Zapatero asume la reforma estatutaria 'a la carta'

Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero ha conseguido su primer objetivo de pol¨ªtica territorial, implicar al PP en la reforma constitucional para hacer del Senado una C¨¢mara auton¨®mica, la reformas de los estatutos de autonom¨ªa y la del modelo de financiaci¨®n de las comunidades. La reuni¨®n que en los pr¨®ximas d¨ªas mantendr¨¢n el jefe del Gobierno y el secretario general del PP, Mariano Rajoy, marcar¨¢ el proceso de reformas territoriales en Espa?a. Pero Zapatero no limitar¨¢ su pol¨ªtica al acuerdo con el PP. Quiere dar el paso de comprometer en el acuerdo a los partidos nacionalistas. "Se va a hacer una pol¨ªtica territorial incluyente", aseguran fuentes gubernamentales.

El Gobierno socialista prepara un proyecto de envergadura para materializarlo en esta legislatura a trav¨¦s de un largo proceso, y con la pretensi¨®n de que sirva para toda una generaci¨®n como ha servido durante 25 a?os el acuerdo constitucional de 1978. As¨ª, el proyecto de reformas de los estatutos de autonom¨ªa va a ser diferente a los precedentes, pactados por el PSOE y el PP, de 1992 y 1996.

Entonces, el PP y el PSOE pactaron reformas tasadas y homog¨¦neas de los estatutos de las comunidades de r¨¦gimen com¨²n, reguladas por el art¨ªculo 143 de la Constituci¨®n, todas gobernadas por populares o socialistas. Ahora se abre un nuevo proceso en el que se abordar¨¢ la reforma de los estatutos de las comunidades de r¨¦gimen especial, como Catalu?a, Pa¨ªs Vasco, Canarias, Andaluc¨ªa y Comunidad Valenciana, reguladas por el art¨ªculo 151 de la Norma fundamental. En algunas, gobiernan partidos nacionalistas. A ese proceso se podr¨¢n enganchar todas las comunidades aut¨®nomas que lo deseen. La iniciativa de las reformas debe proceder de las comunidades. El Gobierno aspira a incluir en los pactos a todos los partidos, nacionales, nacionalistas y regionalistas.

La filosof¨ªa con la que encara el Ejecutivo este nuevo proceso se resume en esta frase: "El lema de caf¨¦ para todos responde a la etapa anterior, ya superada. El caf¨¦ ahora se lo va a tomar cada comunidad como quiera, pero, eso s¨ª, dentro de la misma taza".

Eso significa que el Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero va a abordar la reforma de los estatutos de las comunidades que la reclaman con la pretensi¨®n de recoger en los textos la voluntad pol¨ªtica de cada una, sin uniformidades obligadas. "Ser¨¢ un proceso estatutario a la carta", subrayan fuentes gubernamentales. La condici¨®n del Gobierno es que se materialicen en el marco de la Constituci¨®n, con un consenso nunca inferior al de partida y, tambi¨¦n, con flexibilidad.

Por ejemplo, si Canarias quiere tener competencias policiales y la Comunidad Valenciana no, las reformas deben recogerlo as¨ª. Si unas comunidades, como Catalu?a, quieren una amplia descentralizaci¨®n de la justicia y otras no, se respetar¨¢n ambas opciones. Las fuentes se?alan que existen muchos posibles hechos diferenciales, desde la relaci¨®n fronteriza de Arag¨®n con Francia al peso especial en Castilla y Le¨®n de la Pol¨ªtica Agraria Com¨²n europea. El Gobierno no propiciar¨¢ la homogeneidad obligatoria.

El Ejecutivo ultima su dise?o de Estado de las autonom¨ªas impulsado por el propio Zapatero, que tiene un concepto de Espa?a "muy abierto" y muy desarrollado, en la medida en que fue portavoz del PSOE en la Comisi¨®n de Administraciones P¨²blicas del Congreso durante dos legislaturas. En la legislatura 1996-2000 tuvo enfrente precisamente a Mariano Rajoy como ministro del departamento, lo que tambi¨¦n puede facilitar el acuerdo con el PP.

