Respuesta a la embajadora

La r¨¦plica de la embajadora de Colombia (carta al director del 25 de abril) a mis declaraciones aparecidas en la edici¨®n del pasado 22 de abril (p¨¢gina 9), concluye compar¨¢ndome con un sacerdote espa?ol, quien, seg¨²n la embajadora, habr¨ªa fundado el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional en Colombia. Tal exceso en la r¨¦plica refleja precisamente uno de los rasgos del Gobierno que ella representa, que consiste en asumir las acciones leg¨ªtimas de protesta c¨ªvica o de reclamos hechos en los marcos de la ley como si fuesen expresiones de insurgencia armada. Hace apenas unos meses el mismo presidente Uribe calificaba a los defensores de los derechos humanos como "defensores del terrorismo".

Si he afirmado que el actual Gobierno de Colombia adelanta un proceso de paramilitarizaci¨®n del pa¨ªs, las razones que me asisten para decirlo se distancian mucho de la lectura que hace la embajadora de la realidad y de la historia de Colombia. Ella no toma en cuenta que la estrategia paramilitar en su origen y condiciones de subsistencia ha dependido siempre del Estado, ni entiende que las cr¨ªticas a la pol¨ªtica de "seguridad democr¨¢tica" del actual Gobierno se levantan desde quienes ven arruinados sus derechos a la vida, a las libertades democr¨¢ticas y a la justicia, que ciertamente no son las capas acomodadas o sectores dirigentes de la sociedad, sino los sectores m¨¢s fr¨¢giles de la poblaci¨®n que son las mayor¨ªas.

El presidente Uribe ha defendido y puesto en pr¨¢ctica la tesis seg¨²n la cual la seguridad ciudadana depende de involucrar a capas cada vez m¨¢s amplias de poblaci¨®n civil en tareas auxiliares de la fuerza armada. En ese principio se basa precisamente el paramilitarismo desde que fue impuesto como estrategia a los gobiernos colombianos, por una misi¨®n militar estadounidense en febrero de 1962, incluso antes de que aparecieran las fuerzas guerrilleras que hoy subsisten. El presidente Uribe ha llevado este principio hasta aplicaciones extremas, abriendo amplios espacios para que los paramilitares se vayan

acomodando en un estatus legal, tales como los soldados campesinos, las redes de informantes y cooperantes y la articulaci¨®n de las empresas privadas de seguridad a la estrategia militar. Borrar de esa manera las fronteras entre lo civil y lo militar no puede sino conducir a confundir la controversia civil con la confrontaci¨®n armada y a que sea la fuerza armada la que dirima las diferencias ideol¨®gicas y pol¨ªticas, continuando e intensificando los ba?os de sangre que marcan nuestro pasado. La misma 'justicia' est¨¢ hoy d¨ªa m¨¢s determinada por actores armados, quienes confeccionan supuestos informes de inteligencia, seleccionan, preparan y remuneran 'testigos', recaudan 'pruebas', allanan residencias e interceptan comunicaciones, realizan capturas y ejercen todo tipo de presiones desde posiciones donde la imparcialidad, anta?o base de toda justicia, es absolutamente imposible. El totalitarismo salta a la vista y es sufrido por quienes no comparten el modelo de una sociedad y econom¨ªa sometidas a los capitales transnacionales. Si estas realidades no se viven ni se sienten desde las sedes diplom¨¢ticas, al menos deber¨ªa respetarse la denuncia que se levanta desde enormes capas sociales que las sufren tr¨¢gicamente.