Las tres c¨¢rceles de Euskadi padecen una completa situaci¨®n de abandono

Se miren por donde se miren, las tres c¨¢rceles vascas son una ruina. Sus 1.224 ocupantes, seg¨²n los datos del ¨²ltimo viernes, a?aden a la condena que supone la falta de libertad un inconveniente m¨¢s: los edificios en los que viven -Basauri, Martutene o Nanclares- no re¨²nen unas condiciones decentes de habitabilidad, ni para ellos, los presos, ni tampoco para los funcionarios que los vigilan. Celdas que ya no se pueden cerrar porque los goznes de las puertas han cedido, ventanas con herrumbre, instalaciones el¨¦ctricas e inform¨¢ticas que se estropean los d¨ªas de tormenta,... En 1992, cuando el Gobierno socialista elabor¨® un plan para modernizar las prisiones, se decidi¨® que uno de los 19 centros tipo -con capacidad para 1.200 reclusos y una arquitectura acorde con las necesidades penitenciarias- tendr¨ªa que levantarse en Euskadi. Se daba por sentado entonces que las candidatas a desaparecer ser¨ªan Basauri y Martutene, las m¨¢s viejas, y que inmediatamente despu¨¦s se echar¨ªa el cierre a Nanclares, construida en 1981 sobre los terrenos de un antiguo campo de concentraci¨®n.

Los funcionarios se quejan de que ni el Gobierno central ni el vasco se preocupan por su seguridad

Sin embargo, nada de eso se hizo. Ya en 2003, y tras siete a?os del PP en el Gobierno, se aprob¨® la construcci¨®n de cuatro nuevas c¨¢rceles, pero tampoco son¨® la flauta: dos se construir¨ªan en Andaluc¨ªa, una en Valencia y otra en Madrid. ?Que pasaba con las c¨¢rceles vascas? La respuesta es muy sencilla: nada.

Hay dos cuestiones -para redondear la aproximaci¨®n general al problema- que en los ¨²ltimos tiempos vienen afectando sobremanera a la situaci¨®n de los presidios vascos. Por un lado, la pol¨ªtica de d¨¦ficit cero puesta en pr¨¢ctica por el Gobierno del PP. No es dif¨ªcil imaginar que la situaci¨®n de las c¨¢rceles en Euskadi no figuraba entre las principales preocupaciones presupuestarias del Ejecutivo de Aznar. Por otro lado, la falta absoluta de di¨¢logo entre los gobiernos de Madrid y Vitoria dej¨® en suspenso cualquier proyecto. Combinados uno y otro aspecto, el resultado es brutal: olvidadas por ambas administraciones, las c¨¢rceles han ido envejeciendo de tal forma que en la actualidad presentan un estado lamentable. Este peri¨®dico ha podido visitar algunas instalaciones y constatar lo que funcionarios y familiares de los presos vienen denunciando: goteras, tejas rotas desde hace m¨¢s de una d¨¦cada que a¨²n no se han reparado, puertas desencajadas que se abren con dificultad, falta o inexistencia de espacios para actividades deportivas o culturales,...

"Esta c¨¢rcel [Nanclares] est¨¢ obsoleta", se?alan fuentes penitenciarias. "No se cumplen los est¨¢ndares de seguridad, ventilaci¨®n o iluminaci¨®n. No superar¨ªa ninguna de las inspecciones a las que se tienen que someter los edificios p¨²blicos. La depuradora no funciona, las estancias en las que se desenvuelven tanto los presos como los funcionarios son inc¨®modas, fr¨ªas, tienen humedad. El sistema el¨¦ctrico no re¨²ne las condiciones de seguridad m¨ªnimas y cada vez que se desencadena una tormenta en la zona, una parte del equipo inform¨¢tico se estropea. Las aver¨ªas se acumulan una tras otra. Ser¨ªa m¨¢s barato construir una c¨¢rcel nueva que remendar estas tres tan viejas".

