El fiscal env¨ªa a la juez un informe de Cardenal favorable a Atutxa

El fiscal general del Estado, C¨¢ndido Conde-Pumpido, ha ordenado entregar a la juez Nekane Bolado un informe que elabor¨® el anterior fiscal general, Jes¨²s Cardenal, en el que este afirmaba que la suspensi¨®n de Batasuna no implicaba la del grupo parlamentario del partido radical. La magistrada hab¨ªa solicitado el informe para incorporarlo a la causa por desobediencia contra el presidente del Parlamento vasco, Juan Mar¨ªa Atutxa.

Seg¨²n fuentes fiscales, la remisi¨®n del documento responde a la petici¨®n de la juez Bolado y no a otra determinaci¨®n que la de cooperar con el poder judicial y contribuir a completar el procedimiento. Sin embargo, la incorporaci¨®n del documento a la causa ha sido reiteradamente reclamada por la defensa como argumento frente a la querella de la propia fiscal¨ªa contra Atutxa por incumplir la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo parlamentario de Batasuna.

En noviembre de 2002, el entonces fiscal general, Jes¨²s Cardenal, se opuso a iniciar acciones penales contra los integrantes de la Mesa del Parlamento vasco que rechazaron la "suspensi¨®n" del grupo parlamentario de Batasuna, seg¨²n hab¨ªa dispuesto el juez Baltasar Garz¨®n en un auto fechado el 22 de agosto de aquel a?o, en el que decret¨® la suspensi¨®n de actividades del partido abertzale radical.

Tras el proceso de suspensi¨®n abierto por Garz¨®n, Batasuna fue ilegalizada por la Sala Especial del Tribunal Supremo en marzo de 2003 y se orden¨® la disoluci¨®n de su grupo en el Parlamento Vasco. La abierta negativa de Atutxa primero y lo que la Fiscal¨ªa General del Estado calific¨® despu¨¦s como "maniobra obstaculizadora" para no cumplir lo ordenado por el Supremo dieron lugar a la querella contra Atutxa y contra los miembros de la Mesa Gorka Kn?rr (EA) y Kontxi Bilbao (EB-IU). Para entonces, la fiscal¨ªa hab¨ªa cambiado radicalmente de criterio y se?alaba que una cosa era el procedimiento de "suspensi¨®n" y otra la definitiva ilegalizaci¨®n de un partido.

Sin embargo, tanto la defensa de Atutxa como los afectados por la disoluci¨®n siempre se acogieron al dictamen de Cardenal, que ahora su sucesor en la fiscal¨ªa general ha remitido a la juez que instruye la causa por desobediencia contra Atutxa. En dicho informe, Cardenal confirm¨® la obligaci¨®n de "suspender" las actividades de Batasuna, pero a?adi¨® que Garz¨®n no pod¨ªa compeler a las instituciones legislativas y que deb¨ªan ser ¨¦stas las que determinasen la forma de ejecuci¨®n.

Cardenal tambi¨¦n admiti¨® la falta de identidad jur¨ªdica entre partido pol¨ªtico y grupo parlamentario, pues, "sin perjuicio de reconocer la estrecha relaci¨®n que media entre ambos, lo cierto es que se trata de dos entidades jur¨ªdicamente diferentes".

Adem¨¢s, la suspensi¨®n judicial de Batasuna, seg¨²n la fiscal¨ªa, no implicaba autom¨¢ticamente la de los grupos parlamentarios del partido, ya que esa decisi¨®n deb¨ªa ser adoptada en el marco de la normativa parlamentaria que regula cada instituci¨®n.

Por otra parte, la decisi¨®n del fiscal general, C¨¢ndido Conde-Pumpido, de desistir de un recurso ante el Supremo para que el ex militar argentino Adolfo Scilingo pueda ser juzgado en la Audiencia Nacional fue contestada por su abogado reclamando que el ministro de Justicia acuerde la abstenci¨®n del fiscal general. Fuentes fiscales, sin embargo, subrayaron que el fiscal general no puede ser recusado y no hay motivos para su abstenci¨®n, ya que Conde-Pumpido nunca ha intervenido en el caso Scilingo. El ex militar est¨¢ acusado de implicaci¨®n en los "vuelos de la muerte".