Comisi¨®n de claridad

?Hay que crear una comisi¨®n parlamentaria de investigaci¨®n sobre el 11-M, como ayer propuso Izquierda Unida con el apoyo de ERC y el Grupo Mixto? Sea mediante esa f¨®rmula o cualquier otra, los ciudadanos necesitan explicaciones solventes en torno al mayor atentado ocurrido en Espa?a. La informaci¨®n publicada hasta ahora es demasiado fragmentaria, y en ocasiones contradictoria, como para atenuar una l¨®gica sensaci¨®n de vulnerabilidad. Es sabido que las investigaciones judiciales en curso exigen tiempo y sobre ellas recae el secreto judicial, pero la gente tiene derecho a saber como condici¨®n b¨¢sica para recuperar seguridad. Que ello se haga bajo un formato u otro, es secundario. Lo importante es que se canalice hacia las instituciones un debate que amenaza con provocar un desbordamiento que s¨®lo beneficiar¨ªa a quienes idearon los atentados. El intercambio de juicios (y prejuicios) entre el ministro Alonso y el ex ministro Acebes es un adelanto de ese desbordamiento.

Ambos fueron imprudentes, y la prueba es que han dado pie para que se desparramen, junto a hip¨®tesis exageradas, pero no absurdas, otras claramente descabelladas. El propio Aznar escribe en el libro de memorias que present¨® ayer: "Quiz¨¢ los propios ¨¦xitos conseguidos en la lucha contra ETA nos han llevado a bajar la guardia ante la amenaza fundamentalista". De momento parece evidente que, al igual que en Estados Unidos en v¨ªsperas del 11-S, el peligro fue subestimado. Ello ya bastar¨ªa para abrir una investigaci¨®n. No necesariamente una comisi¨®n parlamentaria que dilucida eventuales responsabilidades pol¨ªticas, pero tampoco una mera encuesta interna, de orden t¨¦cnico: el mayor atentado de nuestra historia, con 191 muertos y 1.500 heridos, requiere un balance p¨²blico de los motivos por los que algo as¨ª no pudo ser evitado. Las responsabilidades pol¨ªticas que pudiera haber en relaci¨®n al 11-M fueron zanjadas en las urnas, seg¨²n el criterio que aqu¨ª fue asumido en su momento por las principales fuerzas parlamentarias. Pero el Reglamento del Congreso contempla la posibilidad de constituir otro tipo de comisiones no permanentes (art¨ªculo 53). Las ha habido sobre asuntos como la violencia machista o la seguridad vial.

El problema es que en el caso de los atentados podr¨ªa haber problemas de seguridad; por ejemplo, en torno a una de las cuestiones m¨¢s necesitadas de esclarecimiento: el papel de los dos detenidos que vendieron los explosivos a los terroristas y de los que se ha reconocido que eran confidentes policiales. En vista de esto, el PSOE, que se hab¨ªa comprometido a no oponerse a una comisi¨®n de investigaci¨®n si la propon¨ªa alg¨²n grupo, trataba ayer de reconducir la propuesta hacia la comisi¨®n de secretos oficiales del Congreso.

El PP dijo de entrada que era el m¨¢s interesado en que se investigase para que se supiera lo que pas¨® "realmente" entre el 11 y el 14 de marzo, pero luego ha precisado que no ser¨ªa posible una investigaci¨®n en paralelo a la judicial. Sin embargo, una cosa es investigar la acci¨®n terrorista como tal y otra los motivos de que se subestimara la posibilidad de que algo as¨ª pudiera ocurrir. Sobre esto no deber¨ªa ser imposible un dictamen compartido; pues no se trata de culpar a nadie -los culpables fueron los terroristas y no hay motivo para pensar otra cosa-, sino de aclarar qu¨¦ habr¨ªa que corregir para definir una estrategia compartida frente al desaf¨ªo del nuevo terrorismo.