junio de 2001 para paliar la saturaci¨®n del de Loiu. Entonces, el objetivo de la Diputaci¨®n, responsable de la tutela, fue el mismo que mantiene actualmente, separar a los violentos de la gran mayor¨ªa de menores inmigrantes, la mayor¨ªa marroqu¨ªes, que acude a Vizcaya a trav¨¦s del efecto llamada de los m¨®viles.

Los menores causantes de los disturbios del 22 de marzo han sido dispersados

Sin embargo, la medida no ha salido bien. Y la instituci¨®n foral anuncia que "lo antes posible" va a cerrar el centro de Ordu?a para destinarlo a otros usos. ?Qu¨¦ har¨¢ con los j¨®venes? "Queremos abrir un centro nuevo para los problem¨¢ticos antes del verano. La veintena restante vivir¨¢n en pisos, que es la mejor forma de integraci¨®n. El problema es encontrar un lugar donde se pueda albergar a los conflictivos", admite un portavoz de la Diputaci¨®n vizca¨ªna. Actualmente, hay 22 menores en Ordu?a; 66 en Zabaloetxe y 44, mayores de 18 a?os, en pisos de emancipaci¨®n. Adem¨¢s, 10 que cumplen condena en en el caser¨ªo Mendixola, en la localidad alavesa de Aramaio, y un n¨²mero sin determinar en Ortuella.

Los acontecimientos del 22 de marzo, que han propiciado la decisi¨®n de cerrar Ordu?a, son los ¨²ltimos de una larga serie de incidentes. Juan Mar¨ªa Aburto, diputado de Acci¨®n Social, califica de "desolador" el panorama que se encontr¨® aquella madrugada. El pretexto del estallido fue la negativa de un joven de 18 a?os a abandonar el centro de acogida. "La situaci¨®n se endureci¨® y tras amenazar a los educadores y romper cristales, arrancaron y destrozaron el mobiliario y lo tiraron todo por el hueco de la escalera y las ventanas", relata Aburto, quien destaca que algunos chicos les hicieron saber su repulsa por lo que pas¨®. En el momento de los hechos, hab¨ªa en el centro tres vigilantes y tres educadores y aunque los implicados en los disturbios eran menos de 10, hubo que avisar a la Ertzaintza.

El juez orden¨® la dispersi¨®n. Al mayor de edad se le ha impedido volver a Ordu?a y, aunque se le ofrecieron otras alternativas, seg¨²n Aburto, se desconoce su paradero. Un menor fue trasladado a Loiu, cinco a los centros de r¨¦gimen cerrado de Mendixola (3) y Zum¨¢rraga (2) y dos a Ortuella. Los da?os en el edificio y el mobiliario alcanzan los 200.000 euros.

"El problema es que no hay medios. Ordu?a es un centro de acogida, con unas normas b¨¢sicas y cinco educadores para 30 chavales. Pueden llegar a atemorizar. Se r¨ªen de que les quiten los 6 euros de paga porque roban lo que quieren. Se saben totalmente impunes. Se les env¨ªa a Mendixola para que cumplan la pena, pero vuelven a Ordu?a a los tres meses y reinciden", relata T., un educador.

Otro educador que trabaja en Mendixola coincide. "Los chavales salen a la calle y vuelven colocados de disolvente. No puedes hace nada. Aunque aqu¨ª, en el r¨¦gimen cerrado, es diferente; hay medidas coercitivas y disuasorias, hasta los platos son de pl¨¢stico, y se les puede cachear", se?ala.

Para la Diputaci¨®n de Vizcaya, la futura ley del Menor, "deber¨ªa regular las posibilidades de intervenci¨®n de car¨¢cter coactivo para hacer frente a situaciones extraordinarias que resulten peligrosas para la integridad f¨ªsica y moral del menor, de los otros menores, de los educadores o de las instalaciones".

Sin embargo, su petici¨®n no ha sido tenida en cuenta. El proyecto de ley de Protecci¨®n y Atenci¨®n a la Infancia y a la Adolescencia que est¨¢ previsto que apruebe el Gobierno vasco el pr¨®ximo mes de mayo no lo contempla. "El Ararteko ha se?alado la improcedencia de crear servicios especiales, y menos a¨²n centros, para un colectivo determinado, como es el de inmigrantes. Nosotros lo compartimos plenamente. No se han regulado medidas de limitaci¨®n de derechos y libertades. En los casos necesarios hay que contar con autorizaci¨®n judicial y deben ser individualizadas. Lo que s¨ª tiene que haber es todos los recursos humanos y materiales posibles y la adopci¨®n de medidas educativas y disciplinarias", defiende ?ngel Bao, director de Asuntos Sociales del Gobierno vasco.