Un dif¨ªcil pleito fiscal

No ser¨¢ nada f¨¢cil la cruzada del presidente brasile?o, Luiz In¨¢cio Lula da Silva, y de su par argentino, N¨¦stor Kirchner, para que el FMI rebaje sus exigencias fiscales y permita que estos pa¨ªses eleven la inversi¨®n en sus infraestructuras. El Fondo viene elaborando desde hace meses un plan para excluir de la contabilidad del gasto corriente a lo destinado a obras p¨²blicas, pero su propuesta final s¨®lo contempla la posibilidad de descontar la inversi¨®n de ciertas empresas estatales.

Los organismos multilaterales llaman la atenci¨®n sobre el d¨¦ficit social y reconocen que el sector privado no puede encargarse de suplirlo

Los presidentes Lula y Kirchner pretenden que el Fondo rebaje sus exigencias fiscales y que les permita elevar la inversi¨®n en infraestructuras

La discusi¨®n sobre la contabilidad de la inversi¨®n es a?eja, pero ha sido resucitada en los ¨²ltimos tiempos ante la evidente falta de infraestructura en Latinoam¨¦rica y su impacto negativo en el desarrollo. Hasta el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han llamado la atenci¨®n sobre este d¨¦ficit y han reconocido, a diferencia de lo que hac¨ªan en los a?os noventa, que el sector privado solo no puede encargarse de suplirlo. En 2003, Lula y Kirchner, dos referentes de la centroizquierda latinoamericana, comentaron en privado la necesidad de excluir a la inversi¨®n de las metas fiscales acordadas con el FMI durante la visita a sus pa¨ªses del entonces director gerente del Fondo, Horst K?hler.

Los dos presidentes terminaron firmando a principios del mes pasado el consenso de Copacabana, por el que ambos solicitan al FMI que no se considere gasto corriente, y por ende sujeto a restricciones fiscales, la inversi¨®n en infraestructura, educaci¨®n, ciencia y tecnolog¨ªa, sanidad y desarrollo social. Sucede que el Banco Mundial y el BID suelen prestar para estos fines con la condici¨®n de que el pa¨ªs receptor desembolse una contraparte. La disciplina fiscal de estos Estados altamente endeudados y con baja recaudaci¨®n tributaria impide muchas veces que dispongan de esos recursos propios y, por tanto, los cr¨¦ditos multilaterales no se ejecutan.

A fines del mes pasado, en la asamblea anual del BID, nueve pa¨ªses latinoamericanos (M¨¦xico, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Per¨², Bolivia, Paraguay y Uruguay) se sumaron a la petici¨®n de Lula y Kirchner, en la llamada carta de Lima, aunque s¨®lo pusieron el acento en la inversi¨®n en infraestructura. En un seminario previo a la asamblea, sin embargo, la directora del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Teresa Ter-Minassian, present¨® la propuesta del organismo, mucho menos generosa que la latinoamericana. En primer lugar, el documento analiza si la inversi¨®n p¨²blica contribuye al desarrollo y concluye que s¨ª. Despu¨¦s, se pregunta si los programas del FMI afectan la inversi¨®n p¨²blica y reconoce que producen alguna disminuci¨®n. En tercer t¨¦rmino, recuerda c¨®mo se contabiliza este ¨ªtem en los pa¨ªses desarrollados. Ter-Minassian concluye que este mecanismo no podr¨ªa utilizarse en pa¨ªses en desarrollo porque deber¨ªan adaptar toda su contabilidad a criterios similares a los del sector privado.

La propuesta del FMI termina promoviendo que en los pa¨ªses emergentes s¨®lo se compute de manera diferencial lo invertido por empresas p¨²blicas con fines comerciales, participaci¨®n privada en su paquete accionario y que recurran a los mercados de capital para tomar cr¨¦ditos, que a su vez devuelvan con sus propios fondos.