El fiscal pide tres a?os de c¨¢rcel a dos jefes y dos m¨¦dicos por el caso del amianto
El fiscal solicita tres a?os de c¨¢rcel para cada uno de los cuatro procesados, dos jefes de personal y dos m¨¦dicos, por la muerte de 8 obreros por asbestosis -inhalaci¨®n de polvo de amianto- y otros 29 m¨¢s que resultaron enfermos graves en la extinta f¨¢brica Fibrocementos de Levante del grupo Uralita, radicada en la localidad de Sant Vicent del Raspeig. El ministerio p¨²blico basa el grueso de su acusaci¨®n en que no se realizaron los preceptivos reconocimientos m¨¦dicos o, bien, que "¨¦stos se efectuaron de manera negligente y, adem¨¢s, se ocult¨® informaci¨®n a los operarios".
Los hechos ocurrieron entre los a?os 1950 y 2003, periodo de actividad de la f¨¢brica. En 1998, un grupo de seis ex operarios, encabezado por Francisco Mart¨ªnez, fund¨® la Asociaci¨®n de Trabajadores Afectados por el Amianto, y en marzo de ese a?o present¨® una querella criminal en el juzgado n¨²mero 1 de Sant Vicent del Raspeig contra la empresa por su supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores.
En su escrito de calificaci¨®n provisional el fiscal Miguel Guti¨¦rrez, solicita la apertura de juicio oral contra cuatro acusados: Jos¨¦ P¨¦rez Domene y Carmelo Blay, ambos ex jefes de personal de la f¨¢brica, y los m¨¦dicos de la empresa, Alberto Clemente Regidor y Miguel ?ngel Sarabia Romero. El fiscal considera a los cuatro responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores, de 8 delitos de homicidio por imprudencia y 29 de lesiones. El ministerio p¨²blico pide una indemnizaci¨®n inicial de 240.000 euros por cada muerte e igual cantidad para cada uno de los 29 ex trabajadores enfermos graves.
El fiscal resalta que en 1984 ya era conocido en el ¨¢mbito cient¨ªfico la correlaci¨®n del riesgo cancer¨ªgeno por la asbestosis. "Pero, pese a ello, los responsables de la empresa persist¨ªan en la carencia total de medidas de protecci¨®n para la salud de los trabajadores", precisa. Uralita, en un comunicad, indica que en su f¨¢brica de San Vicente ha seguido "la normativa legal y reglamentaria vigente en cada momento, respetando las medidas preventivas de seguridad, salubridad e higiene exigidas en el trabajo".
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