Los ¨²ltimos 70 d¨ªas de Encarnaci¨®n Rubio

No bast¨®. La orden judicial de protecci¨®n que amparaba a Encarnaci¨®n Rubio como v¨ªctima de la violencia dom¨¦stica no logr¨® evitar su muerte 70 d¨ªas despu¨¦s de haber denunciado su situaci¨®n. El pasado mi¨¦rcoles, su marido, Francisco Jim¨¦nez Uceda, franque¨® por segunda vez la barrera de 100 metros de distancia (alejamiento) que el juzgado le hab¨ªa impuesto para que no agrediera a su esposa. En esta ocasi¨®n, el marido no fall¨®. La arroll¨® por tres veces con su Opel Corsa verde hasta dejarla muerta.

El juzgado n¨²mero 1 de Instrucci¨®n de Santa Fe hab¨ªa dictado la orden de protecci¨®n el 28 de enero, seis d¨ªas despu¨¦s de que Encarnaci¨®n denunciara ante la Guardia Civil el maltrato de su marido, enfermo de esclerosis m¨²ltiple. La juez orden¨® el alejamiento del esposo a m¨¢s de 100 metros de su mujer, su domicilio o su lugar de trabajo. La orden, que seg¨²n la abogada de la v¨ªctima, Mar¨ªa Luisa Aranda, era "impecable", otorgaba adem¨¢s a Encarnaci¨®n el domicilio de ambos, le daba la guarda y custodia de su hija menor y suspend¨ªa las visitas del padre oblig¨¢ndole a pasar una pensi¨®n a la chica. "Encarnaci¨®n sali¨® encantada del juzgado", recuerda su letrada. "Pensaba que con esas medidas, se encontrar¨ªa a salvo".

Nueve d¨ªas despu¨¦s, la realidad demostr¨® que la v¨ªctima se equivocaba. El seis de febrero, la Polic¨ªa Local de C¨²llar-Vega, tuvo que sacar al marido del chal¨¦ que, hasta la denuncia, ambos hab¨ªan compartido. Seg¨²n los agentes, el presunto agresor se encontraba drogado y tumbado sobre uno de los sillones de la casa. El 12 de febrero, la juez de Santa Fe recibi¨® la notificaci¨®n policial que explicaba este incidente, seg¨²n fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA). El ocho de marzo fue la propia Encarnaci¨®n la que record¨® a la juez ese episodio.

Sin petici¨®n de c¨¢rcel

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (art¨ªculo 544 bis) faculta al juez en estos casos a enviar a la c¨¢rcel al presunto agresor mientras sigue el proceso. Pero la prisi¨®n provisional para Francisco Jim¨¦nez no lleg¨® a adoptarse a pesar de que el juzgado conoc¨ªa el incumplimiento de la orden por dos fuentes: la v¨ªctima y la polic¨ªa. Seg¨²n fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa (TSJA), la juez no pod¨ªa decretar la prisi¨®n por iniciativa propia. "S¨®lo puede acordarse a petici¨®n del fiscal o la propia v¨ªctima", matizaron.

"Mi defendida no quer¨ªa ver al padre de sus hijos en la c¨¢rcel", explic¨® ayer la letrada Mar¨ªa Luisa Aranda. Matiz¨® que un abogado no puede solicitar del juez lo que su cliente no le permite pedir. "Como Encarnaci¨®n no quiso recordar que su marido hab¨ªa entrado en la casa ante la juez, fui yo misma la que le pregunt¨¦ sobre ello. Entonces lo cont¨®. Su respuesta consta en la declaraci¨®n", a?adi¨®.

La juez, que nada m¨¢s conocer esos hechos abri¨® otra investigaci¨®n sobre la vulneraci¨®n del alejamiento, consider¨® que el informe policial que lo denunciaba no era suficiente para dictar nuevas medidas que garantizasen la seguridad de la v¨ªctima, por lo que pidi¨® m¨¢s datos a los agentes de C¨²llar-Vega. Seg¨²n fuentes judiciales, no recibi¨® esa ampliaci¨®n, que era el paso previo para convocar al fiscal y a la acusaci¨®n particular y ver si ellos ped¨ªan la prisi¨®n provisional.

