Desaf¨ªo al Gobierno
La decisi¨®n del Gobierno de paralizar la aplicaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Calidad de la Educaci¨®n (LOCE), abanderada por el PP en la pasada legislatura en contra del criterio de todos los grupos parlamentarios excepto Coalici¨®n Canaria, se ha convertido ya en una de las puntas de lanza pol¨ªtica de esta legislatura. El PP ha decidido convertir esta cuesti¨®n en tema prioritario en su estrategia de oposici¨®n. As¨ª, tras la aprobaci¨®n el viernes pasado por el Consejo de Ministros del decreto que establece un nuevo calendario de aplicaci¨®n de la ley para retrasar dos a?os los cambios m¨¢s controvertidos que a¨²n no se han aplicado (como los itinerarios en la ESO, la rev¨¢lida y la religi¨®n evaluable), el PP ha anunciado que todas las comunidades en las que gobierna recurrir¨¢n este retraso ante el Tribunal Supremo, solicitando adem¨¢s la congelaci¨®n inmediata del decreto.
Este enfrentamiento es un paso m¨¢s en la equivocada direcci¨®n de consolidar la educaci¨®n como un tema de primer orden en la lucha partidista. Detr¨¢s de estas decisiones pol¨ªticas, estudiantes, familias y colegios se ven inmersos en un complejo proceso plagado de incertidumbres. La tensi¨®n entre las organizaciones educativas conservadoras y progresistas, provocada en la pasada legislatura por la prisa con la que el anterior Ejecutivo cambi¨® toda la educaci¨®n espa?ola, no parece estarse aflojando. El prop¨®sito declarado por el Gobierno era precisamente el contrario: tener un margen de dos a?os para, por un lado, promover el amplio debate que se demand¨® y no realiz¨® en la pasada legislatura sobre el sistema educativo espa?ol y, por otro, aprobar un modelo moderno de educaci¨®n de futuro, acordado entre todos, que d¨¦ estabilidad al sistema educativo.
Pero el PP ha decidido pon¨¦rselo lo m¨¢s dif¨ªcil posible, a pesar de que el decreto ha sido respaldado por el Consejo de Estado y por el Congreso de los Diputados, con la ¨²nica oposici¨®n de los populares. El PP considera que el decreto "paraliza una ley org¨¢nica con una norma de rango inferior" y que "invade competencias de las comunidades aut¨®nomas". El Gobierno ha insistido en que no es una "suspensi¨®n" de la LOCE, sino un cambio en el calendario para posponer las medidas m¨¢s pol¨¦micas, ya que "esta ley otorga en una disposici¨®n adicional competencias al Gobierno para establecer el calendario, y esto es lo que ha hecho". El Supremo ser¨¢ ahora el que tenga la ¨²ltima palabra tras evaluar si el decreto perturba o no el inter¨¦s general.
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