Zapatero ya ha adelantado algunas iniciativas propias, como la participaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas en las reuniones transfronterizas entre Estados cuando haya asuntos que afecten a sus competencias y el reconocimiento de las lenguas cooficiales de Espa?a en la Constituci¨®n Europea. "Estas iniciativas no responden a presiones de ninguna comunidad aut¨®noma, sea de signo nacionalista o no. Surgen de la propia concepci¨®n de Espa?a que tiene Zapatero", explican fuentes gubernamentales, que anuncian nuevas iniciativas en la misma direcci¨®n.

Este proyecto ambicioso del Gobierno se ha visto fortalecido por la disposici¨®n favorable de los nacionalistas y del propio PP a participar en la reforma constitucional y estatutaria, tal y como expresaron sus portavoces el martes en el Senado en respuesta a la oferta que Zapatero les plante¨®. "Podemos estar ante una oportunidad ¨²nica de lograr un acuerdo territorial ambicioso y m¨¢s incluyente que el actual", se?alan fuentes del Ejecutivo.

El PP, que no contemplaba en su programa la reforma de la Constituci¨®n ni de los estatutos, ha dado un giro pragm¨¢tico de la mano de Rajoy, ante la decisi¨®n irrevocable del Gobierno de materializarlas. El PP participar¨¢ en la ponencia de reforma constitucional y en las de los estatutos de autonom¨ªa.El PSOE cree tambi¨¦n que ha influido la presi¨®n de los presidentes de comunidades del PP.

El proceso de reforma de la Constituci¨®n y de los estatutos ser¨¢ largo y paralelo, calcula el Gobierno. El dictamen del Consejo de Estado, que pilotar¨¢ el catedr¨¢tico Francisco Rubio Llorente, debe fijar, en el plazo de un a?o, el alcance de la reforma constitucional. Inicialmente, afectar¨¢ al Senado y a la inclusi¨®n en la Norma fundamental de la denominaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas como asuntos m¨¢s importantes. En el dictamen, cuyo prop¨®sito ser¨¢ muy ambicioso, participar¨¢n expertos de procedencia plural. A partir de este trabajo, se crear¨¢ la ponencia de reforma constitucional.

Como medida previa, tanto Zapatero como el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, se habr¨¢n entrevistado con todos los presidentes de comunidad. La percepci¨®n com¨²n -Sevilla ya se ha entrevistado con m¨¢s de la mitad- es que todos los presidentes, incluidos los del PP, quieren la reforma del Senado. El 3 de junio, Sevilla comparece ante la Comisi¨®n General de Comunidades Aut¨®nomas del Senado. Y en septiembre, Zapatero convocar¨¢ por vez primera la Conferencia de Presidentes Auton¨®micos. Estas iniciativas propiciar¨¢n un debate previo sobre la reforma constitucional del Senado.

Las reformas de los estatutos, cuya iniciativa corresponde a las comunidades, empezar¨¢n a materializarse el pr¨®ximo a?o, con el examen de las Cortes. Hasta el momento la han reclamado los Gobiernos de Catalu?a, Andaluc¨ªa, Canarias y Comunidad Valenciana, a los que pueden sumarse m¨¢s comunidades. El Gobierno vasco mantiene la iniciativa del plan Ibarretxe, que no es aceptada como reforma estatutaria ni por el Gobierno del PSOE ni tampoco por el PP. Zapatero conf¨ªa a¨²n en una retirada del plan por parte del lehendakari y la apertura de un proceso de reforma legal, similar al de las dem¨¢s comunidades aut¨®nomas.

En cuanto a la financiaci¨®n auton¨®mica, el Gobierno presentar¨¢ antes de fin de a?o un informe sobre el funcionamiento del modelo vigente desde diciembre de 2001, que marcar¨¢ las pautas de las reformas, e iniciar¨¢ el debate. Al Ejecutivo le gustar¨ªa tener un nuevo modelo antes de acabar la legislatura. Sevilla ha detectado una seria preocupaci¨®n entre los presidentes de comunidad por las deficiencias del modelo, particularmente por el d¨¦ficit sanitario, que en algunos casos, como Catalu?a y Andaluc¨ªa, lastran su financiaci¨®n de manera "muy grave".