Sin embargo, seg¨²n una fuente de la fiscal¨ªa que pidi¨® no ser identificada, al conocer el peligro que corr¨ªa la v¨ªctima, el juzgado podr¨ªa haberlo comunicado al fiscal, con el que los jueces tienen una relaci¨®n casi diaria. "Le podr¨ªa haber mostrado la declaraci¨®n para solicitarle de manera informal que pidiera la prisi¨®n provisional", dijo. La juez ten¨ªa la potestad de proponer una nueva comparecencia en la que el fiscal estuviera presente. "Ha fallado la comunicaci¨®n entre ambos, algo vital en casos como este", a?adi¨®.

Seg¨²n el fiscal jefe del TSJA, Jes¨²s Garc¨ªa Calder¨®n, los jueces suelen ser reticentes a mandar a la c¨¢rcel a quienes incumplen el alejamiento ya que la pena por el quebrantamiento de la medida no es demasiado grave. Si se deniega la prisi¨®n, el fiscal puede presentar un recurso de apelaci¨®n que tarda en resolverse unos cinco meses.

"En los casos en que se vulnera el alejamiento, el juez se encuentra con el problema de valorar si la peligrosidad del presunto agresor es suficiente para enviarlo a la c¨¢rcel, una medida extraordinariamente grave", se?al¨® Garc¨ªa Calder¨®n. "En ese momento, su especializaci¨®n en este tipo de delitos es fundamental", asegur¨® Calder¨®n. Record¨® que los fiscales dedicados a violencia dom¨¦stica "desarrollan un olfato especial sobre los riesgos que corre la v¨ªctima".

Sin indicios de delito

Pero jueces y fiscales no eran los ¨²nicos responsables de la seguridad de Encarnaci¨®n. La v¨ªctima denunci¨® a su agresor ante la Guardia Civil de Armilla. Adem¨¢s de relatar ante los agentes los insultos y amenazas que recib¨ªa, Encarnaci¨®n se?al¨® que su marido ya la hab¨ªa intentado atropellar, un delito castigado con varios a?os de c¨¢rcel. Sin embargo, los guardias que la atendieron, no dedujeron de sus declaraciones indicios de delito, por lo que iniciaron los tr¨¢mites para un juicio de faltas inmediato.

Cuando a la semana siguiente se dict¨® la orden de protecci¨®n, los agentes entendieron que bastaba vigilar la situaci¨®n de la mujer durante sus rondas. Seg¨²n la Direcci¨®n General de la Guardia Civil, la orden establec¨ªa que se prestara a la v¨ªctima "la protecci¨®n oportuna". "Si en lugar de establecer la protecci¨®n oportuna, la juez hubiera concretado que la protecci¨®n deb¨ªa ser inmediata y permanente, la mujer hubiera tenido un guardia al lado las 24 horas del d¨ªa", asegur¨® un portavoz del cuerpo. Fuentes de la fiscal¨ªa aseguraron ayer que la orden de protecci¨®n de Encarnaci¨®n, era similar a cualquier otra.

La Polic¨ªa Local de C¨²llar-Vega, que tambi¨¦n recibi¨® la orden del juez, asegura que procur¨® a la v¨ªctima toda la seguridad que estaba en sus manos. "Le dijimos que trabajara en otras zonas del pueblo m¨¢s cercanas al centro donde las calles son menos anchas, pero somos s¨®lo tres agentes para una poblaci¨®n de 6.000 habitantes", asegur¨® ayer uno de sus miembros.

Francisco Jim¨¦nez, que tras el atropello se entreg¨® a la Guardia Civil y confes¨® su actuaci¨®n, declar¨® ayer ante la juez que no recordaba lo ocurrido. La misma juez que decret¨® su alejamiento, lo mand¨® a prisi¨®n de forma incondicional. Encarnaci¨®n es la v¨ªctima n¨²mero 14 de la violencia dom¨¦stica este a?o. Y la primera con orden de protecci¨®n.