Pero no se hace. Ni eso ni otras cosas aparentemente m¨¢s sencillas. En 1994, los gobiernos central y vasco firmaron un convenio de colaboraci¨®n. Aunque la competencia de prisiones seguir¨ªa en manos del Estado, el Ejecutivo aut¨®nomo se compromet¨ªa a coordinar una serie de medidas sanitarias -intercambio de jeringuillas, atenci¨®n a enfermos y drogodependientes,...-, educativas y judiciales. Para ello, se cre¨® una comisi¨®n de seguimiento, comisi¨®n que, seg¨²n ha sabido este peri¨®dico, no se re¨²ne desde el a?o 1998. Desde aquella ¨¦poca, ning¨²n responsable vasco ha sido autorizado por Instituciones Penitenciarias a entrar en una c¨¢rcel, ni siquiera el director de Derechos Humanos. Sin ir m¨¢s lejos, el ¨²ltimo informe del Ararteko al respecto est¨¢ fechado nada m¨¢s y nada menos que hace ocho a?os, en marzo de 1996.

Existe adem¨¢s la sensaci¨®n de que el Gobierno vasco nunca ha pedido con demasiada convicci¨®n las transferencias en materia penitenciaria y que cuando lo ha hecho ha sido "con la boca peque?a". Esther Larra?aga, viceconsejera de Justicia, asegura que, si eso pudo ser verdad en alg¨²n momento, no lo es de ninguna manera en la actualidad. "Nosotros", garantiza, "lo decimos con absoluta convicci¨®n: las c¨¢rceles deben ser transferidas. Hace 20 a?os que el Gobierno central no hace nada y eso es cruel e inhumano para los internos. A nosotros no se nos informa de nada. No sabemos cu¨¢ntos presos hay en Euskadi, en qu¨¦ situaci¨®n est¨¢n, qu¨¦ tipo de condenas cumplen,... Lo ¨²nico que sabemos es lo que nos cuentan los miembros de las ONG que s¨ª pueden entrar".

Los funcionarios tambi¨¦n se sienten abandonados. Y admiten que ello influye en la calidad de la atenci¨®n que recibe el recluso. Sin di¨¢logo institucional, la relaci¨®n entre la c¨¢rcel y su entorno se hace muy complicada. La incapacidad de los pol¨ªticos para entenderse intenta ser suplida d¨ªa a d¨ªa por los esfuerzos personales, casi bajo cuerda, de los colectivos implicados.

Funcionarios de prisiones, agentes de la Ertzaintza -cuerpo al que corresponde la vigilancia exterior de los recintos y las conducciones de los presos-, voluntarios y profesionales consiguen a duras penas solventar el trabajo diario. Las familias de los presos denuncian, por ejemplo, que la c¨¢rcel de Nanclares, la m¨¢s grande, con m¨¢s reclusos que las otras dos juntas, s¨®lo es atendida por dos psic¨®logos. Si se tienen en cuenta los periodos de vacaciones y libranzas, durante unos siete meses al a?o la prisi¨®n s¨®lo dispone de un psic¨®logo para atender a casi 700 internos. "Hace seis meses que el psic¨®logo no pasa por el m¨®dulo de mi compa?ero. Redactan los informes sin conocer al afectado y eso no es justo, porque de esos informes depende en muchas casos su libertad", dice la novia de un preso.

La situaci¨®n de los funcionarios tampoco es f¨¢cil. La mayor¨ªa de ellos reside fuera del Pa¨ªs Vasco, fundamentalmente en Castilla o Cantabria, por motivos de seguridad. Suelen agrupar los turnos de tal forma que se pasan tres d¨ªas dentro de la prisi¨®n, donde trabajan y duermen, y otros cinco en sus casas. Se quejan de que ni el Gobierno central ni el vasco se preocupan de su seguridad. "A m¨ª", dice uno, "los familiares de unos presos de ETA me dibujaron una diana en el coche con mi nombre dentro. Ped¨ª a Instituciones Penitenciarias que, al menos, me pagaran la pintura del coche, que me lo pintaran de otro color, pero me respondieron que no hab¨ªa dinero".

Otro funcionario, ya de servicio fuera de Euskadi, cuenta que la sensaci¨®n de inseguridad llega a ser obsesiva. "Me di cuenta de que ten¨ªa que pedir el traslado", relata, "cuando me plante¨¦ la necesidad de sacarme una licencia de armas y comprarme una pistola".